Tres miembros de una asociación cántabra de cannabis terapéutico se enfrentan a cuatro años de cárcel

Unos setenta miembros de esta agrupación han acudido al edificio judicial de la calle Alta a darles su apoyo el día del juicio, llenando el vestíbulo y los pasillos, como una más de sus acciones reivindicativas en favor de la legalización de la marihuana. Entre ellos estaba el diputado del PP Eduardo Van den Eynde, promotor de la proposición no de ley que impulsa el Parlamento de Cantabria para reclamar al Gobierno de la Nación la regulación del cannabis para uso terapéutico. Él mismo utiliza esta sustancia para paliar los efectos del cáncer que padece.

La asociación Bolera Besaya nació en 2013 y tiene su sede en una casa de piedra con jardín situada en Campuzano (Torrelavega), en el bar La Bolera. Aunque nació para el consumo compartido de cannabis y también para ayudar a enfermos que necesitan esta sustancia, el grupo va más allá, y en el local, que funciona como un club social, se organizan conciertos, talleres, charlas sobre salud, ofrecen ayuda médica, legal, psicológica y hasta tienen un equipo de fútbol 7. Todo lo han hecho «desde la más estricta legalidad», según los acusados, que también han sido socios fundadores, contando con asesoramiento especializado en estos temas para no dar un paso en falso.

Pero la investigación de un robo en una vivienda de Vioño de Piélagos destapó en septiembre de 2014 una plantación de marihuana ‘indoor’ con 56 plantas que la asociación había realizado en un anexo cedido por la propietaria de la casa (el cultivo no está permitido ni para estas asociaciones), hecho que derivó en una serie de vigilancias policiales sobre el local de Campuzano. Durante varias jornadas se controlaron los coches que entraban y salían. Algunos -entre dos y cuatro, según los agentes que acudieron a declarar como testigos- fueron registrados y se encontró marihuana en su interior. Poca. Dos gramos: el máximo por persona y día que dispensa la asociación a sus miembros previa solicitud. Y por el hecho de que estos socios sacaran el cannabis del local, cuando la ley dice que hay que consumirla dentro (LO. 1/2002), se considera que puede ser constitutivo de un delito contra la salud pública referido a sustancias que no causan grave daño a la salud y, por añadidura, de asociación ilícita. La Fiscalía pide por ello dos años de cárcel y 17.400 euros de multa por el primero de los delitos para cada uno de los tres acusados (Joaquín R, en aquel momento presidente de la ACBB; Benjamín L., tesorero; e Iván P., secretario) y otros dos años de cárcel y multa de 6.300 euros por el segundo.

El juicio se celebró el jueves en el Juzgado de lo Penal nº4 de Santander. Declararon los tres acusados y, como testigos, los guardias civiles que encontraron la plantación en Vioño, los policías nacionales que vigilaron los accesos a la sede de Campuzano y una veintena de socios de la ACBB.

El representante del Ministerio Fiscal incidió en los interrogatorios en los pagos que realizan los socios. Porque por un lado pagan una cuota de 10 euros al mes. Pero tiempo después de que la asociación comenzase su andadura se decidió en asamblea cobrar también a los socios 5 euros por gramo de marihuana dispensada en el local, con un máximo de dos gramos por persona y día. «Porque hay socios que donan la marihuana y ese dinero es para pagarles los costes de la tierra, las semillas… Esto no es una ONG. Y el local tiene muchos gastos de alquiler, luz, jardinería, agua…», explicó el presidente, Joaquín R., que insistió en que esos 5 euros no eran «el pago por un gramo» sino más bien «una cuota extra».

A preguntas de uno de los abogados de la defensa, habló sobre la plantación de Vioño, una idea que dice que la asociación emprendió «ante la falta de abastecimiento. No hay un supermercado donde ir a comprar marihuana, y se hizo para evitar que los socios tuvieran que acudir al mercado negro», explicó. Aquella plantación, que en el momento de ser desmantelada por la Guardia Civil «todavía no había dado cosecha», fue «un primer proyecto. Luego se nos quitaron las ganas de más». En cuanto al cultivo, aseguró que lo hicieron ellos mismos «con tutoriales», que se plantó «lo justo» para dispensar en la asociación. «¿Tenías la sensación de que hacíais algo ilegal?», le preguntó el abogado, «no, porque se permite tener dos plantas por persona y nosotros plantamos una para cada cuatro».

Sobre el colectivo, el presidente dijo que era «un grupo cerrado. No se admitía gente de fuera, no abríamos la puerta a nadie y el acceso era por huella digital. Las nuevas incorporaciones, si previamente había alguna baja, requerían del aval de algún socio».

Benjamín L., tesorero en aquel momento, contó, a presuntas de su abogado, que en un momento dado decidió llevarse la marihuana de la asociación a casa para no dejarla allí por la noche «porque habíamos sufrido varios robos». Le detuvo la Guardia Civil y le encontró 600 gramos. Finalmente, salió absuelto y la marihuana fue devuelta a la asociación. Este acusado también habló sobre los beneficios para su salud que tuvo entrar en la ACBB. «Antes de entrar yo consumía entre 6 y 8 gramos al día. Como en la asociación se dispensa un máximo de 2 gramos he rebajado mi consumo», dice, y asegura que lo mismo le ha ocurrido a muchos otros, y los adictos al cannabis cuentan además «con seguimiento de un médico, se imparten charlas de psicólogos…».

El fiscal interrogó a los tres sobre esos 5 euros por gramo que se cobraba a los socios, cuando la ACBB es una asociación sin ánimo de lucro. Sobre esto, Iván P., el secretario, aseguró que sin esa «cuota extra» sería imposible mantener la asociación, «los 10 euros al mes solo dan para pagar el alquiler. Todo lo demás, el mantenimiento de la finca de 5.000 metros cuadrados, los impuestos… se calculó y todos estuvimos de acuerdo en esos 5 euros el gramo. Y ni así. Nunca salían las cuentas».

La gente que entró en la sala de vistas y también los acusados se revolvían en los asientos cada vez que el fiscal mencionaba la palabra ‘droga’. «Pero los socios llevaban droga», le dijo a Iván. «El socio que aporta esa ‘droga’ -enfatizó- para nosotros no lo es; es ‘medicina’ que muchos la donan, pero nosotros les abonamos los gastos».

Iván también defendió la naturaleza «cerrada» de la asociación, «la fundamos unos cuarenta amigos y el resto son amigos de los fundadores. En 15 días llegamos a los 250. Ahora solo somos 160», dijo. De ellos, «50 son socios terapéuticos». Hay enfermos de cáncer, esclerosis o sida que consumen cannabis y derivados como apoyo a sus tratamientos. Iván asegura que después de la denuncia de 2014 ese es actualmente el principal cometido de la asociación: «es nuestra ideología. Empezamos por la defensa del uso terapéutico de la marihuana. Los pacientes no pagan nada. Nosotros intentamos hacer las cosas bien, pero estamos con una inseguridad jurídica…», lamentó.

Al término del juicio, el abogado de dos de los acusados, Héctor Brotons, cuyo despacho situado en Alicante está especializado en la defensa de los usuarios del cannabis, ha destacado el «funcionamiento ejemplar» de la ACBB, «ejemplo de gestión del cannabis en toda España. Todos han bajado su consumo una vez que han entrado». Y ha señalado algunos de los problemas jurídicos a los que se enfrentan estos colectivos por las diferentes «interpretaciones» de la norma, sobre si pueden cultivar marihuana o no o si están obligados o no a hacerlo en el mismo lugar de la adquisición. «Hay gente que solo consume en su casa y no le puedes obligar a hacerlo allí. El 35% de sus socios son medicinales, fuman para paliar el dolor, para poder dormir... Es ilógico». Al margen de lo que dictamine la jueza, el letrado destaca que en Cantabria precisamente el Pleno del Parlamento, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, propone la regulación del cannabis medicinal. Está convencido de que se conseguirá, porque el uso de esta sustancia por razones de salud, uno de los «motivos» por los que se fundó la asociación de Torrelavega, «cumple totalmente la legalidad, que es interpretar la ley conforme a la Constitución: Cada uno tiene derecho a gestionar su vida sin perjudicar a los demás».