La Audiencia confirma la imputación de Higuera por malversar fondos de Cantur

Nada puede evitar ya que Diego Higuera, director de la sociedad pública Cantur entre los años 2003 y 2011, se siente en el banquillo de los acusados por pagar con fondos públicos toda suerte de gastos privados durante los ocho años de su mandato.

El ex alto cargo de la Consejería de Cultura bajo la égida del regionalista Javier López Marcano quemó el último cartucho en febrero del año pasado, cuando recurrió el auto del juez Agüero que le ponía ante la justicia como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos, que conlleva una pena de prisión de tres a seis años.

Ahora, la Audiencia, su último asidero, ratifica íntegramente las sospechas del juez y confirma que hay indicios de que el investigado «pudo destinar a fines particulares caudales públicos a los que tenía acceso por su cargo». Para ello, según la resolución de la Audiencia, se valió de la tarjeta de crédito de titularidad de Cantur que tenía en función de su puesto, con la que pagó desde una americana hasta tabaco, revistas del corazón, gastos de lavandería, multas propias y ajenas o comidas y cenas en restaurante de alto nivel.

Posteriormente, cuando el consejero López Marcano ordenó anular esa tarjeta, Higuera utilizó «una mecánica del todo irregular» para seguir pagando con cargo al erario público sus gastos privados, consistente en «ordenar ingresos de caudales de la sociedad a una cuenta de su propiedad», de los que disponía mediante tarjeta.

Para revocar la imputación del juez Agüero, Higuera alegó al tribunal que no ostentaba la cualidad de autoridad ni de funcionario, ni los fondos de Cantur son públicos, ya que es una sociedad anónima, por lo que no puede hablarse de malversación. Pero la Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado estos argumentos. Sostiene que en su condición de director de Cantur «era funcionario público a efectos penales», ya que la sociedad «está constituida exclusivamente con fondos públicos» y «desarrolla una función eminentemente pública, como es la promoción turística de la comunidad autónoma». En este sentido, la Audiencia invoca dos sentencias del Tribunal Supremo (la última de 2016), que razonan ampliamente por qué Higuera debe ser considerado funcionario público a efectos penales.

La cuestión no es baladí porque la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ha pronunciado en contra del criterio esgrimido ahora por la Audiencia. En el proceso de la 'casa de los gorilas' de Cabárceno, en el que estaban imputados López Marcano y el propio Higuera por un supuesto delito de prevaricación (resolución injusta dictada por funcionario), la Sala les absolvió al considerar que los fondos de Cantur no son públicos ni sus responsables tienen el carácter de funcionarios públicos. No fue una decisión unánime, porque la presidenta de aquel tribunal, la magistrada Paz Hidalgo, sostuvo la tesis contraria. El Supremo avaló meses después esa sentencia absolutoria.

El auto de la Audiencia constituye la antesala del juicio con jurado a Diego Higuera, y supone el corolario de la denuncia que presentó su sucesor en el cargo ante el juez. Con la llegada del PP al Gobierno en 2011, el nuevo director de Cantur, Roberto Media, expurgó en los papeles de la sociedad y se dio de bruces con unos gastos personales de su predecesor pagados con cargo a una tarjeta de la compañía. Media acudió al juzgado y acusó a Higuera de malversar 90.000 euros.

El Tribunal de Cuentas, que también tomó cartas en el asunto, ha condenado a Higuera a devolver 48.024 euros a Cantur, que es la cantidad que se gastó en beneficio propio con cargo a las arcas de la entidad desde agosto de 2006 hasta su cese como director general en el mismo mes de 2011, ya que el resto de los gastos han prescrito.