La avalancha de cláusulas suelo desborda el juzgado especializado, que pide refuerzos

Los datos son elocuentes. Desde que el 1 de junio asumiera los litigios hipotecarios de toda la región hasta el 15 de septiembre, este Juzgado 2 bis ha recibido 750 asuntos, que es la carga de trabajo que recibe un juzgado civil en siete meses, apunta el sindicato CSIF, mayoritario en el sector. Pero casi la mitad de las reclamaciones de cláusulas suelo se han producido en esta primera quincena de septiembre, un ritmo frenético que ha reventado la estadística judicial y amenaza con desbordar el órgano judicial, según reconocen jueces, los sindicatos del sector y la propia Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria. La situación todavía no ha adquirido tintes dramáticos, pero el juez Anta no oculta su «cada vez mayor preocupación», aunque evita hablar de colapso.

Su inquietud no es gratuita, porque «la mitad de los procedimientos contenciosos de civil que entran en los nueve Juzgados de Santander, sin incluir el Juzgado de Familia y el Mercantil, están en este juzgado especializado». Así, desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre los nueve juzgados civiles recibieron 639 demandas contenciosas, casi tantas como el Juzgado de las cláusulas suelo entre junio y el 1 de septiembre (631). «Es una barbaridad . Nadie pensó nunca en una entrada tal elevada, y sí, se han superado mis expectativas», sentencia.

Para asumir esta carga de trabajo sin que se hunda este órgano judicial, Anta pide reforzar el Juzgado «con cuatro funcionarios más y un segundo juez de apoyo», una reivindicación que apoya CSIF que exige «un incremento de plantilla y la dotación de un letrado específico» para este juzgado.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para agilizar las reclamaciones ante la previsible avalancha de demandas sobre cláusulas hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016. La solución del Gobierno de España fue poner en marcha 54 juzgados para resolver de manera exclusiva estos litigios. En Cantabria, esta responsabilidad recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 2, atentido por el juez Jaime Anta con el apoyo de la juez en prácticas Sofía Sánchez Ortega. El Gobierno regional colaboró desde el primer momento con la dotación de cuatro funcionarios, que es la mitad de la plantilla de un juzgado ordinario.

Han bastado tres meses (agosto es inhábil en la Administración de Justicia) para que la realidad haya superado al juzgado bis. Con las cifras en mano, el Ejecutivo es consciente de que «habrá que ampliar el personal hasta duplicar la plantilla» y así se refleja en la previsión presupuestaria de la Consejería de Justicia para el próximo ejercicio. Su director general, Pablo Ortiz, subraya que Justicia ha incluido en el avance de los presupuestos de 2018 la previsión de cuatro funcionarios más para el juzgado de las claúsulas suelo y para todo el año. Este órgano especializado tiene una vigencia inicial de medio año, hasta el 31 de diciembre, pero el Gobierno entiende que habrá que prorrogarlo «al menos» durante un año. No obstante, aunque Justicia cree que hay que actuar, todavía no ha decidido cuándo. «No sabemos cuándo se aprobará la ampliación de la plantilla porque todavía estamos analizando la evolución», puntualiza Ortiz.

Anta cree que todavía «hay margen» para evitar el bloqueo del juzgado, pero advierte de que «si en dos meses no hay refuerzo, se va a producir un problema significativo en la tramitación de asuntos». Es difícil predecir si se va a mantener la dinámica de crecimiento en la presentación de demandas, pero esta evolución tendrá mucho que ver con lo que resuelva la Audiencia de Cantabria en torno a la reclamación de los gastos hipotecarios, que concentran buena parte de las reclamaciones. Según Anta, «en un mes habrá sentencia sobre esta cuestión y según como sea el fallo se van a incrementar los casos o van a bajar». CSIF prevé que los asuntos crecerán «exponencialmente» a los fallos favorables a los ciudadanos.

Con todo, duplicar los funcionarios del Juzgado entraña un problema añadido: la falta de espacio. La oficina que alberga a los cuatro interinos actuales no tiene capacidad para acoger a más trabajadores, avisa el decano. La Consejería de Justicia es consciente de esta dificultad añadida y ha planteado, incluso, el traslado de ese órgano al Edificio Europea, que alberga otros juzgados, una opción que para Anta tiene con muchos inconvenientes. El Juzgado especializado tampoco tiene una sala de vistas propia, lo que obliga al juez a realizar auténticas carambolas para conseguir un espacio entre los huecos que van dejando los demás juzgados, pero está pensando ya en «reorganizar todo el sistema de salas de los juzgados de Santander».

El juez de las cláusulas suelo ha reclamado también al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que designe a la juez de apoyo territorial Cristina Roig, que estuvo de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil, como respaldo al órgano especializado.

A la precariedad de medios humanos y entrada masiva de asuntos se une otro contratiempo, no menor. El pasado viernes el Juzgado se quedó sin secretario judicial y el Ministerio, que es quien designa a los letrados de la Administración de Justicia, viene realizando estos nombramientos «muy despacio». Cuando se creó, «el Ministerio se negó a asignar un letrado al Juzgado bis», una tarea extra que asumió la secretaria judicial del Juzgado 2 «por vergüenza torera», explica Anta, molesto por la «mínima colaboración del Ministerio de Justicia». Pero a comienzos de este mes de septiembre, la funcionaria ha concursado y se ha marchado. «Ahora no tengo letrado ni en el Juzgado número 2 ni en el bis», se queja. «Es una situación que raya el esperpento, ahora la letrada del Juzgado número 1 se tiene que hacer cargo de su Juzgado, del Juzgado número 2 y del Juzgado de refuerzo de claúsulas suelo, y además cubrir las funciones de decanado», denuncia también CSIF.