Una banda de furtivos portugueses está detrás del tráfico ilegal de almeja

Detrás de estas pesquisas sobre la trazabilidad del producto exportado hay un oscuro trasfondo con marisqueo furtivo en zonas prohibidas e incluso contaminadas de Portugal, falsificación de documentos en origen y transporte camuflado. Un negocio más de un entramado que estaría relacionado también con delitos como robos, tenencia ilícita de armas, tentativas de homicidio, trata de personas y contra los derechos laborales.

Tal y como explica La Voz de Galicia, esta macrooperación internacional para atajar el tráfico ilegal de marisco desde Portugal tiene su foco en el estuario del Tajo, en Lisboa, una zona franca de trabajo para miles de mariscadores furtivos, que mueven ingentes cantidades de almeja japónica. La mayoría son inmigrantes llegados desde Rumanía, Ucrania, Moldavia y Tailandia. Son los llamados ‘apanhadores’, la base de una organización que ha convertido el furtivismo en una empresa perfectamente organizada. Una vez recolectado el marisco, una red de vehículos, en ocasiones camuflados como transportes de medicinas, mueven la almeja a diversos puntos de España.

En este contexto se enmarca la operación internacional con registros en numerosas empresas y depuradoras de mariscos en busca de documentación que permita apuntalar las investigaciones que desde hace dos años está realizando la policía portuguesa. Arousa fue la zona cero de un operativo que abarcó otros puntos de la costa pontevedresa, varios lugares de Portugal y otras zonas de España como Santander, San Sebastián, Sevilla y Huelva.

En las naves registradas se buscó documentación de las compras de almeja japónica desde el año 2016. En esos documentos los agentes esperaban encontrar pruebas del «blanqueo» al que es sometido el marisco ilegal antes de salir al mercado. Al parecer, la operación ha conseguido encontrar guías y registros de venta falsos. Serían documentos que vienen de Portugal, expedidos por las empresas exportadoras. De momento, y a falta de que concluya el operativo y la Policía Nacional informe de los resultados, no consta que los empresarios receptores de la mercancía hayan incurrido en alguna irregularidad y no se han practicado detenciones.

No obstante, los empresarios afectados han mostrado un profundo malestar por un dispositivo policial que consideran que puede dañar su imagen y perder credibilidad en los mercados. Empresarios gallegos han declarado a La Voz que la almeja que ellos compran viene «con guías, con albaranes y facturas» y que ellos carecen de capacidad para saber si esos documentos son falsos. El sector pide a las autoridades que se impute a los culpables y que el despliegue policial lo lleven a Portugal.

Fuentes cercanas a la investigación indican que en las empresas cántabras se han inmovilizado cerca de 2.000 kilos de almeja que el proveedor portugués les ha vendido porque se sospecha que su origen no es el que acreditan las guías que acompañan al producto.

El jefe del operativo portugués, Serrano Faustino, señaló a La Voz de Galicia que los delitos que se están investigando son «graves· y pueden acarrear hasta cinco años de prisión por atentado contra la salud pública y por falsificación de documento.

Las cofradías gallegas llevan años alertando de la entrada masiva de almeja portuguesa, una práctica que les perjudica de manera directa. En el caso de Cantabria la situación es totalmente distinta. Los bancos marisqueros de la bahía están en veda desde hace dos años, un paro biológico que pretende recuperar la población de almeja, que estaba al borde de la extinción. La asociación de mariscadores La Campanuca sabe que hay viveros de Santander que la están comprando en Portugal, «pero en realidad no nos hace competencia, porque nosotros estamos cerrados», indica el presidente del colectivo, José Luis Álvarez. En la zona de Santoña cuentan con un plan de explotación, «pero sale poquísima almeja», con lo que tampoco se verían perjudicados por la compra de marisco foráneo.