Buruaga denuncia una campaña de acoso personal y los críticos siguen hablando de amaños

El asunto no es nuevo, porque se viene arrastrando desde el momento mismo en que se supo que Sáenz de Buruaga había ganado la presidencia por un estrecho margen de votos, y entró de llenó en los tribunales, que mantienen viva una única causa, la demanda civil presentada por el sector crítico para tratar de anular el Congreso por supuestas irregularidades en el cónclave.

Pero este viernes el conflicto se ha reavivadocuando el portavoz en el Parlamento regional, Eduardo van den Eynde, la diputada Ruth Beitia y el senador Javier Fernández han pedido explicaciones a Sáenz de Buruaga, y a otros cargos, sobre esa supuesta utilización de una persona con discapacidad para pagar 511 cuotas de afiliados, lo que les habilitaba para participar en el proceso electoral, un comportamiento que, a priori, y salvo que se diga lo contrario, consideran «éticamente reprochable y contrario a los principios y valores del PP», y que, de ser cierto, «les inhabilitaría» para «el desempeño de cualquier cargo dentro de un partido político como el nuestro».

Lo han hecho a través de la lectura de un comunicado firmado por los tres senadores por Cantabria, Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino, y ocho de los trece diputados en el Parlamento regional: Van den Eynde, Beitia, Santiago Recio -firmante de la demanda civil-, Ignacio Diego -que anunció en enero su adiós a la política-, Cristina Mazas, Mercedes Toribio, Luis Carlos Albalá y José Manuel Igual, y del que se ha desmarcado Francisco Rodríguez, parlamentario alineado hasta ahora con los díscolos. El manifiesto, en el que expresan la «condena y repulsa» por la instrumentalización del discapacitado, está firmado además por más de 1.000 afiliados del partido, según ha señalado Van den Eynde, que ha opinado que la confirmación de esas sospechas supondría que la candidatura de Buruaga en el Contreso estaba «cargada de doping».

La respuesta de la dirección regional del PP no ha tardado en llegar. La presidenta del PP ha comparecido una hora después en la sede del partido, arropada por el Comité Ejecutivo autonómico, alcaldes del PP y el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz. Sáenz de Buruaga ha defendido la limpieza del Congreso y se ha preguntado si los críticos, que han perdido uno tras otro todos los procesos judiciales, pretenden ahora «condicionar la resolución del último juez que queda por pronunciarse». Y es que el juicio de la demanda de nulidad del Congreso se celebrará el próximo 15 de mayo. Un archivo de la causa zanjaría definitivamente la disputa judicial.

Buruaga ha defendido que tanto los Estatutos del partido como el Reglamento del Congreso contemplan el abono de las cuotas de afiliados mediante transferencia bancaria desde la cuenta de los candidatos, un sistema que también utilizaron los partidarios de Ignacio Diego. Así, ha explicado que partidarios vinculados a su candidatura ingresaron 491 cuotas a través de transferencia bancaria, pero sus rivales efectuaron un total de 444. «¿Qué ocurre, que las transferencias de unos son válidas y las de otros no?», se ha preguntado. En el Congreso «todos jugamos con las mismas reglas , que eran estar al corriente de pago mediante domiciliación, ingreso en ventanilla o transferencia bancaria».

Ha negado también que se utilizara a una persona con discapacidad para efectuar los movimientos bancarios. «Es falso», ha dicho, tras asegurar que el conocido como ‘Miguelín’ es un afiliado de Laredo, colaborador habitual del partido, que «se ofreció voluntariamente a abrir una cuenta para centralizar y tramitar los ingresos de cuotas de afiliados de la Junta Local de Laredo, que eran muchos».

Frente a las afirmaciones de sus adversarios de que se trata de una persona con una discapacidad del 95%, Buruaga ha segurado que Miguel es «plenamente capaz para obrar, tiene derecho a participar en la vida del partido, a abrir una cuenta y a facilitar el número de la misma y sus claves a quien considere oportuno. No hay nada irregular en ello, ni en los ingresos que se han hecho en esa cuenta, ni en los pagos que se han hecho desde esa cuenta», aunque también ha reconocido que ignora el nivel de dispacidad del afiliado pejino.

Según los críticos, que en todo momento aludieron a los datos de la investigación judicial, se ingresaron más de 9.000 euros en la cuenta bancaria «interpuesta», abierta el 27 de febrero en una sucursal de Laredo a nombre de 'Miguelín', y desde ella se realizaron 511 transferencias para actualizar las cuotas de otros tantos militantes para que pudieran votar en el Congreso regional del Partido Popular, cuenta que fue cancelada días después, el 6 de marzo de 2017.

Para Buruaga, sin embargo, los críticos «han fabricado con posterioridad al Congreso un relato de los hechos», ya que las actas de recuento de las mesas en el Congreso «no recogen ninguna reclamación» y el acta de proclamación de resultados tampoco fue impugnada.

La dirigente popular ha dicho que desde el Congreso ha hablado lo justo y ha preferido «aguantar deslealtades» dando el mínimo espectáculo posible «por responsabilidad ante los ciudadadanos» y para no dañar al partido. En este tiempo «me han difamado, me han llamado ladrona, hija de puta, miserable o roba congresos. Han grabado conversaciones privadas en mi despacho y, después de manipularlas, las han difundido en medios sensacionalistas. He soportado insultos, injurias y calumnias, y me han amenazado en las redes sociales con pegarme dos tiros, cosa que he denunciado, y he permanecido callada», una campaña de «acoso político y personal brutal» que, a su juicio, no tiene otro objetivo que «descabezar al Partido Popular, para quebrarme e intentar que me vaya». Pero «se han sobrepasado todos los límites», ha dicho dolorida. «Llevan meses y meses hablando de pucherazo y de amaños, y nadie les ha dado la razón», y a pesar de «tanta difamación, y de no poco sufrimiento, no nos vamos a plegar ni a someter a quienes solo piensan en su propio interés», ha sentenciado.