450 cántabras víctimas de violencia machista cuentan con algún tipo de orden de protección

Sólo en 2017, 450 cántabras víctimas de violencia de género consiguieron que se dictaran medidas cautelares contra sus agresores. El dato lo dio a conocer la pasada semana el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el Registro Central del Ministerio de Justicia, la cifra era de 353 mujeres en 2013, lo que significa que en este tiempo, durante los últimos cuatro años, se ha disparado un 27,5%. Comparativamente con el resto de comunidades autónomas, se trata del tercer mayor incremento tras el del Principado de Asturias (38,5%) y La Rioja (33,9%) y está más de 20 puntos por encima de la media nacional.

Desde la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria recuerdan que la tendencia es calcada a la que ha seguido el número de denuncias y defienden que no es que ahora haya más casos, sino que están aflorando muchos de los que hasta este momento permanecían ocultos. «Crecen las denuncias porque las mujeres se sienten más protegidas. Hay una mayor sensibilización y una mayor visibilidad del problema. Como consecuencia, también crecen las órdenes de alejamiento», apunta su responsable, Alicia Renedo, quien por este mismo motivo considera el dato «positivo». «Todas esas medidas son para proteger a las víctimas y a los menores. Esto significa que la Justicia aplica las leyes con rigor y de manera correcta», subraya.

Lola Trueba, trabajadora social que asesora cada día a mujeres víctimas de la violencia machista coincide en ese análisis, pero con bastantes matices. El principal es que muchas de las afectadas no cuentan con ninguna orden de alejamiento por «muy distintos factores». De hecho, el año pasado se registraron en los juzgados cántabros unas 1.900 denuncias, lo que implica que sólo el 25% de ellas acabó con medidas cautelares judiciales.

En ocasiones, la causa se encuentra en las dificultades burocráticas y el «largo y complicado proceso» para conseguirlas. «Desde que van a la comisaría hasta que las obtienen puede pasar mucho tiempo», justifica Trueba. En otras, el problema es que la mujer se ve superada por las circunstancias: «Normalmente, las que tienen más miedo son las que menos hablan. O denuncian un hecho puntual y no todo el proceso de violencia que han sufrido a lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta que declarar ante un juez no es fácil».

De forma automática, los servicios jurídicos o los abogados del turno de oficio que defienden a las víctimas derivadas desde el Gobierno de Cantabria y las asociaciones solicitan a los jueces las medidas cautelares de manera automática y ellos son los que deciden cuáles son las más apropiadas. «Estamos viendo que en la mayoría de casos son sensibles y se están consiguiendo. Además, casi siempre son efectivas, pero por desgracia también hay casos en los que el sistema falla», contrapone la directora general. La trabajadora social también reconoce que las órdenes de protección, cuando se fijan, se traducen en «una mayor sensación de protección por parte de las víctimas».

La misma estadística apunta a que el pasado año se decretaron en Cantabria un total 1.378 medidas cautelares de muy distinto tipo y, en algunos supuestos, un mismo agresor sumó varias diferentes. En 253 episodios se optó por prohibir aproximarse o comunicarse al denunciante y al denunciado, en 75 se estableció un régimen de visitas para los hijos y en esas cifras se mueven los casos en los que se decidió un régimen de custodia o de prestación de alimentos (ver cuadro). A 63 agresores se les retiró el permiso de armas y para los 26 casos más extremos el magistrado optó por la prisión provisional por el riesgo para la víctima. Antes de tomar una decisión, el juez valora las características del denunciando que tiene delante. Por ejemplo, si no es español o hay riesgo de huida, existe la opción de retirar el pasaporte o prohibirle abandonar el país.

Entre los muchos aspectos que desgrana la encuesta difundida por el INE se encuentra el de las infracciones penales que se imputan al denunciante en los casos de violencia machista. De los 580 que hubo en Cantabria en 2017 -con medidas de protección- 244 fueron por delitos de lesiones, 130 por torturas o atentado contra la integridad moral, 93 por amenazas, 61 por quebrantamiento de condena y cuatro por agresiones o abusos sexuales, pero no hubo ningún episodio que acabara en homicidio.