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Mª ÁNGELES SAMPERIO
Santander
Domingo, 27 de agosto 2017, 07:37
Desde hace años se viene insistiendo en que el sector de la dependencia es uno de los nichos claros para la creación de empleo. Así lo entiende el sindicato UGT que estima que en Cantabria se van a necesitar 1.500 empleados más en los ... próximos años, pero también recuerda la precariedad que padecen los actuales trabajadores, mucho de los cuales no tienen jornada completa sino tareas por horas y unos sueldos mensuales en torno a los 300 o 400 euros. Por todo ello, el sindicato ha iniciado ya el año pasado una campaña para dignificar el sector.
Según un estudio de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, elaborado con estadísticas oficiales del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, la Seguridad Social y el INE, Cantabria debería contar con una plantilla de 7.551 profesionales de la atención a la dependencia en el horizonte de 2031 para cubrir los ratios actuales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). El sindicato estima que este incremento de una cuarta parte de la plantilla actual de la atención a la dependencia en la región implicaría 1.283 empleos más en la nómina de los profesionales del SAAD del Gobierno de Cantabria (pasaría de 5.258 a 6.541) y de 238 más en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de los ayuntamientos (de los 772 actuales a 1.010).
El estudio de UGT recuerda que más de un 75% de los beneficiarios actuales de prestaciones de la atención a la dependencia en Cantabria son personas de 65 o más (11.436 de un total de 15.103), y en 2031 representarán casi el 30% de la población total estimada por el INE, 162.204 de un total de 545.876, un 9% más que su porcentaje actual (122.453 de un total de 580.796).
El sindicato, que el año pasado inició una campaña «para dignificar» el empleo y acabar con las licitaciones públicas «temerarias» a la baja en el sector de la dependencia, matiza en su informe que Cantabria «tiene el reto de cubrir las necesidades de una población usuaria dependiente que aumentará casi un 21% (de 15.103 a 18.246 beneficiarios ) con más empleos pero de mucha más calidad y mejor remunerados que los actuales para mejorar el servicio». En el segundo trimestre del año, 6.030 trabajadores cubrían la atención a la dependencia de algo más de 10.800 usuarios del SAAD que requieren de un servicio profesional, incluidos los más de 3.000 adscritos a los ayuntamientos, ya que otros 8.639 cuentan con una prestación en la que son cuidados por sus propios familiares.
Trabajadores. Un total de 7.551 profesionales estima UGT que se necesitarán para 2031.
Los mayores, principales usuarios. El 75% de los beneficiarios de la dependencia son mayores de 65 años y en 2031 serán casi el 30% de la población cántabra.
Perfil femenino. El 87% de la plantilla del SAAD son mujeres y se estima que de los 1.500 empleos necesarios, 1.300 serán femeninos.
Si se tiene en cuenta el perfil actual de los trabajadores de la atención a la dependencia en Cantabria, unos 1.300 de los 1.500 empleos más que necesitará el sector en el horizonte de 2031 serán femeninos, ya que más de un 87% de la plantilla actual del SAAD en el Gobierno regional son mujeres (4.614 de 5.258) con una edad media de 43 años y con escasa cualificación y formación profesional «porque simplemente no la han tenido a su disposición» , subraya Margarita Pelayo, responsable regional de UGT en el sector de la dependencia.
Pelayo matiza que estos trabajadores se rigen por el convenio colectivo estatal de la dependencia, que no se renueva desde el año 2013 que fija unos salarios que oscilan entre los 960 y los 975 euros brutos mensuales que, en el mejor de los casos suponen 700 euros netos. Además, muchos realizan trabajos a tiempo parcial y por horas con remuneraciones medias de entre 300 y 400 euros mensuales.
La mayor parte del empleo en el sector está directa o indirectamente sufragado por las administraciones públicas en licitaciones a empresas privadas y el sindicato denuncia que la dotación económica es «temeraria» y «a la baja» , con lo que no se puede hacer frente ni a lo estipulado en el convenio. Por ello, UGT ha iniciado una campaña estatal para incluir en las licitaciones de servicios públicos cláusulas que salvaguarden los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores afectados por esta situación.
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