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El diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos y señalado como posible aliado del Gobierno en la aprobación del próximo Presupuesto, ha vuelto a votar del lado de PRC y PSOE para echar abajo una de las reclamaciones estrella de la oposición en el ... pleno parlamentario: la devolución del dinero de contrato de promoción de Enrique Iglesias.
El Ejecutivo regional, con el apoyo del diputado del grupo mixto, han paralizado la solicitud del Partido Popular encaminada a reclamar al cantante en torno a 115.000 euros. Este es el importe que el Gobierno abonó al músico en concepto de publicidad (concretamente, ocho tweets que el artista debía compartir en sus redes sociales para promocionar el Año Jubilar Lebaniego).
Los populares, apoyados en esta ocasión por Podemos y Ciudadanos, consideran que ese contrato se incumplió por parte de la adjuticataria, la empresa Market Insider, tanto en lo referente a las acciones llevadas a cabo como en el momento en que se realizaron.
El diputado popular Santiago Recio ha señalado que el contrato incluía la realización de más acciones que las inserciones en redes sociales del artista. Entre ellas, ha mencionado la publicación de 40 post en Sony Music por todo el mundo; una campaña de promoción en 5.000 radios extranjeras de 40 países y 80 españolas, y la filmación de una pieza audiovisual para enviar a 90 televisiones del extranjero y 12 españolas.
Por si esto fuera poco, los ocho tweets que sí se publicaron «tampoco cumplieron en tiempo y forma con lo establecido»: el polémico concierto se celebró el 15 de julio y las publicaciones se realizaron a posteriori, los días 16, 17 y 19 de ese mes.
Además, Recio ha denunciado que es el primer contrato de publicidad que se paga antes de realizar los actos publicitarios, lo que a su entender supone incurrir en malversación y ha reclamado la restitución total de las cantidades abonadas por la Sociedad Año Jubilar 2017 a Market Insider.
PRC y PSOE han votado, como cabía esperar, en contra de la propuesta popular y han instado al PP a llevar la cuestión a los tribunales si consideran que se ha cometido un delito.
A Juan Ramón Carrancio, la resolución del contrato le ha parecido «una medida excesiva» y ha dudado de que «ningún tribunal fuera a respaldar semejante iniciativa», por lo que ha optado por abstenerse.
La diputada regionalista Ana Obregón ha asegurado que «se hizo más». Según Obregón, un DVD remitido a los grupos parlamentarios prueba que se han llevado a cabo otras acciones. En este sentido, acusó al PP de decir «verdades a medias»
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