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GONZALO SELLERS
SANTANDER.
Jueves, 2 de noviembre 2017, 13:09
La Consejería de Economía volverá a presentar el Presupuesto con retraso este año, aunque no se llegará a los extremos del ejercicio anterior, cuando las diferencias entre los socios del bipartito y las demoras del Ministerio de Hacienda dilataron varios meses su aprobación. Juan ... José Sota tiene previsto cerrar y registrar las cuentas regionales de 2018 la semana que viene. El consejero da por hecho que existe plazo suficiente para que la Cámara pueda darle luz verde antes de que acabe el año, igual que le ocurrió al PP en la pasada legislatura, cuando presentó el documento en noviembre y los trámites parlamentarios no superaron las Navidades.
El Presupuesto, eso sí, llegará a un Parlamento en ebullición, donde el Gobierno ha ido quemando naves en esta legislatura para ir sacando adelante cada presupuesto. Podemos y Ciudadanos, aliados del Ejecutivo en diferentes momentos, no parecen dispuestos a volver a colocar su firma junto a la de Miguel Ángel Revilla, escaldados de sus relaciones anteriores. El PP, empujado por la proximidad electoral, también dibujará las líneas rojas más gruesas que nunca en las negociaciones (si es que llegan a sentarse).
El de 2018 será el último presupuesto completo que gestionará este 'bipartito 2.0' y todas las miradas están puestas en Juan Ramón Carrancio. El diputado, que va por libre tras su salida de Ciudadanos, parece la opción menos complicada para el Gobierno. No en vano, el resto de la oposición da por hecho que su voto solitario será el que permita aprobar las cuentas a Revilla.
«Me esforzaré por pactar, claro que sí. No entiendo la cerrazón del PP a negociar, me parece absurdo, hay que hablar siempre», aseguró Carrancio a este periódico, aunque negó la existencia de cualquier tipo de acuerdo de momento. Los precedentes muestran, sin embargo, una predisposición de las partes a encontrarse. Los últimos votos del diputado en los plenos han ido orientados en favor del Gobierno y, hace sólo dos meses, tanto el PRC como el PSOE le permitieron continuar en la Mesa del Parlamento con su sueldo. Donde PP, Podemos y Ciudadanos veían un transfuguismo de libro, la asesoría jurídica del Parlamento y los dos socios de Peña Herbosa no encontraron razones para condenarle como 'no adscrito'.
El diputado, que como el resto aún no conoce en detalle el documento, pondrá sobre la mesa cinco medidas innegociables para levantar su mano junto a regionalistas y socialistas. La primera será bajar el impuesto de donaciones y mantener el de sucesiones como está ahora, con una bonificación del 99%. «Es clave no aumentar la presión fiscal. No puede ser que ayudar a un familiar salga más caro que vender algo a un extraño. Lo que se paga por las donaciones es mucho», denuncia Carrancio, que también instará al bipartito a recuperar el cien por cien del salario para los funcionarios con incapacidad laboral transitoria -ahora está en el 75%-.
La apuesta por la industria, con la creación de un polígono nuevo en Reinosa; la apertura de una unidad específica para tratar a los pacientes de fibromialgia en Valdecilla; y la recuperación de la partida de un millón de euros que, según el diputado, el Gobierno le debe a los ganaderos de vacas nodrizas completan la lista que Carrancio exigirá para negociar.
En el PP dan por hecho que el Presupuesto será papel mojado. Su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ya criticó esta semana los retrasos en la presentación y dio por hecha una subida de impuestos. Los populares, que no cuentan con que suene el teléfono para negociar, creen que aumentar los tributos «es tirar piedras contra el tejado de la economía». «Donde más riqueza y bienestar genera el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, en las familias que consumen y en las empresas que invierten», señalan.
Buruaga considera necesario poner en marcha un programa para acelerar la recuperación y el crecimiento fomentando inversiones privadas y públicas, reforzando el apoyo a emprendedores y generando más empleo estable, con más ayudas. «Tiene que ser un Presupuesto que permita, de una vez por todas, la recuperación económica y social de Cantabria y abandonar el furgón de cola, un objetivo en el que el Gobierno ha fracasado», destacó.
En Ciudadanos hay tanta incredulidad con las nuevas cuentas como en el PP, agravado por el incumplimiento de muchas de las medidas del pacto alcanzado el año pasado. El partido de Albert Rivera desbloqueó la aprobación del Presupuesto a cambio de 80 medidas que el Gobierno debía haber puesto en marcha durante este año. Sus cálculos son que, en el mejor de los casos, se han llevado a cabo un 25% de ellas. En Cs duele especialmente que no se haya garantizado la gratuidad de los libros de texto en los colegios de Primaria. El Ejecutivo sí envió el dinero, pero cada centro lo dedicó a una cosa distinta.
Las posibilidades de que Ciudadanos vuelva siquiera a sentarse en la mesa de negociación son muy pocas. De hecho, el diputado Rubén Gómez ha dado de límite hasta el jueves de la semana que viene para que el bipartito cumpla todos los puntos del pacto que quedan por hacer. Una exigencia que hasta en el partido naranja saben que es imposible de cumplir, buscando una distancia del Ejecutivo antes de las decisivas elecciones de 2019, cuando deben confirmar en las urnas su presencia en las instituciones.
«No tenemos nada que hablar con mentirosos y con los que quieren reírse de nosotros. Revilla dijo que los pactos están para cumplirse y que en Cantabria valía con darse la mano. Pues ni una cosa ni otra», denunció Gómez.
En Podemos dan por zanjado el asunto del cese de Salvador Blanco al frente de Sodercán. Entienden que ahora, tras su dimisión, le toca al PSOE dar el paso que hace un año se convirtió en un obstáculo insalvable para apoyar el Presupuesto.
Aún así, las relaciones entre el partido morado y el Ejecutivo se han enfriado mucho desde el primer año de legislatura a pesar de las visitas de Pablo Iglesias a Miguel Ángel Revilla. No entra en las quinielas que estos días se hacen en los pasillos del Parlamento que Podemos respalde las cuentas, como sí lo hizo el primer año de esta legislatura.
Si llegan a sentarse para hablar con PRC y PSOE, los podemitas exigirán una ley que mejore y dignifique la Renta Social Básica y la haga compatible con el empleo. Además, consideran urgente abordar «la precariedad, parcialidad y temporalidad del empleo en Cantabria, con una mirada específica a la brecha salarial por género».
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