La comisión de Ecomasa llevará sus conclusiones a la Fiscalía a pesar de la oposición del PP

También abundan en la falta de controles por parte de las empresas públicas encargadas de ese proyecto -Icaf, primero, y Sodercán, después- y denuncian el desvío de fondos públicos por parte de sus promotores, los empresarios Andrés de León y Jesús Lavín.

El dictámen, que se debatirá en el pleno de la Cámara regional del próximo 28 de mayo para su previsible aprobación, incluirá también el voto particular de Podemos para pedir que se reintegren a los trabajadores de Teka los 3,2 millones de su indemnización aportada a Ecomasa, que solo ha tenido el apoyo del PP.

El resto de partidos han preferido esperar a que sean los tribunales los que se pronuncien, mientras que el diputado de Podemos José Ramón Blanco ha opinado que si no se reconoce a esos trabajadores que se integraron en Ecomasa como las víctimas, la comisión de investigación «no habrá servido para nada».

En la última sesión de esta comisión de investigación, que ha durado casi dos años y por la que han pasado 43 comparecientes, PSOE, Podemos y Ciudadanos han mantenido sus conclusiones iniciales, que han recibido el apoyo del resto de partidos, salvo del PP.

Sin embargo, el PRC ha hecho algunas modificaciones en las suyas «en aras del acuerdo», según ha reconocido su portavoz en la comisión, Francisco Ortíz, entre las que se encuentra la de renunciar a pedir al expresidente Ignacio Diego el abandono de todos los cargos que ostente actualmente como máximo responsable de la gestión del proyecto de Ecomasa.

De todos modos, en su exposición, Ortíz ha instado a «sustanciar» esa responsabilidad. El portavoz del PP en la comisión, Eduardo Van den Eynde, ha replicado con sarcasmo que se hará igual que lo hizo el Gobierno del PRC-PSOE con GFB y que se materializó perdiendo las elecciones. «Esa es la responsabilidad que puede tener uno que toma una decisión basada en todo tipo de informes», ha alegado Van den Eynde, quien ha reprochado a los regionalistas esos cambios en sus conclusiones iniciales «a cambio de votos» y se ha preguntado «qué rigor tenían» cuando las redactaron.

El PRC también ha eliminado de sus conclusiones el término «estafa», que ha sustituido por la calificación de «operación que ha generado unas pérdidas de 21,1 millones de euros», y ya no entiende que existiera «coacción» a los trabajadores de Teka, sino que usa la palabra «presiones».

Por el contrario, el portavoz popular ha recalcado que su grupo mantiene sus conclusiones, al tiempo que ha acusado al resto de partidos de pretender suplantar a la Fiscalía, que ya está investigando posibles delitos en la gestión de este proyecto, al que se destinaron 18 millones de euros de dinero público.

Y ha defendido que ninguno de los comparecientes ha realizado ni una sola acusación de irregularidad, excepcionalidad o ilegalidad por parte del anterior Gobierno del PP en la gestión de este proyecto, si no todo lo contrario, por lo que considera «acreditada la corrección del procedimiento».

«Han venido a buscarle tres pies al gato y no han encontrado ni el gato», ha ironizado Van den Eynde, quien considera que a los promotores de esta comisión «les ha salido el tiro por la culata». «Quieren un titular de periódico y lo tienen ya, que es: vamos a mandar esto a la Fiscalía», ha sentenciado el diputado popular.

En cambio, la diputada socialista Silvia Abascal ha opinado que el PP ha buscado con sus conclusiones «un final de fábula», aunque cree que a este partido «la realidad le ha dejado en evidencia», y entiende demostrado que había un «entramado en el que se pierde la trazabilidad de 12 millones de euros de dinero público».

Por esa razón, Abascal ha pedido que se lleve el dictámen a la Fiscalía con el objetivo de tratar de recuperar algo de ese dinero público, a la vez que ha incidido en la responsabilidad no solo de Ignacio Diego, sino también de sus consejeros de Economía, Cristina Mazas, e Industria, Eduardo Arasti.

En la misma línea se han manifestado los diputados de Podemos José Ramón Blanco y de Ciudadanos, Rubén Gómez, que han insistido en achacar al Gobierno del PP la responsabilidad política del resultado de este proyecto empresarial que para el primero supuso una «estafa», mientras que para el segundo fue un «gran despropósito».