El concurso para abrir 33 farmacias se estanca de nuevo al detectarse errores en las puntuaciones

El análisis de los recursos de alzada -al menos ocho- presentados tras la publicación de la lista definitiva de concursantes ha detectado «errores en la valoración», según ha confirmado a este periódico María Antonia Mora, directora de Ordenación y Atención Sanitaria, lo que obligará a actualizar la relación de puntuaciones «si así lo deciden los servicios jurídicos de la Secretaría General», matiza. «Tenemos interés en que esto se resuelva lo más rápido posible, pero ahora no está en nuestras manos, sino que son los jurídicos los que tienen que contestar si validan el informe emitido por la comisión de valoración que presupone que ha habido errores», apunta.

Los farmacéuticos afectados se sienten «engañados». Reprochan a la Administración «la falta de información» por los motivos reales que impedían reactivar el proceso. «¿Por qué nos convocaron sin tener en cuenta los recursos?», cuestionan. Y es que cuando parecía que se habían superado todas las trabas posibles para la resolución y que estaban a punto de llegar a la meta -la elección de destinos se había convocado para el 3 de febrero-, resulta que se quedaron a las puertas a sólo una semana de la fecha. Entonces, la razón aportada desde la Consejería de Sanidad fue que estaba pendiente de resolver la solicitud de ejecución provisional de la sentencia de Noja, la única de las emitidas desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (en respuesta a los recursos al concurso) que había sido estimada parcialmente, y que condenaba a la Administración a delimitar la ubicación de las nuevas boticas previstas en ese municipio.

La anulación de aquel acto público, que iba a poner punto final al tedioso trámite administrativo, cogió a más de uno casi con las maletas hechas. «Hay gente que había reservado hotel, pagado vuelos...», se quejaban los concursantes procedentes de otras comunidades al conocer el revés en los planes de Sanidad. En la reunión mantenida el 2 de febrero por un grupo de aspirantes con la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, se les comunicó que «en cuanto se publicara la resolución del auto judicial se retomaría de forma inminente el concurso, sin esperar a nada más, puesto que está todo preparado». La misma respuesta dio la consejera de Sanidad, María Luisa Real, a los medios de comunicación al ser cuestionada por el asunto el día que se puso en marcha la receta electrónica interoperable. «Cuando lo resuelva el juez, actuaremos en consecuencia», dijo.

Solo 48 horas después de esas palabras (9 de febrero), el TSJC dio vía libre a la reactivación del concurso de farmacias al rechazar la ejecución provisional de aquella sentencia, aunque se hizo pública el día 13. «En teoría, ya no había nada que impidiera reactivar el proceso. Pero desde esa fecha las llamadas a la Consejería por parte de los participantes ha sido diarias y constantes. En todo momento se nos habla de que el concurso se retomará en breve y que están a la espera de un informe jurídico que está en manos de la Secretaria General», declaran los aspirantes en una nota de prensa. Descubierto el motivo, resucita su «indignación».

«Desde el principio, tenían que habernos dicho la verdad. Reconocer que se habían precipitado al poner fecha al acto de elección y no enredarnos con el auto del juez, que hace dos semanas que se resolvió».

Sin embargo, Mora asegura que «cuando se les convocó para el 3 de febrero, habíamos asumido el riesgo de los recursos de alzada, presentados a posteriori. Pero ha sido al producirse el parón obligado por la solicitud de la ejecución de la sentencia de Noja cuando se ha aprovechado para informar los recursos y, ahora, no podemos obviar el resultado».

Sea como fuere, lo que los aspirantes no aciertan a entender es «cómo se puede pasar de estar a tres días de un acto de elección a encontrarnos casi un mes después sin noticias de cuándo volverá a reanudarse». Denuncian que «esta desinformación, puesto que no existe una vía de comunicación directa entre la Consejería y los participantes ni un interlocutor oficial, nos hace sentirnos en un estado de desesperación y abandono total. A esto hay que añadirle las informaciones contradictorias que recibimos en función de con quien hablemos desde la Asesoría Jurídica o la Consejería».

Una vez que saben que tienen por delante una revisión de las puntuaciones que puede alterar el orden del que depende su futuro, solo piden que «se acabe con esto cuanto antes. Esto es una auténtica chapuza. ¿Cuándo vamos a poner fin a este sufrimiento que dura ya tres años? Somos trescientas personas con las que se juega, que tenemos derecho a saber de forma oficial en qué punto se encuentra el concurso y los plazos que se manejan para una nueva convocatoria».