Los otros 'contratos secretos' del Gobierno

PP, Podemos y Ciudadanos no se han ahorrado adjetivos en esta ocasión. Hablan de ocultación y de opacidad del Ejecutivo al no hacer público lo que se pagó por los conciertos de Enrique Iglesias y Jean Michel Jarre, las dos actuaciones estelares de este Año Lebaniego. El Gobierno guarda bajo llave los ocho pagos sujetos al secreto de sumario efectuados a la empresa que los organizó, Cantabria Internacional Events, una mercantil radicada en Laredo. El último intento de la oposición por conseguir esta información fue esta semana en el Parlamento, pero un empate en la votación hizo decaer la iniciativa. PP y Podemos han avisado de que lo intentarán en los juzgados si el bipartito no cede y facilita todos los números en los próximos días. Pero hasta ahora, desde el Ejecutivo se han limitado a acusar a estos partidos de «emponzoñar» la celebración del evento y de no solicitar la documentación por el canal adecuado.

Hay tanta legislación, en un sentido y otro, que los gobiernos pueden ampararse en el artículo que más les interese para facilitar o no la información. La Ley de Transparencia aprobada en 2013, por ejemplo, obliga a hacer públicos «todos los contratos (menores y mayores), su duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario», entre otras cosas. Pero el artículo 153 de la Ley de Contratos defiende la no difusión de «determinados datos de un contrato que pueda perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o que se trate de documentos declarados secretos o reservados».

La ‘confidencialidad’ también fue la palabra que utilizó el expresidente Ignacio Diego hace tres años, cuando fue preguntado por el dinero público invertido en Tubacex, la empresa alavesa instalada en Marina de Cudeyo, que en su día anunció una inversión de 14 millones de euros y la creación de unos cien puestos de trabajo en cinco años. El dirigente popular se resistió, en un primer momento, a revelar qué cantidad había salido de las arcas públicas para apoyar el proyecto industrial. «No voy a dar esa cifra por respeto a quienes han elegido Cantabria para invertir», dijo apelando a una cláusula del contrato firmado con los empresarios. «Estaría alterando y rompiendo un acuerdo público, y firmado ante notario», argumentó en febrero de 2014.

Sólo diez días después de aquella negativa, el entonces consejero de Industria, Eduardo Arasti, desveló el secreto tras una pregunta del PSOE en el Parlamento. El Gobierno de Cantabria invirtió 3,5 millones en Tubacex y sus dueños aportaron los 3 millones restantes en concepto de capital.

Las consejerías de Turismo de los sucesivos gobiernos cántabros han sido especialmente cuidadosas en no desvelar los acuerdos firmados con las aerolíneas del Seve Ballesteros. Además de apelar a esas cláusulas pactadas con las compañías para no hacer públicas las cifras, desde el Ejecutivo siempre se ha defendido que hacerlo perjudicaría la competitividad de las ofertas. A pesar de todo, este periódico desveló en agosto de hace dos años los detalles de dos de los contratos suscritos con Ryanair y Air Nostrum.

La compañía irlandesa de bajo coste es la que más viajeros y líneas mueve en Santander, y recibió anualmente 3,2 millones de euros del Ejecutivo regional entre 2012 y 2016. Una cantidad muy similar a los 3,4 millones que cobraba con el anterior convenio 2008-2012. Air Nostrum contaba con un contrato de 720.000 euros que se puso en marcha entre marzo y octubre de 2015. Las cifras actuales se desconocen y, en vista de la postura del Gobierno tras conocerse estos datos, no parece que se vayan a hacer públicas.

«Es un claro gesto de sabotaje y quien o quienes han hecho públicos los contenidos de los mismos muestran una total deslealtad hacia los intereses del Gobierno de Cantabria y, por tanto, de los cántabros», denunció en su día el actual consejero de Turismo, Francisco Martín, que alertó de los riesgos de «vulnerar las cláusulas de confidencialidad que se recogen en los acuerdos, con el perjuicio que eso supone de cara a las propias compañías aéreas y a futuras negociaciones».