De las Cuevas recurre ante el Supremo la sentencia que le condena a cinco años de prisión

Tras el juicio celebrado a primeros de mayo, en el que la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercán) actuó como acusación particular, la Audiencia provincial le condenó como autor de un delito de apropiación indebida agravada en concurso con otro delito de falsificación documental cometida por funcionario público.

De las Cuevas, que fue denunciado ante la Fiscalía por Sodercan a finales de 2013, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en mayo de 2016 para evitar ir a juicio, aceptando tres años y nueve meses de cárcel por apropiación y falsedad.

El consejo de administración de Sodercan rechazó por unanimidad la adhesión a dicho acuerdo, y acordó mantener su acusación inicial de cinco años y nueve meses de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad.

En vísperas del juicio, De las Cuevas no ratificó el acuerdo que había firmado un año antes con la Fiscalía, por lo que éste decayó. En la vista, la Fiscalía censuró el «cambio de estrategia» del acusado y elevó su petición a cuatro años y medio. También cambió su calificación la defensa, que solicitó un año y nueve meses de cárcel cuando antes de la conformidad había propuesto dos años.

Ahora, el exdirectivo de Sodercán ha decidido recurrir en casación la sentencia de la Audiencia. Los autos del procedimiento se han remitido a Madrid en septiembre, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Los magistrados de la Audiencia tuvieron en cuenta la circunstancia agravante de prevalerse de cargo público y las atenuantes de reparación del daño -De las Cuevas consignó en el juzgado en torno a 200.000 euros- y analógica de confesión, dado que durante la instrucción aportó algunos datos que facilitaron la averiguación de los hechos.

La sentencia relata cómo este directivo -que entró a trabajar en Sodercán en 1998 y ocupó distintos puestos hasta convertirse en 2013 en director general de creación de empresas y desarrollo internacional- «aprovechando esos cargos de confianza y las amplias atribuciones que le fueron conferidas» detrajo para su uso personal un total de 667.370 euros.

«Con evidente ánimo de obtener un ilícito beneficio, ideó un plan para distraer y hacer propios fondos de la sociedad», explica la sentencia, que constata un «claro perjuicio» para Sodercán pues las cantidades apropiadas, que procedían de subvenciones de la Comisión Europea, tuvieron que ser compensadas con fondos de la entidad.

El acusado confeccionó entre diciembre de 2007 y julio de 2013 27 órdenes de pago ficticias, igual que las que emitía habitualmente para transferir fondos a empresas proveedoras y que firmaba como responsable.

Mediante estas órdenes de pago, que no respondían a ninguna transacción real, logró que le transfirieran un total de 667.370 euros que fueron a parar a distintas cuentas en el extranjero, algunas de las cuales estaban a nombre de sociedades pantalla y otras a nombre terceras personas que, según la sentencia, no se ha acreditado que conocieran el origen ilícito de los fondos.

Posteriormente, el acusado transfería los fondos a una cuenta corriente en España de la que era titular, para disponer del dinero en su propio beneficio.

Parte de ese dinero era, a su vez, transferido a una cuenta corriente española de su esposa, sin que conste, según la sentencia, que ella «tuviese conocimiento concreto del origen de los fondos que recibía de su marido», si bien «se benefició de los mismos».

Gracias a estas cantidades, «la familia logró financiarse la adquisición de una vivienda, un ciclomotor, dos motocicletas y un barco». Además, tenían dos vehículos de alta gama y «lograron disfrutar de un nivel de vida que era inaccesible con las nóminas de ambos», añade la sentencia.

En la sentencia, la sala ratifica la condición de funcionario público de De las Cuevas, como sostenían la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Sodercan, y explica que si no ha sido sancionado como autor de un delito de malversación de fondos públicos, como pedía la empresa pública, «ha sido únicamente por la mezcolanza de capital público y privado que manejaba».

Sin embargo, «no cabe duda» de que la posibilidad de acceder a esos caudales venía dada por su carácter de funcionario, de manera que es aplicable al mismo «similar justificación que la propia de la violación de los deberes de fidelidad que tienen los funcionarios al abusar del cargo propio que desarrollaba para poder apropiarse de las cantidades pertenecientes a Sodercan».

Por ello, además de la pena de prisión el tribunal le condena a una multa de 3.510 euros y le inhabilita para empleo o cargo público durante un periodo de cinco años, además de fijar una indemnización que deberá abonar a Sodercán del importe del dinero sustraído. La esposa del acusado también fue condenada como responsable solidaria de parte de esa indemnización, hasta la cuantía de 236.698 euros.