Dimiten los máximos responsables del Servicio Cántabro de Salud

Desde que estalló la polémica, a raíz de la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, la posibilidad de que este asunto viniera a dar puntilla a su etapa al frente del Servicio Cántabro de Salud se veía cada vez más probable. Su cese había sido exigido desde el primer momento por la oposición, especialmente por el PP, que ha sido el que ha engordado las graves insinuaciones de aquel correo mediante ejemplos concretos del «reguero de irregularidades» detectadas, fruto de su propia investigación. A la petición de «depurar responsabilidades» se sumó después el resto de formaciones, en vista de «la falta de explicaciones convincentes». Lo que muy pocos saben es que ésta no es la primera renuncia que presenta Pérez Gil. En realidad, lleva meses en tiempo de prórroga.

Según ha podido saber este periódico, el gestor navarro, que hace tres años aterrizó en la sanidad cántabra procedente de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), ya había comunicado a la consejera su marcha a principios de noviembre, argumentando que las razones eran «absolutamente personales». Hablaba de «cansancio personal» y «un tema administrativo de mi jubilación como funcionario del Gobierno de Navarra». Insistía en que «la situación de interinidad personal» en la que se encontraba «no está favoreciendo el funcionamiento del SCS en los tres últimos meses». Pero entonces, Real no admitió su dimisión, lo que le obligó a seguir al frente del organismo «ya sin fuerzas», según declaraba él mismo. Aunque no prosperó, el mero hecho de que trasladara a la consejera sus ganas de irse evidenciaba que desde hace seis meses ya estaba con un pie fuera de Cantabria. Aunque desde la Gerencia siempre han defendido su relación con el gabinete de la Consejería, lo cierto es que fuentes cercanas reconocen las tensiones existentes. Una división que se ha visto más clara en las últimas semanas, a raíz de destaparse las denuncias de irregularidades en la contratación. La consejera ha marcado las distancias, dejando en manos del gerente las respuestas al ataque político, una actitud que le ha valido las críticas encendidas de la oposición.

A Real se le ha reprochado que desde el 8 de febrero que recibió el correo de la funcionaria «no moviera un dedo» para esclarecer el contenido de aquellas denuncias, y que sólo se abriera un expediente informativo cuando el tema fue desvelado por este periódico. Pero incluso desde ese momento, la máxima responsable de la sanidad cántabra ha encarado la polémica de perfil. Por eso, el mismo día que salió a la luz el email de la funcionaria, Pérez Gil convocó una rueda de prensa «absolutamente improvisada» –como reconoció la consejera el viernes en la comisión parlamentaria–, la primera que se celebraba en la sede del SCS en toda la legislatura. Apenas diez días después tendría lugar una segunda entrega (más documentada y, esta vez, en compañía del subdirector de Gestión Económica, ausente en la primera por encontrarse hospitalizado) que culminaba con esta frase: «Si no se me aplaude la gestión que hemos hecho, me voy», declaraba Pérez Gil. Y su primera intención era esa: «Limpiar mi imagen y la de mi equipo» antes de irse. Sin embargo, ayer reconocía que «me está superando el tema, está afectando a mi salud». Se siente víctima de «una persecución continua, como se pudo ver la semana pasada en el Parlamento, que fue un ataque brutal». En su comparecencia defendió la gestión realizada en estos tres años, –«se ha hecho mucho por los cántabros y no se valora», insiste Pérez–, lo que el PP ya interpretó que sonaba a «discurso de despedida». Y no se equivocaba. Anoche, la Consejería de Sanidad enviaba un comunicado de prensa para informar de que había admitido los ceses, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal del jueves. Una sesión en la que el Ejecutivo también analizará el informe encargado a la Inspección de Servicios Sanitarios sobre las presuntas irregularidades en el SCS, donde se han apreciado «algunos errores que no van más allá de ser incidencias contractuales», como avanzó la consejera ayer a su salida del Pleno del Parlamento.

Pero Pérez Gil y González ni siquiera han esperado a conocer el resultado de ese informe. «Eso ya da igual», señalaba el subdirector de Gestión Económica, que juzga «totalmente injusto» este desenlace, porque «todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de los cántabros». Al igual que el gerente, declara que «lo estoy pasando mal a nivel personal». Él aún tiene por delante el inicio de demanda presentada contra la jefa de Contratación del SCS, que le acusó de «trato vejatorio» y de «injerencias» en su puesto de trabajo. Según adelantó la semana pasada en el transcurso de su comparecencia parlamentaria, el asunto está pendiente de «un acto de conciliación» en el juzgado, que supondrá un cara a cara con la funcionaria, de baja médica desde la misma semana en la que se publicó el escrito de queja que remitió al gerente del SCS, con copia a la consejera.

«Nunca imaginé que pudiera ocurrir esto. Espero no tener ninguna repercusión jurídica por este asunto», señaló González, sabedor de que es el cargo sobre el que pesan las responsabilidades de las decisiones que se han cuestionado y que se están investigando. Además del expediente informativo encargado por la Consejería de Sanidad, cabe recordar que, primero Izquierda Unida y después el PP llevaron la denuncia de presuntas ilegalidades a la Fiscalía al ver «indicios de delito». Y no solo eso, sino que el Parlamento aprobó una proposición no de ley –a petición de los populares también– para que la Intervención General de la comunidad audite todos los contratos suscritos por el SCS tanto en el año 2016 como en 2017.

Tanto el gerente como su número dos aseguran que no se han visto «forzados» a tomar la decisión de marcharse por presiones del Gobierno o del partido, sino que ha sido por iniciativa propia. No obstante, aunque la consejera de Sanidad defendió la gestión realizada por el SCS esta legislatura, al asegurar que «la inmensa mayoría» de la contratación realizada es «buena y correcta», dejaba entrever que podía haber un porcentaje que no lo fuera. En cualquier caso, los dos altos cargos del SCS no han aguantado más la presión. «Para mí está siendo durísimo», reconoce el gerente. «He salido más en la prensa que nunca, algo que a mí que no me gusta. Me siento fatal. Solo quiero incorporarme a mi plaza y jubilarme», añadía, con pocas ganas de seguir hablando. En el escrito, remitido ayer al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, en el que expresa su deseo de hacer efectiva su dimisión, Pérez Gil señala que «hoy se acentúan las causas por las que solicité darme de baja en el cargo el pasado noviembre, como son razones de índole personal, familiar, de salud y de conveniencia de recambio». Motivos a los que añade «la falta de reconocimiento a mi labor, la falta de apoyo en estos momentos difíciles y la pérdida de autoridad para poder llevar a cabo las funciones en el cargo y los proyectos en marcha».