Las dudas sobre la legalidad del convenio del Racing causaron la crisis en la Oficina de Proyectos Europeos

Las dudas sobre la legalidad del convenio entre el Racing y el Gobierno forzaron la precipitada salida de Montserrat García de la Presidencia de la Oficina de Asuntos Europeos (OPE). El pasado 2 de abril reunió al equipo del ente autonómico, que no sólo se dedica a todos los asuntos ligados a Bruselas y las potenciales subvenciones, sino que igualmente ha absorbido a la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP) de Cantabria. La directora general de Economía y Asuntos Europeos había sido propuesta como presidenta de la OPE en una reunión del Consejo de Administración el 27 de marzo, después de que el anterior ocupante del cargo, Pedro Pérez Eslava, renunciara a esta función tras ser nombrado nuevo interventor del Gobierno por la destitución de Gabriel Pérez, que había elaborado diversos informes de contenido crítico en los últimos tiempos.

Ese día comenzó un tortuoso camino para García que culminó exactamente un mes después, el 2 de mayo, en un despacho notarial en el que rubricó su renuncia a la Presidencia de la Oficina después de que se ignorasen sus dimisiones previas, tanto de forma verbal como por registro en la Consejería de Economía pilotada por Juan José Sota (PSOE). El 16 de mayo este periódico daba cuenta de la salida de la alto cargo y de que el director de Gabinete de Sota, Rafael Pini, asumía el puesto, mientras que desde el departamento relacionaban la dimisión con «problemas personales» y «exceso de trabajo» de la afectada.

Lo cierto, según detallan fuentes del Consejo de la OPE, es que ninguno de esos factores fue la causa de la marcha de García, que sí que ha venido asumiendo una importante carga de actividad desde que llegara a la Dirección General en mayo de 2016 para relevar a Inmaculada Valencia. Fueron las fundadas dudas sobre la legalidad del convenio que el Gobierno trata de armar con el Racing para reestucturar la deuda que mantiene el club con la Administración regional por la falta del pago de una anualidad de la subvención, así como la devolución de la 'marca' al conjunto santanderino a través de su Fundación, las que llevaron a la política a no asumir una responsabilidad que entendía podía acabar incluso en los tribunales. Todo ello porque CEP fue la firma que la coaliación PSOE-PRC empleó en 2005 en la operación de ingeniería financiera con la que comprometer 22 millones para liberar al empresario Santiago Díaz de la propiedad de la entidad verdiblanca y hacer frente a los avales que estaban a punto de vencer.

Porque, de vuelta al pasado 2 de abril, Montserrat García recibió dos noticias a cada cual más alarmante del personal de la OPE. La directora no había abordado nunca este asunto desde que llegó a la gestión pública, algo que según las mismas fuentes habían liderado especialmente Pérez Eslava y Manuel Díaz, hasta febrero director del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y tras la reestructuración en la Consejería nuevo responsable de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT). Pérez Eslava renunció a seguir en el Consejo de la OPE -el anterior interventor estuvo varios años en el organismo- decisión que se le aceptó; mientras que Díaz también quiso desligarse por escrito de la Oficina. Con estos antecedentes, García, de nuevas, fue supuestamente informada de que la tasación de la marca Racing que servía de aval para todo el convenio podría no ser correcta -fuentes conocedoras del caso hablan de «inflada»- por lo que se recomendaba actualizar el valor estimado en 2016 por nueve millones. Al parecer, en esa reunión igualmente se le trasladó que «alguien» del Ejecutivo podría haber mediado para impulsar esa supuesta sobrevaloración. Las mismas fuentes hablan ya de un nuevo borrador con una considerable revisión a la baja.

La directora de Economía quedó impactada con esa noticia, más si cabe teniendo en cuenta la urgencia que se le había trasladado previamente para sacar adelante la operación, y llamó inmediatamente a Rafael Pini ante la certeza de la gravedad del asunto y de que la polémica podía salpicar no sólo a la Consejería, sino al propio PSOE. El martes,3 de abril, envió un correo electrónico a las secretarias del consejero para tratar el tema Racing y dimitir de la OPE, aunque dado que Sota no la recibió pese a estar en el mismo edificio optó por remitir otro mail al propio Pini el 4 de abril. No hubo solución, sino supuestas presiones desde diferentes ámbitos para que mantuviera el cargo.

García entendía que el problema no tenía fácil salida, ni mucho menos acababa pidiendo una nueva tasación. Finalmente el viernes por la mañana se produjo la cita con Sota. El consejero, al parecer, dejó claro a la directora que era «su obligación» asumir la responsabilidad en la Oficina y que, en todo caso, Intervención haría un informe positivo de la operación, mientras que García mantuvo sus dudas ante lo que había conocido de los técnicos.

De esa entrevista hasta el miércoles siguiente a mediodía no hubo más noticia. Fue entonces cuando presentó una primera dimisión por registro, tanto a la secretaria del Consejo de la Oficina como al propio Sota, una voluntad que no se llevó a cabo. Como contrapartida, más llamadas instando a continuar e incluso amenazas de ser denunciada por algún aficionado verdiblanco. Otros candidatos al puesto se habían negado previamente a aceptarlo.

A partir de ahí, García quedó incomunicada del personal de la OPE. Las mismas fuentes precisan que la alto cargo ni siquiera conocía a nadie del club verdiblanco ni de la Fundación y que esa relación la habían mantenido los anteriores responsables de la Oficina. Eso sí, recuerdan el aviso del interventor ya cesado sobre un posible quebranto a la Administración con el convenio, así como la alta probabilidad de que, de concretarse el acuerdo, Bruselas lo identifique como ayuda de Estado.

Para poder elevar a escritura pública su dimisión tuvo que acudir a un notario el 2 de mayo. No hubo reacción. Un día después envió un mensaje al secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga. Tras una primera reunión en una cafetería en Bezana en que aparentemente se hizo cargo de la situación, finalmente derivó el caso a su mano derecha, Ainhoa Quiñones. No ha habido novedades al respecto.