Los excesos de Acayro Sánchez

Ahora, quince años después, un nuevo exceso, una «actuación a sabiendas de su injusticia» contra un abogado a los que se enfrentó durante su estancia en Castro, ha acabado con su carrera judicial, después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a diez años de inhabilitación. Eso sí, el pleito no está cerrado del todo puesto que el entorno de Acayro Sánchez ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional, y si es necesario, seguro que lo hará ante el Tribunal de Estrasburgo, tal y como hizo en su momento Baltasar Garzón, que fue condenado a once años de inhabilitación por el Supremo.

Nacido en 1976, en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Acayro Sánchez –un excelente nadador que se ha colgado varias medallas de oro en los últimos años–, estudió Derecho en Las Palmas, Bolonia (Italia) y Colonia (Alemania) e ingresó en la carrera judicial, una vez superadas las oposiciones, con 25 años. Fue destinado a Baracaldo y de ahí recaló en Ciutadella (Menorca) en donde realizó una polémica instrucción sobre irregularidades urbanísticas en los 'hortals' (huertos).

Su siguiente destino, en 2007, fue Castro Urdiales, un municipio costero que en la década de los noventa experimentó un descontrolado crecimiento urbanístico, que provocó que algún medio de comunicación le llegara a bautizara como la 'Marbella del Norte'. Su llegada marcó un antes y un después en la historia del municipio, ya que, en base a los reparos del polémico interventor municipal Fernando Urruticoechea, abrió más de una veintena de procedimientos judiciales contra la corrupción. De todos ellos, once llegaron a juicio y han dejado un balance de 41 condenados, 85 absueltos y solo un encarcelado (el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, por prevaricación y malversación de caudales públicos). De esas 41 condenas, la mayoría tiene que ver con delitos de prevaricación administrativa –en algunos casos por adjudicaciones a dedo– que han supuesto penas de inhabilitación. Solo tres casos están vinculados a irregularidades urbanísticas, pero las ligeras penas no han supuesto que algún condenado haya entrado en prisión. Es decir, Acayro Sánchez no ha podido demostrar los casos de corrupción urbanística en Castro Urdiales.

Cuando el martes se conoció su condena, algunos castreños, entre ellos los que han integrado la amplia nómina de acusados que fueron absueltos, no ocultaron su satisfacción y reprocharon, a través de las redes sociales, el «daño que ha hecho al municipio». De hecho, durante los ocho años que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción Nº2 de Castro, el exmagistrado tuvo que hacer frente a cuatro querellas de imputados y 36 expedientes sancionadores en el Consejo General del Poder Judicial, de los que salió victorioso.

También se salvó in extremis del pleito que mantuvo con el constructor Jon Loroño, uno de los mayores detractores junto a Muguruza, después de que el TSJC le condenara en 2015 a un año y tres meses de cárcel por un delito de delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Supremo no apreció delito en el hecho de remitir al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial el certificado de antecedentes penales de Loroño, que le había denunciado ante dicho órgano.

Ese año dejó su plaza en Castro por las presiones que sufría y se incorporó al Juzgado de lo Contencioso Nº2 de Santander, desde donde ha seguido el desenlace de los casos que instruyó y que quedaron pendientes de juicio. En algunos de ellos intervino el que en 2020 fue su rival en la pugna por presidir el TSJC, López del Moral, entonces magistrado de la Audiencia Provincial, que desautorizó varias decisiones de Acayro. Las primeras fueron los encarcelamientos de Muguruza y Dopico. Después anuló los juicios del 'caso Trapur' y el 'caso Mioño' al considerar que había «errores» en la instrucción (aunque luego ambos juicios acabaron con condenas) y finalmente archivó las causas contra los constructores de las urbanizaciones de Santa Catalina, donde Acayro imputó a 32 personas, de los que solo nueve fueron condenados. López del Moral también ha sido uno de los tres jueces que condenó a Acayro Sánchez a cinco años de inhabilitación, que ahora el Supremo ha elevado a diez, tras no prosperar una recusación.

En el haber de Acayro Sánchez también está el hecho de haber celebrado en mayo de 2020, en plena epidemia de covid, el primer juicio telemático de España con público.