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El conflicto en torno a la jornada lectiva reducida de junio y septiembre en los colegios de Infantil y Primaria vivió ayer un nuevo capítulo. El martes fue la Junta de Personal Docente la que aprobó en asamblea una serie de movilizaciones de maestros, ... incluidas dos jornadas de huelga los días 14 y 20 de junio, si esa ampliación de jornada de doce y media de la mañana a dos de la tarde se realiza a través de horas lectivas.
El miércoles, el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, realizó un llamamiento a la responsabilidad de todos los sectores para «no alarmar a la sociedad con guerras escolares», apelando al diálogo y a un acercamiento entre las partes. Y ayer fue la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) la que movió ficha, tensando la cuerda como habían hecho dos días antes los sindicatos docentes. A través de un comunicado, la presidenta del colectivo, Leticia Cardenal, asegura que «las familias no vamos a renunciar a nuestra demanda» de terminar con el horario reducido de principio y final de curso, sino que «cada vez lo haremos con más fuerza», y reclama a Mañanes que no dilate su decisión definitiva porque lo que hace «es empeorar la situación».
«¿A qué está esperando? ¿Va a intentar rebuscar en la ley para salir del atolladero sin contentar a nadie? Cualquier salida en falso no haría sino tener el debate abierto para el curso siguiente», expresa Cardenal, que exige al consejero que cumpla con la legalidad. «Si quiere comprobar el incumplimiento de las horas lectivas ya tiene un adelanto con mirar el calendario del presente curso, que refleja 850 horas lectivas -lo cual ya incumpliría esas 25 horas semanales que en su opinión marca la legislación- cuando en realidad, debido a estas reducciones, sólo se impartirán 827». Y advierte que en algunos municipios «menos aún» al «no cumplirse tampoco los 175 días lectivos por no contemplar las fiestas locales».
Un calendario que «fue aprobado por la Junta de Personal», a la que la máximo responsable de FAPA dirigió muchas de sus críticas, acusándola de optar por una «huida hacia delante» en vez de «buscar soluciones a los problemas» que este cambio de horario pudiese originar. «Si ahora están pidiendo una moratoria -que fue lo que trasladaron el martes los sindicatos docentes al consejero-, ya la tienen en este mes de junio, cuando se va a incumplir lo establecido», afirmó Cardenal, que no está dispuesta a otorgar más tiempo. «Por nuestra parte ya hemos dado dos años de plazo desde que se nos garantizó que se iba a tomar esta medida con el cambio de modelo de calendario y no vamos a esperar más», sentenció.
En pleno cruce de informes jurídicos sobre el amparo legal de la jornada reducida o sobre si en Cantabria se cumplen o no las horas lectivas que se deben impartir a lo largo del curso -el presentado por los sindicatos subraya que la regulación del calendario «establece un mínimo de días, pero en ningún caso un determinado número de horas lectivas»-, Mañanes anunció ayer que su departamento ha solicitado a la Dirección General del Servicio Jurídico «un nuevo informe» sobre la legalidad de la jornada de junio y septiembre. Un segundo documento elaborado desde el Gobierno cántabro que se suma al realizado por la propia asesoría jurídica de la Consejería de Educación, que servirá para «tener plenas garantías de que lo que hagamos se ajusta, como es lógico, a la normativa»
Los sindicatos que integran la Junta -STEC, ANPE, CC OO y UGT- aseguran que la jornada lectiva reducida de junio y septiembre tiene «cobertura legal», en función de un informe jurídico que así lo defiende. Y lo refrendan con el hecho de que 13 comunidades autónomas además de Cantabria apuestan por esta misma fórmula.
Como respuesta, FAPA recurre al otro informe jurídico que alegó Mañanes hace doce días sobre las horas lectivas que legalmente se deben cumplir al cabo del año para justificar su cambio de postura y abogar por que deben ser los profesores los encargados de hacerse cargo de la ampliación de ese horario. «¿De verdad alguien considera posible que este cambio no se produzca si estuviéramos hablando del cumplimiento de la ley? Y no es ya una cuestión de que FAPA reclame o no que se cumpla, sino que la Consejería de Educación tiene en la mano un informe que parece que así lo refleja. ¿Vamos a pedir al consejero que se salte la ley? ¿O acaso se va a pedir que se adapte la ley para legalizar el incumplimiento?», se cuestiona Leticia Cardenal.
FAPA Cantabria subraya en el comunicado que, «en ningún caso», este incumplimiento horario «ha sido responsabilidad ni de los docentes ni de los equipos directivos, que desconocían que este error se estaba cometiendo en las instrucciones que recibían desde la propia Consejería».
Y entiende que la Administración educativa «debería de estar trabajando ya en que este cambio venga acompañado de medidas que permitan que la labor docente se siga desarrollando respetando sus condiciones laborales, y que estudie la forma de aumentar unos apoyos ya de por sí necesarios en la contratación de personal administrativo (que se realiza con cuentagotas), reduciendo la cada vez mayor carga burocrática que deben realizar los docentes, con aumento de plantillas y una mayor agilidad a la hora de cubrir las bajas».
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