Ferrovial y SIEC recurrirán el dictamen del Consejo de Estado sobre Valdecilla

Un cambio en las condiciones pactadas que dispararía el gasto por la gestión de almacenes, archivo, logística de distribución y transporte de materiales de Valdecilla, asumido por la concesionaria hace casi tres años, junto con otros once servicios no asistenciales. En una primera estimación, realizada desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS), el impacto de esta resolución rondaría «los dos millones de euros al año», una cifra que abriría una brecha en la rentabilidad del contrato, de 20 años de duración, puesto que por este cometido la empresa recibe de la Administración 800.000 euros anuales.

Aunque en un primer momento la sociedad eludió pronunciarse sobre el resultado de esta reclamación planteada desde la Gerencia de Valdecilla, ayer decidió responder a las declaraciones realizadas desde el SCS, donde el dictamen ha sido recibido como un éxito de gestión en su empeño por hacer cumplir a rajatabla un contrato con el que el Gobierno bipartito nunca ha estado de acuerdo.

La adjudicataria reconoce el clima de «incertidumbre» generado por esta resolución, «no solo para la empresa concesionaria, sino también para el propio personal asistencial de Valdecilla, para quien se abre ahora una puerta para su paso a la empresa privada». Una «pretensión oficial» que Smart Hospital Cantabria recibe «con total sorpresa», a la vista de «la hostilidad manifiesta de la actual Administración contra el contrato de colaboración público-privada y la privatización de servicios que siempre han sido considerados como propios del hospital». En nota de prensa, la sociedad aclara que «el dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo, es un trámite preceptivo dentro de la tramitación administrativa del expediente de interpretación, y no una resolución judicial», si bien es cierto que es de obligado cumplimiento.

No obstante, como está «convencida absolutamente» de sus argumentos jurídicos, presentará recurso contencioso-administrativo «contra el hecho de que se le quiera obligar a asumir funciones que venía desempeñando personal asistencial, como son los celadores».

En las alegaciones presentadas por la empresa cuando esta discrepancia se puso sobre la mesa, hace un año, ya exponía que lo que para la Gerencia era una diferencia de interpretación (el hospital exigía unas funciones que la empresa no consideraba incluidas en el convenio), para ella suponía «una modificación sustancial que afecta gravemente al equilibrio económico del contrato». Ayer insistía en que «en ningún momento del proceso de diálogo competitivo, ni en el arranque de los servicios asumidos, se planteó por Valdecilla a Smart Hospital Cantabria el alcance del servicio que hoy se pretende».

Por eso «la oferta económica se formuló de acuerdo con estas condiciones. Nunca ha sido pretensión de Ferrovial ni de SIEC entrar en las funciones del personal considerado asistencial de Valdecilla, como ahora pretende el Servicio Cántabro de Salud». Según ha podido saber este periódico, el desembolso extra que derivaría de este dictamen afectaría directamente al bolsillo de SIEC, la empresa que gestiona esta controvertida parcela del contrato.

Para la concesionaria, la prueba de que la extensión de esta competencia nunca se había planteado «es la incertidumbre confesada por el propio Servicio Cántabro de Salud y por Valdecilla acerca del alcance real de la resolución, en cuanto a afecciones de personal y coste económico». Unas cifras que también esperan los sindicatos de la junta de personal, a los que el gerente del hospital, Julio Pascual, ha emplazado para la próxima semana.