El fiscal retira la pena de cárcel de uno de los acusados del escrache a Diego en la Universidad de Cantabria

El Ministerio Fiscal ha modificado sus calificaciones provisionales en este sentido en la vista celebrada hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, que ha reanudado el juicio que se celebró el 25 de octubre y que se suspendió ese día por la ausencia de algunos testigos.

Los acusados son cuatro chicos y dos chicas que, tras las calificaciones finales del fiscal, se enfrentan a una falta de daños y a un delito de coacciones, por los que el Ministerio Público pide diferentes multas.

Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2014 cuando Diego, que entonces era presidente, acudió a la Universidad de Cantabria para participar en un acto abierto a estudiantes. Según el fiscal, a los acusados no se les permitió entrar al acto en el que iba a participar Diego por una decisión «ajena» a el entonces presidente, y, a la salida trataron de impedir que abandonara el edificio de las Tres Torres de la Universidad, colocándose delante de su vehículo e intentando que no accediese a su interior.

A su juicio, los vídeos grabados ese día y que se reprodujeron en la sesión anterior «relatan perfectamente lo sucedido», «lejos de la subjetividad que cualquiera de las partes pudiera tener», y ha opinado que los procesados «no han reconocido ni cosas evidentes» que se ven en ellos, aunque ha agradecido «su actitud» en ambas vistas.

«Hemos llegado a lo absurdo», ha apuntado el fiscal, para quien no es creíble que los acusados no se conociesen antes de los hechos, sino que se habían puesto de acuerdo para acudir al acto. «Iban desde el primer momento a hacer un acto de sabotaje, un boicot, al acto del presidente Diego», ha añadido. La Fiscalía ha considerado así que la actitud de los procesados no fue pacífica y estaba dirigida a «coaccionar y limitar los derechos de otra persona», por lo que «se desmonta su versión, se cae como una baraja de naipes».

La Fiscalía ha criticado el testimonio de una periodista que acudió hoy al juicio como testigo por afirmar que no vio la pancarta ni escuchó insultos hacia el entonces presidente del Gobierno de Cantabria, pero que sí presenció a escoltas «empujando», «avanzando» y «abalanzándose» sobre la gente que estaba protestando por no haber podido acceder al edificio.

Los abogados defensores han solicitado la libre absolución de todos los procesados, así como que, en el caso de que se les condene por falta, ya sea de daños o de coacciones, se elimine la pena por haber prescrito. Una de las defensas ha considerado que la versión de los testigos de cargo de los hechos «no es creíble», y que la intención únicamente de protestar de los procesados se demuestra porque «siguen coreando lemas políticos» mientras se estaban produciendo los «forcejeos» con los escoltas del expresidente.

Los acusados que han asistido al juicio, menos una de ellos, ha hecho uso de su derecho a decir la última palabra, y han insistido en que no realizaron ningún acto violento.

«En ningún momento impedí a ninguna persona hacer algo que quisiese hacer y mucho menos ejercer ningún derecho fundamental», ha dicho uno de los jóvenes, para después leer una frase de Maquiavelo y esperar «que la historia absuelva a los que luchan»

Otro, que se ha definido como «víctima», porque «han intentado fastidiar la vida a nueve personas»-inicialmente eran nueve los imputados, pero han quedado siete- ha asegurado que la «demostración» de que no hicieron aquello de lo que se les acusa es que pudieron «haberlo hecho». «Ellos eran cuatro y nosotros éramos bastantes más», ha concluido.

«No creo que corear lemas sea considerado agresión en un Estado de Derecho», ha opinado la última acusada en hablar, quien ha defendido que el «forcejeo» comenzó por la «violencia» de los escoltas, por «prejuicios» hacia las personas estaban protestando.

«Pusieron la tirita antes de tener la herida", ha apuntado y ha dicho que esa herida, ese ataque hacia el entonces presidente regional, no se hubiese producido.