La Fiscalía investiga el pago de 90.000 euros en los sobresueldos a cinco empleados de Sogiese

La investigación parte de un contundente informe del exinterventor general Gabriel Pérez -que hace cerca de un mes fue cesado por el consejero de Economía, Juan José Sota- y que incluía una dura reprimenda tanto a Economía como a Sogiese por su «inexistente» colaboración en la investigación. El alto funcionario cuantifica en 90.000 euros el dinero «abonado indebidamente» por la empresa pública a cinco de sus empleados, dos de ellos directivos, durante cuatro años, además del incumplimiento de tres leyes y la ausencia de informes que avalen otro incremento salarial, el del gerente, producido en el año 2009. El documento resuelve que estos trabajadores y la entidad deben devolver los 90.000 euros a la Tesorería.

En sus inicios, el director gerente y la directora del Secretariado Técnico Conjunto cobraban lo mismo, 61.800 euros brutos anuales, pero el primero llegó a un acuerdo con el entonces presidente del Consejo de Administración, sólo nueve meses después, para aumentar su nómina hasta los 63.000 euros. Es decir, 100 euros más al mes.

El informe del interventor revelaba que esta subida salarial «no se acompañó del preceptivo informe favorable de las consejerías de Presidencia y Economía, como marca la ley». Por eso, al no existir avales «suficientes» para justificar el incremento de 1.200 euros anuales al salario base de la nómina, lo considera una «retribución indebida». Entre noviembre de 2009 y la entrada en vigor de la nueva ley regional que incorporó los «topes salariales», en 2012, el gerente cobró 3.100 euros de más que, según la auditoría, debe devolver al Gobierno.

El artículo 14 de esa normativa establece un máximo de 54.000 euros para el personal directivo cuyo contrato laboral no esté incluido dentro de la relación laboral especial de alta dirección. Es decir, el gerente de Sogiese cobró, según los cálculos de la auditoría, 9.189 euros anuales de más entre 2013 y 2015, y 4.594 euros en 2012. La directora, por su parte, se embolsó 7.984 euros anuales más de lo debido (3.992 en 2012).

Sumando las retribuciones de los otros tres cargos que ingresaron más de lo estipulado, la empresa pública alcanza la cifra de 87.000 euros «pagados indebidamente». De nuevo, el documento concluye que los trabajadores deberán reintegrar a la Tesorería ese dinero. Y eso sólo hasta diciembre de 2015. Por cada mes de 2016 que se siguiera sobrepagando a sus cinco empleados deberá devolver 2.073 euros a las arcas públicas regionales. Economía discrepó en su momento del informe del Interventor. Juan José Sota, sobre cuyo departamento se adscribe esta empresa, siempre ha defendido las «peculiaridades» de esta empresa para explicar que no se haya adherido, como el resto de entidades públicas, a la normativa cántabra. El dirigente socialista sostiene que el 96,5% de su presupuesto está financiado por Fondos Feder europeos, mientras que la aportación del Ejecutivo autonómico se limita a un 3,5%. «Se trata de una discrepancia jurídica. Hay que dilucidar si estos sueldos pagados por Europa deben atenerse a la ley cántabra», llegó a decir Sota en sede parlamentaria, apoyándose en un informe de la directora de Política Regional de la UE, Lena Andersson.

El 'caso Sogiese', que llegó al Parlamento y se saldó con el posterior cese de la exdirectora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia -actual responsable de la Oficina de Bruselas-, provocó la discrepancia entre Economía e Intervención y obligó al Gobierno de Cantabria a aprobar un acuerdo de excepcionalidad para dar luz verde a los sueldos por encima del límite. El gabinete de Miguel Ángel Revilla zanjó la polémica con su propio órgano fiscalizador con absoluta discreción el pasado 1 de septiembre de 2016, al dar luz verde a un acuerdo que permite que la retribución anual del personal de la Secretaría Técnica Conjunta del Programa de Cooperación Transnacional de la Unión Europea, adscrito al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, «supere los topes establecidos», para cada una de las categorías, así como la adecuación del salario del gerente de Sogiese al del resto de directores de empresas públicas.

Esta decisión daba al gerente cobertura de futuro pero no solventa los sobresueldos cobrados con anterioridad. Además, de facto, al aumentar sus retribuciones, el bipartito confirmó implicitamente lo aseverado por intervención.

A día de hoy, el reintegro del dinero no se ha producido. De hecho, el Tribunal de Cuentas alertó en su último informe de fiscalización de la comunidad autónoma, referido al año 2015, que sigue sin realizarse el informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero, previsto en la Ley 10/2006, de subvenciones de Cantabria, que debe ser remitido al organo fiscalizador.

Ahora Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto ante la denuncia presentada por el partido Ola Cantabria por «posibles delitos contra la administración Pública, incluidos los artículos 404 y siguientes del código penal».