La cúpula del SCS defiende que «todo es legal» pero «no aclara» las sospechas de la oposición

Sin embargo, la exposición de los altos cargos, en idénticos términos que la rueda de prensa ofrecida semanas atrás, solo convencieron a los grupos que sustentan al Gobierno (PRC y PSOE). Mientras para éstos los argumentos del SCS «dejan claro que las contrataciones se han realizado con total transparencia y sin irregularidad alguna», el PP salió de la sala «más preocupado» de lo que entró, «después de ver que no se ha respondido ni a una sola de las preguntas que hemos planteado. Ni palabra, es increíble», lamentó el diputado popular Íñigo Fernández, que ejerció de portavoz en sustitución de la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, que no asistió. «Se han dedicado a hablar de la gestión del PP y a hacer balance de su gestión en esta legislatura, parece un discurso de despedida», opinó Fernández. También fueron «insuficientes» las contestaciones a juicio de los portavoces del resto de formaciones: Alberto Bolado (Podemos), Rubén Gómez (Ciudadanos) y Juan Ramón Carrancio (Grupo mixto).

Pérez Gil se presentó dispuesto a «comprobar que todas las actuaciones llevadas a cabo en estos tres años por todos los directivos y por mí se ajustan a derecho. Y siempre con la única finalidad de mejorar la sanidad cántabra», un objetivo cumplido «tal y como reflejan los resultados de la encuesta de satisfacción de 2017 y el hecho de haber obtenido la mejor puntuación de España en el barómetro sanitario». El gerente reiteró que no entiende «el ataque al SCS, poniendo en duda y lanzando sospechas sin fundamento a la contratación administrativa», que «solo busca manchar y enturbiar una excelente gestión», de la que también dio cuenta resumiendo las mejoras introducidas en esta legislatura, tanto a nivel tecnológico, como de infraestructuras, programas y equipamiento. El director insistió en que «las actuaciones que se denuncian se realizan de igual o similar manera en toda España y así han sido realizadas en esta comunidad en el pasado». A ese pasado dedicó buena parte de su intervención, salpicando la defensa de su gestión con ejemplos de la era del PP, donde sí aprecia existencia de «irregularidades», como el fraccionamiento de la obra de la farmacia del Hospital de Laredo. Respecto a las que se le atribuyen a la cúpula actual del SCS, tras publicarse el correo electrónico de la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, el gerente apuntó que «siempre ha habido asesores externos aquí y en todos los servicios de salud que conozco». Una decisión que justificó en «la escasez de plantilla del SCS» y en la «complejidad de algunos contratos», que «pueden necesitar medios externos para poder realizarlos eficazmente». Ambos directivos defendieron los resultados de esta colaboración, que se ha traducido «en un ahorro de más de 11 millones de euros en tres concursos, además de conseguir un modelo de laboratorios en red para toda la comunidad, único en España» –aquí aprovecharon para recordar que «hace seis años el PP quiso privatizar e incluso cerrar los laboratorios de Sierrallana y Laredo»–. En concreto, se refirieron a los seis contratos de servicio y asistencia técnica, valorados en 84.619 euros, suscritos en dos años con Álvaro Sáenz de Viteri y Amaia Sáenz de Viteri Pozuelo. Labor de asesoramiento que el PP juzga «sospechosa» y que también cuestionaba la funcionaria en el correo remitido al gerente y a la consejera de Sanidad, Luisa Real, el 8 de febrero.

Frente a estos «contratos justificados» y «necesarios», situaron los suscritos en la anterior legislatura «que no sirvieron de nada, como el estudio para prestar servicios en mercados internacionales, otro sobre las consultas externas de Valdecilla» y, el más controvertido, la asistencia técnica para controlar el contrato de Valdecilla a cargo de Hill Antares (valorado en 600.000 euros), que «no hizo nada y por eso lo rescindimos». Respecto a las reuniones con empresas, otro de los asuntos cuestionados tanto por la funcionaria, que apuntaba hacia «adjudicaciones a la carta», González aclaró que «sirven para analizar los mercados en un campo, como el sanitario, en el que los productos evolucionan tecnológicamente rápido» y no negó que «en concursos con un volumen de información muy elevado o de especial complejidad técnica» intervienen asesores externos.

Pérez Gil reconoció que a finales de año «se recepcionaron los equipos financiados por la Fundación Amancio Ortega», pero dejó claro que «con el mismo procedimiento que otros equipos en el pasado», mediante la firma con el proveedor de un acta de comprobación y, posteriormente, de un acta de recepción definitiva. «Si no se hace así se pierde el dinero asignado y peligra la financiación de lo ya adquirido por no tener presupuesto al año siguiente», dijo. También respondió a las acusaciones sobre el uso «fraudulento» de los contratos menores que han criticado los populares y el Sindicato Médico: «Todas las obras menores en el SCS se han realizado con tres presupuestos y se han adjudicado al más económico, por lo tanto han cumplido la legalidad estrictamente».

El director del SCS echó la vista atrás para insistir en que «donde están las verdaderas ilegalidades, y no sólo errores administrativos, es en el contrato público-privado de Valdecilla». Alusiones a la etapa de Gobierno del PP que el diputado Íñigo Fernández interpretó como una forma de perder tiempo de comparecencia para «pasar de puntillas por las irregularidades y los contratos que están bajo sospecha, que es de lo que se está debatiendo aquí hoy. Si quieren hablar de la gestión del PP, lo hacemos otro día», avanzó.

Socialistas y regionalistas respondieron al ofrecimiento confiando en que el PP no tenga inconveniente en respaldar la proposición no de ley del PSOE para ampliar la auditoría de la Intervención General desde 2011 –el lunes el Pleno aprobó solicitar esa investigación sobre la contratación del SCS en los años 2016 y 2017, por iniciativa del Partido Popular–.

Fernández lanzó su batería de preguntas sobre las obras acometidas en el Hospital Virtual a través de contratos menores por valor de 300.000 euros («Se presentaron tres ofertas sí –Iralia, Gardenor y Serincopsa–, pero que son una misma empresa», dijo); sobre la compra individualizada de los 22 ecógrafos de Atención Primaria («Por qué no se adquieren en un único contrato si el montante asciende a casi 300.000 euros») –pregunta que reformuló también Carrancio–; sobre la duplicidad de contratos («Elector tiene adjudicado el mantenimiento de todos los centros de salud de la región y sin embargo se encarga a otra empresa –Iralia de nuevo– que pinte cuatro centros de salud, que cuesta otros 200.000 euros»); y sobre «el desembarco en la sanidad pública de altos cargos de Osakidetza, que han traído a sus empresas, a sus asesores y hasta a sus arquitectos».

Un comentario que «sorprendió» a los aludidos y al que respondió crítica la portavoz del grupo socialista, Silvia Abascal: «Les debería dar vergüenza hacer esas afirmaciones. Nos da igual de donde venga la gente si viene a mejorar la sanidad pública.Lo importante es lo que se ha hecho», pero «el PP sigue fabulando, sacando conclusiones y dictando sentencia». Un reproche que suscribió Rosa Valdés (PRC), convencida de que a los populares «les va a caer todo en la boca». En el debate no faltaron las referencias al exgerente de Valdecilla y miembro de la Ejecutiva del PP cántabro César Pascual, recién cesado de su puesto en la Consejería de Sanidad de Madrid, que está siendo investigado por supuestas presiones para favorecer la adjudicación del servicio de ambulancias a Ferrovial.

Tanto Rubén Gómez como Juan Ramón Carrancio criticaron que durante dos meses la Consejería tuviera conocimiento de las denuncias de la funcionaria y «no moviera un dedo». Y Podemos, que lamentó haber tenido que solicitar esta comparecencia para poder acceder a estas explicaciones, concluyó que «tendremos que continuar insistiendo para que se esclarezcan las denuncias, en vista de que en gran medida no se ha contestado a las dudas planteadas».