El Gobierno cántabro acepta que el Racing pague en diez años los dos millones que le debe

La decisión del Gobierno de Cantabria, que se tomó en la reunión semanal del gabinete de Miguel Ángel Revilla el pasado 25 de enero y de la que no se informó a los medios de comunicación, culmina un proceso de cesión de la marca que en estos tres años se ha topado con reticencias por parte de la anterior Intervención y de los servicios jurídicos. La operación se formalizará a comienzos de abril en una firma conjunta con la Oficina de Proyectos Europeos (la antigua Coordinadora de Empresas), que tiene que materializar también el cese de la marca y los derechos federativos -imprescindibles para que el equipo pueda competir-, así como otros aplazamientos pendientes.

Pero para devolver al equipo la propiedad del escudo y la denominación, el Racing debe garantizar el pago de los dos millones. En definitiva, una operación de ida y vuelta para aliviar la complicada situación del equipo en Segunda División B, a pesar de que el grupo Pitma (que controla la mayoría de acciones de la entidad) se haya comprometido a oxigenar la situación de los verdiblancos.

Los términos del acuerdo pasan por aplazar el pago de los dos millones de euros durante la próxima década con un tipo de interés del 4,95%, que se aplicará desde la fecha en la que se tenía que haber solventado la deuda (21 de marzo de 2017). La paradoja es que el organismo público, dependiente de la Consejería de Economía, ha aceptado de nuevo como garantía del Racing la pignoración (operación que permite a una persona obtener una prestación durante un tiempo a cambio de una prenda) de la marca, que el bipartito va a ceder gratis porque considera que «está deteriorada».

El Gobierno ha dado luz verde al considerar que la reestructuración del pago no supone un incremento de riesgo para el Instituto Cántabro de Finanzas y teniendo en cuenta la posibilidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Cuando se rubrique el acuerdo entre las instituciones, el Racing pagará la primera amortización el 30 de octubre de 2018.

La situación permanece enquistada desde 2005, cuando el Gobierno de Cantabria (también PSOE-PRC) impulsó una operación puente para propiciar la salida del club del Grupo Sadisa que, encabezado por Santiago Díaz, era su accionista de referencia. Como medida de presión, ya se había aprobado en una junta general de accionistas la futura entrada de la sociedad en causa de disolución y el Ejecutivo respondió a la solicitud de los propietarios de Racing impulsando un complejo proceso con el objetivo que que no fuera necesario invertir dinero público en la operación de rescate.

El entonces consejero de Economía, Ángel Agudo, lo definió entonces como una «operación de ingeniería financiera» en unas palabras que han quedado marcadas a fuego en todo el entorno racinguista. El que era presidente y máximo accionista del Racing, Santiago Díaz, tenía 17 millones avalados y la crítica situación del equipo, que había arrojado pérdidas en los últimos ejercicios, amenazaba su ejecución, de modo que acordó la venta del equipo a cambio de una cantidad simbólica y la liberación de sus avales.

Para ello el Gobierno aprobó una subvención al Racing de 22 millones durante once años (dos por temporada) en concepto de promoción del deporte base, una cantidad cuyo regreso se aseguraba mediante un contrato de alquiler de la marca 'Racing' por la misma cantidad. Esta subvención permitió avalar un crédito con el que levantar los avales, algo que en caso contrario hubiera resultado imposible, puesto que el Racing no era una empresa solvente.

Para restablecer el equilibrio patrimonial y evitar la disolución del club, CEP Cantabria (la Coordinadora de Empresas Públicas del Gobierno de Cantabria) concedió además un crédito participativo de 6,75 millones al Racing, un capital que se obtuvo no vía presupuestaria, sino a través de un crédito con el objetivo de que el futuro comprador lo asumiera. Se trata del crédito participativo que posteriormente el nuevo propietario, el grupo Silver Eagle de la familia Montalvo, no pudo asumir, generando un quebranto.

Una vez ultimado todo el proceso, el 23 de diciembre de 2004 se firmó la escritura de compraventa del 53,4% del capital social del Racing. En concreto, 1.568.624 acciones que el constructor cántabro controlaba a través de dos de sus sociedades, Hormigones Cántabros y Promodico, y mantuvo sólo la propiedad de un pequeñísimo paquete que tiene suscrito a título personal.

La venta de las acciones se produjo a un precio simbólico de diez euros, y el desembolso real fueron los 6.750.000 euros del crédito participativo, que se sumaron a los 1,2 millones que el Ejecutivo ya había desembolsado un año antes para adquirir otro paquete accionarial del 8%, con lo que su participación pasó a ser del 61,4%.

Poco después se activaría el proceso de ida y vuelta de los dos millones, cuyo último plazo no satisfizo el Racing y que ha generado la deuda ahora aplazada.