El Gobierno asume la reforma fiscal de Carrancio y garantiza su apoyo al Presupuesto

Carrancio se negó al aumento de las tasas a las «clases medias» desde las primeras reuniones que ha mantenido con el Ejecutivo. Fue una de sus «condiciones indispensables» durante los contactos que mantuvo con los consejeros y los directores generales durante las últimas semanas. Y, al final, el Gobierno ha tenido que ceder para poder conseguir el voto que le falta en la Cámara para aprobar las cuentas.

El acuerdo, a falta de una escenificación de un apretón de manos y de flecos administrativos que ambas partes dan por un mero trámite, incluye, entre otras medidas, que el impuesto de Transmisiones de Bienes Inmuebles se mantenga con el tipo impositivo al 8%, en lugar del 10% que planteaban PRC y PSOE, para rentas declaradas que no superen los 30.000 euros; reducir el gravamen al 1% en las donaciones entre cónyuges, descendientes, adoptados y tutorizados hasta 50.000 euros, frente al 6% proyectado; y, en el caso de sucesiones, aumentar la bonificación del 100% hasta el límite de los que perciban 100.000 euros de herencia, frente al límite de 60.000 euros. Una subida que el consejero de Economía, Juan José Sota, describió, en su día, como «mínima, justa y equilibrada».

Aunque inicialmente regionalistas y socialistas tenían pensado aprobar estas modificaciones durante el debate de Presupuestos y presentar más adelante este acuerdo, mientras intentan sumar también a Podemos para evitar las críticas de la oposición, los socios de Gobierno no han tenido más remedio que mostrar sus cartas antes de tiempo a través de las enmiendas parciales. El problema ha sido que Carrancio, que había consensuado estas medidas con los técnicos de la Administración regional para garantizarse su aprobación, como ya adelantó este periódico, presentó sus propuestas con un importante defecto de forma. El diputado registró solo los cambios que quería introducir en el documento y no incluyó el resto de tramos diseñados por el Ejecutivo en estas tres tasas, lo que, de salir adelante, los dejaría sin efecto.

Según fuentes parlamentarias, al darse cuenta del error, que supondría tumbar las demás modificaciones recaudatorias, regionalistas y socialistas han tenido que cambiar el paso y hacer suya la reforma fiscal del exCiudadanos, que sigue en su escaño en medio de acusaciones de tránsfuga tras abandonar la formación naranja en verano. Fueron los coaligados los que avisaron el pasado lunes de lo ocurrido a Carrancio horas antes del debate contra el transfuguismo, le explicaron que lo iban a corregir y se emplazaron a limar los últimos flecos la semana que viene. Sin embargo, prefirieron hacerlo con discreción al mandar una escueta nota informativa en la que sólo detallaban el número de enmiendas.

Si sumamos los incrementos previstos en los impuestos propios y los del Estado, el bipartito esperaba recaudar 25 millones más el año que viene. El impacto que tendrá ahora el frenazo a la subida fiscal aún no se ha concretado, así como tampoco sus consecuencias en el fondo para inversiones que tanto peleó el PRC con su socio socialista. Una primera estimación apunta a que podría rondar los 10 millones de euros. Desde el Ejecutivo recuerdan que este año se han ahorrado sólo con las adjudicaciones de proyectos casi 38 millones, según se recoge en los informes de Intervención que se mandan periódicamente al Ministerio de Hacienda.

Otra de las medidas más importantes para Carrancio que verá la luz es la recuperación de los derechos de los funcionarios perdidos desde el año 2012, algo que le afecta personalmente, ya que el diputado es funcionario del Ayuntamiento de Santander. El Gobierno de Cantabria tampoco ha tenido ningún problema en aceptarlo. Regionalistas y socialistas contemplan en su segunda enmienda a las cuentas públicas una «disposición adicional» que recoge explícitamente «la recuperación de los derechos de los empleados públicos». La nueva redacción contempla que «se habilitarán créditos necesarios o se ampliarán los existentes para hacer frente a los compromisos adquiridos, o los que se adquieran, especialmente en materia de incapacidad temporal o de derechos sindicales».

A pesar de que ya tienen las botellas de champán listas en la nevera para descorcharlas el 22 de diciembre, día que se aprueban las cuentas, el PSOE no ha perdido la esperanza de sumar el apoyo a última hora de Podemos. Los socialistas, que han aceptado ya las principales demandas de Carrancio al hacerlas suyas, no quieren que la oposición les atice a diario con las acusaciones de pactar con un «tránsfuga». Miguel Ángel Revilla ya se removió el lunes durante la sesión plenaria en el sillón cuando oyó al portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, recriminarle que «no dé nunca más clases de ética política», porque «después de contribuir a emponzoñar la vida democrática de Cantabria, ya no es víctima, es verdugo».

El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, que no ha parado de repetir que él es la nueva política y está alejando de las chanzas del «viejo PSOE», no quiere pasar por el mimo trago hasta el final de la legislatura y trata por todos los medios de convencer a los morados de que les respalden. Sin embargo, el rechazo del bipartito a aceptar la Renta Social Básica de Podemos ha agrandado la brecha entre ambos.