El Gobierno da por hecho la llegada de CUF a la planta de cloro de Barreda

La vicepresidenta ha realizado estas afirmaciones en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, donde ha comparecido este miércoles, junto con el director general del área, Miguel Angel Palacio, por una petición de Podemos aprobada por unanimidad, con motivo de la denegación de la moratoria solicitada por Solvay para continuar con la producción de cloro con tecnología de mercurio durante dos años.

Uno de los asuntos que más preocupa a los trabajadores es el tema de las recolocaciones. En este sentido, Díaz Tezanos ha insistido en que el acuerdo es prácticamente una realidad, lo que garantizaría la inversión para construir unas instalaciones de producción de cloro en la fábrica de Barreda con tecnología de membrana. La vicepresidenta ha asegurado que el pasado 9 de noviembre, Solvay hizo público «que se compromete a recolocar a los trabajadores de la planta de cloro».

También ha recordado la vicepresidenta que la fábrica de cloro de Solvay sostiene alrededor de 100 puestos de trabajo: 40 directos, 15 indirectos y el resto inducidos. La inversión para su conversión al sistema de membranas se cuantificó en su día en 55 millones de euros.

Sobre el proceso que concluyó con la denegación de la moratoria de dos años para seguir produciendo con mercurio hasta que estuviera operativa la nueva planta con sistema de membranas, Díaz Tezanos, y también el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, han reiterado que el expediente se ha tramitado con «transparencia total y absoluta» y que el Gobierno regional ha garantizado la «seguridad jurídica» y no ha incurrido en «ninguna discrecionalidad».

La vicepresidenta ha explicado paso a paso el proceso administrativo seguido desde que, a finales de 2013, la Unión Europea prohibió el uso de la tecnología de mercurio en la fabricación de cloro en un horizonte de cuatro años, a partir del 11 de diciembre de 2017. Además, ha señalado que Solvay inició entonces la búsqueda de una empresa interesada en la conversión de las instalaciones de Barreda, pero «ni en 2014 ni en 2015 encontraron comprador». No fue hasta junio y julio de 2016 cuando Solvay plantea al Gobierno por primera vez la posibilidad de vender la fábrica a la empresa portuguesa CUF. Entonces, se inició el procedimiento de revisión de la AAI y se solicitó la moratoria de dos años para mantener los puestos de trabajo, evitar el deterioro de los equipos y mantener la cartera de clientes.

Díaz Tezanos ha explicado que la resolución favorable a la moratoria (emitida de forma provisional por la Dirección General de Medio Ambiente en abril de 2017) contó con la oposición (a través de alegaciones) de Ecologistas en Acción, ARCA, USO, la empresa Ercros, el Gobierno central -a través del Ministerio de Medio Ambiente- y Traperos de Emaus, entre otros.

También ha añadido Díaz Tezanos que en junio, el servicio jurídico de la Consejería de Medio Ambiente optó por pedir un informe a los servicios jurídicos centrales del Gobierno de Cantabria por tratarse de una cuestión «compleja» de la que podrían derivarse «interpretaciones divergentes» y a la postre «derivar en recursos». Ese informe y otro complementario que se solicitó después al mismo órgano fueron contrarios a la moratoria.

«El debate se ha cerrado con un informe concluyente que el Gobierno respeta», ha sentenciado Díaz Tezanos. Desde Podemos, Verónica Ordóñez ha dicho que «afortunadamente no habéis podido conseguir (en alusión al Ejecutivo) la moratoria», que a su entender «se ha demostrado que no era necesaria porque los puestos de trabajo están garantizados».

La diputada podemita cree que este asunto «huele mal» y que Medio Ambiente se han hecho informes «de parte». También ha afirmado que el Gobierno «es reincidente en bordear las leyes o saltárselas directamente», ha acusado al Ejecutivo de anteponer los intereses empresariales a los ambientales y ha opinado que "el mayor riesgo para Cantabria es la Dirección General de Medio Ambiente». Por eso, ha pedido la dimisión de Miguel Ángel Palacio.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha afirmado que el bipartito PRC-PSOE «ha querido poner el carro de los bueyes anunciando que la prórroga se iba a dar antes de tener asegurado jurídicamente que era viable». Y, aunque los puestos de trabajo «parece que se han salvado con este acuerdo», ha puesto el acento en las contratas que trabajan en exclusiva para Solvay o son su principal fuente de ingresos.

Desde el PP, el exalcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha acusado de «negligencia y temeridad» a la vicepresidenta, que en su opinión «no ha hecho las cosas a tiempo y se le ha pasado el arroz» en este tema, con un «resultado inapelable que es el cierre de la planta durante dos años».

La vicepresidenta ha replicado que el Gobierno no es «un salvador de empresas, sino un Ejecutivo que ayuda y facilita, y que ha respetado la libertad empresarial de una empresa privada». También ha acusado al anterior Goberno del PP de hohacer nada «en 2013, 2014 y la primera mitad de 2015».