El Gobierno cántabro rechaza las alternativas del Ministerio a Vuelta Ostrera y plantea tres nuevas

El jefe de sección de Impacto Ambiental, Ricardo González Luena; la técnico superior en Medio Ambiente Elena Sainz-Maza Abascal, y el jefe de servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales, Ángel de Miguel Escalada, firman un informe demoledor a las alternativas presentadas -cada una contemplada con emisario submarino o sin él- en el Estudio de Impacto Ambiental por «no incluir con suficiente rigor y profundidad los estudios necesarios para permitir una correcta valoración de los impactos ambientales asociados al proyecto».

La depuradora de Vuelta Ostrera ha escrito una de las páginas más oscuras de la crónica ambiental de Cantabria. Su construcción hace doce años, con un coste de 24 millones de euros, su paralización por la denuncia de los ecologistas y la posterior orden judicial de derribo por levantarse en terrenos de dominio público marítimo-terrestre supusieron un conmoción social para la comarca Saja-Besaya, que llevaba décadas demandando el saneamiento de la ría de San Martín, y una convulsión política que llegó hasta el Parlamento.

Dos prórrogas sucesivas del Supremo, en 2006 y 2013, le han permitido limpiar las aguas de Torrelavega y los municipios de su entorno. El Supremo llegó a dar un ultimátum el año pasado al Estado y responsabilizó directamente a García Tejerina del futuro de la depuradora si no agilizaba los trámites para la búsqueda de otra ubicación. Fue entonces cuando firmó la redacción del estudio de alternativas.

Hasta ahora Medio Ambiente ha barajado siete opciones para construir la infraestructura que sustituirá la ilegalizada Vuelta Ostrera, todas ellas recogidas en un estudio técnico. La primera sitúa la instalación en El Borroñal, una parcela al oeste del barrio de Hinojedo, que era la mejor puntuada. La segunda, Riaño/Sniace, en la zona aguas arriba del Matadero y en la otra margen, en unos terrenos anexos a la estación depuradora de aguas industriales de la fábrica Sniace. La tercera, a unos 300 metros al norte de la actual estación depuradora y que ya fue desechada en 2015 por el Ejecutivo cántabro y por la asociación ARCA, que es parte activa en el proceso judicial. La cuarta opción, en la isla de Solvay; la quinta, en Cudón; la sexta, en Tablía, y la última estaría en la cantera de Cuchía.

El informe del Gobierno cántabro, que ayer fue remitido al Gobierno central y al Parlamento regional, supone una desautorización en toda regla al trabajo de la Confederación Hidrográfica y tira por tierra todas las propuestas, excepto la cantera de Cuchía.

Los técnicos de la consejería sonrojan al Ministerio porque el resto de opciones que plantea ni siquiera cumple sus criterios de exclusión como zonas inundables, por no estar a 100 metros de los núcleos de población, no ubicarse en terrenos por debajo de una cota de 15 metros, ser zonas de alto valor agrológico o terrenos afectados por procesos geomorfológicos con riesgo.

Los expertos se quejan en su informe de que sin efectuar una «revisión exhaustiva» del marco legal utilizado para diseñar las posibles ubicaciones se ha detectado que muchas de las normas y directivas en las que se sustentan el Estudio de Impacto Ambiental están derogadas por normas posteriores e incluso se incluyen ordenes estatales por las que se establecen las subvenciones para la mejora de las redes de saneamiento o incluso para limpieza de playas, una normativa que «no es aplicable a este procedimiento».

Debido a todos estos reparos, los expertos se decantan por otros tres nuevos espacios que cumplirían las condiciones para acoger la nueva estación que debe dar servicio a los 130.000 cántabros asentados en los 23 municipios del entorno y que son los de mayor actividad industrial de la región y que vendrían a sumarse al de Cuchía.

Mediante el empleo de bases cartográficas propias y los sistemas de información geográfica de los que dispone la Dirección General de Ordenación al Territorio, los técnicos ponen sobre la mesa la alternativa de El Barco, en la margen derecha de la ría y a 900 metros de la actual depuradora. La segunda es el Hornillo, en la margen izquierda de la ría y que permitiría mantener el mismo trazado para las conducciones planteadas en Cuchía. Y, por último, Horcada, que se ubica entre la factoría de Solvay y la isla de Solvay. Sin embargo, los propios técnicos alertan de los riesgos de esta opción.

«Sobre este emplazamiento recaerían los similares incertidumbres que la isla de Solvay. Por lo tanto, para evitar valorar ambientalmente una alternativa incierta, que posteriormente sea descartada por la inseguridad que rodea a la propia ejecución de la obra, es necesario garantizar dos cuestiones fundamentales; la necesaria capacidad de suelo y los trabajos necesarios para proceder en su caso a la descontaminación del suelo, con el objetivo de asegurar tanto ambiental como económicamente que es una alternativa real», dejan por escrito.