El Gobierno propone 106 medidas para luchar contra el cambio climático

Una estrategia no es una ley, ni un decreto. Marca, básicamente, un compromiso para cumplir unos objetivos. Los de Cantabria son ayudar al país a reducir en lo que le toca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y «fomentar la resiliencia (capacidad de adaptación a un agente pertubador) al cambio climático». Preguntarse qué puede hacer la región –en su ámbito, dentro de sus competencias– para apoyar los acuerdos nacionales, europeos... Y en ese contexto se incluyen las 106 medidas del sexto borrador de la 'Estrategia de acción frente al cambio climático 2018-2030', un documento al que sólo le falta ya el visto bueno del Consejo de Gobierno. Sexto borrador porque el texto se ha ido modificando reunión tras reunión con numerosos agentes en busca de «un consenso amplio», según explican desde Medio Ambiente. Concretando objetivos o añadiendo posibles medidas «de mitigación y adaptación». Aplicarlas, según el propio escrito al que ha tenido acceso este periódico, supondría casi 45 millones de euros.

Las medidas se incluyen en siete grandes apartados. El bloque más amplio es el del sector residencial, comercial e institucional. En total, 34 medidas que hacen hincapié en la eficiencia energéticca, la disminución de consumo de recursos y, especialmente, en la toma de conciencia de los efectos del cambio climático. «Cantabria quiere afrontar esa realidad porque sus consecuencias y efectos los vemos todos los días», asegura la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Ella –y el documento– ponen ejemplos. La temperatura media anual de Cantabria en los últimos treinta años ha subido un 0,45%, las precipitaciones han disminuido un 10% y el nivel del mar se incrementa. Se habla de «mediterraneización» del clima (que acabará con especies autóctonas), de retrocesos en las playas que en 2040 pueden ser de unos tres metros y de grandes cuentas de gastos para hacer frente a inundaciones y otros «eventos extremos» (Cantabria, Coruña y Guipúzoca serían las más afectadas en el el Cantábrico por estos fenómenos).

Para el sector del transporte se proponen otras doce medidas, con el objetivo amplio de reducir las necesidades de movilidad y fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público. Lo siguiente –con 18 acciones previstas– son las actuaciones en el ámbito agrícola y ganadero. «Proteger las zonas naturales, agrícolas, ecosistemas y en especial las reservas forestales para preservar e incrementar la capacidad de sumidero de carbono», resume de forma genérica el borrador. En el apartado presupuestario este ámbito es el que implicaría un mayor gasto, con 17 millones de euros.

Para el sector de los residuos (ocho medidas más) se afianzan criterios de reutilización o de reciclaje mientras que en lo referente a gases fluorados (cuatro acciones) la estrategia persigue un control exhaustivo de sistemas de refrigeración, de aire acondicionado o de equipos eléctricos de forma que se eviten fugas o se fomente la sustitución por nuevas tecnologías menos agresivas.

La eficiencia energética de las instalaciones (además de reducir el consumo de combustibles) centra las tres medidas en el apartado 'sector industrial no ETS'. Pero eso conviene explicarlo. El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (European Union Emission Trading Scheme, o EU ETS, por sus siglas en inglés) es un modelo de comercio de permisos de emisión creado en 2005. En él, las instalaciones reguladas (las grandes instalaciones industriales) reciben una asignación de derechos de emisión para compensar sus emisiones basándose en el principio de que es irrelevante dónde se produzca la reducción de emisiones, lo que se consigue reduciendo la cantidad total de derechos disponibles a nivel europeo año tras año. O sea, que pueden reducir sus emisiones para cumplir o comprar permisos que a otros les sobran.

En Cantabria hay 21 instalaciones sujetas a este modelo, que son responsables del 44% de las emisiones. Para el resto son esas tres medidas de este apartado de la estrategia, que se completa con el llamado sector 'transversal', el segundo que implica más acciones (27).

Y es importante por el calado de las medidas que se proponen. Además de aumentar las auditorías energéticas a grandes empresas, se propone incorporar a la legislación las obligaciones de contemplar las variables del cambio climático en la planificación territorial y urbanística. Tenerlo en cuenta en las políticas y también a la hora de entregar subvenciones.

«Con esta Estrategia, que será revisable cada dos años –las medidas incluyen indicadores para medir si se avanza o no– queremos además estar en permanente respuesta activa, sumando todos los esfuerzos necesarios y desde todos los ámbitos», apunta Díaz Tezanos. Ese 'todos' forma parte del proceso que se ha seguido para 'parir' los sucesivos borradores. Por dentro –del propio Gobierno– y por fuera. Los dos primeros salieron del trabajo de los técnicos designados por 28 direcciones generales de todas las consejerías. Quieren que todos los departamentos 'se mojen'. Luego, un periodo de participación externa dio paso a reuniones y entrevistas con representantes de la universidad, los centros de investigación, los sindicatos, la patronal, los ayuntamientos... En la Dirección General de Medio Ambiente se felicitan «por la unanimidad» en la aprobación de este último borrador en la Comisión Interdepartamental sobre el cambio climático y en la Ponencia Técnica. Dicen que eligieron esta fórmula frente a la de «sacar un contrato menor y adjudicar a una empresa la estrategia y su control, como se hizo en el periodo 2008-2012».