El Gobierno quiere subir los impuestos a las herencias que superen los 60.000 euros

Por primera vez desde que el PP lo eliminó casi por completo en la pasada legislatura, el impuesto de sucesiones subirá. Lo hará, eso sí, para las bases imponibles más altas. Hasta ahora, cualquier herencia entre padres o hijos o entre primera línea de consanguinidad estaba bonificada al 99%. Es decir, casi inexistente. A partir del año que viene, esa reducción será menor -sólo del 95%- entre los 60.000 y los 200.000 euros de base imponible. Y a partir de esa cifra se deducirá todavía menos -un 90%-. Por contra, los tramos más bajos, los de menos de 60.000 euros, pasarán de una bonificación del 99% al 100%.

Además, la Consejería de Economía que dirige el socialista Juan José Sota aumentará -desde los 8.000 hasta los 25.000 euros- la reducción de la que disfrutan los parientes colaterales de segundo grado, es decir, los hermanos. «Se trata de establecer una tributación más equilibrada, coherente y justa que ayude a combatir las desigualdades generadas en los últimos años», se indica en el informe.

El Gobierno ya intentó parecidos movimientos en noviembre de 2015, a los pocos meses de ganar las elecciones, pero decidió posponerlos hasta que hubiera una regulación estatal común para todas las comunidades, con el objetivo de evitar que las empresas tengan la tentación de marcharse de la región. De hecho, hay autonomías, como Madrid, que lo eliminaron para atraer residentes y nuevas compañías. Esa normativa nacional sigue sin existir.

Podemos, su aliado entonces, era partidario de endurecer este tributo a las rentas más altas, pero tuvo que conformarse con hacerlo en el IRPF. «No es conveniente que Cantabria grave las herencias y donaciones mientras otras comunidades no lo hacen. Podemos lo tiene que entender», indicó por aquel entonces Miguel Ángel Revilla.

El intento definitivo por hacer estos cambios impositivos se produjo el año pasado, pero Ciudadanos lo frenó a cambio de su apoyo a las cuentas en el Parlamento. El partido de Albert Rivera vetó cualquier tipo de subida y la Consejería de Economía se vio obligada a rehacer el documento para restar los 20 millones de euros que esperaba recaudar con esa reforma fiscal.

El impuesto de donaciones será uno de los más afectados el año que viene, favoreciendo aún más el acercamiento entre el bipartito y Juan Ramón Carrancio. El exdiputado de Ciudadanos, previsible aliado del Ejecutivo para darle en el hemiciclo el voto que le falta para aprobar el Presupuesto, defiende la necesidad de bajar este tributo. «No puede ser que ayudar a un familiar salga más caro que vender algo a un extraño. Lo que se paga por las donaciones es mucho», aseguró a este periódico.

Por primera vez desde que Cantabria tiene competencias sobre las donaciones, el Gobierno entrará a fondo a regular los tipos de gravamen para cónyuges, descendientes adoptados y tutores legales, con un tipo del 6% para las menores de 50.000 euros; del 10% hasta los 100.000 euros; del 20% hasta los 400.000; y del 30% por encima de esa cantidad.

Además, mantendrá las bonificaciones en las donaciones inmobiliarias activas desde 2010. Cuando un padre quiere regalar una vivienda a su hijo, por ejemplo, la reducción del impuesto es del 99%, hasta los 200.000 euros, siempre que la casa se utilice como residencia habitual y la renta familiar sea inferior a cuatro veces el salario mínimo, entre otras condiciones. También hay ventajas si lo que se quiere entregar es un terreno para construir allí una vivienda.

El impuesto sobre el Patrimonio se mantendrá el mínimo exento, pero se aumentarán progresivamente los tipos para que los contribuyentes con más capacidad económica paguen más, según la Ley de Medidas que la Consejería de Economía presentará junto al Presupuesto de 2018 en los próximos días. También crece el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, que pasa del 8 al 10% y el de bienes e inmueble, que crece al 8%. Una vez que el documento llegue al Parlamento y negocien para conseguir el único voto que les falta, el Gobierno deberá hacer una tramitación exprés si quiere cumplir los plazos y aprobarlo antes del 1 de enero. El año pasado, por culpa de las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo y agravado por las demoras del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo ya se retrasó un mes en su implantación.

La Consejería considera ahora que Cantabria está iniciando un «periodo de firmeza económico-financiera» que se traduce en un incremento de credibilidad ante los inversores. «Nuestro crecimiento se afianza y algunas grandes empresas empiezan a confiar en nuestra región al elegirla como centro de trabajo. Es esto lo que pretendemos potenciar con la reforma fiscal», destacan en el informe.

Una visión que comparte Revilla. Aun reconociendo que los datos del paro registrado en la región en octubre fueron malos, el presidente destacó la semana pasada el crecimiento experimentado por la economía regional durante el tercer trimestre del año por lo que consideró que «la recuperación se afianza». «Cantabria ha sido la tercera región de España en crecimiento del PIB, lo que nos acercaría a final de año a un crecimiento del 3%, cuando hace bien poco todos los informes apuntaban que no pasaría del 2,5%. Y tenemos 3.065 parados menos que hace un año. La tasa de desempleo se ha reducido en 5,5 puntos desde que comenzó la legislatura», destacó el líder regionalista.

El departamento que dirige Sota también reconoce que estos cambios impositivos son necesarios para satisfacer las exigencias del Ministerio de Hacienda, tanto para cumplir con el objetivo de déficit -el año pasado duplicó el máximo permitido- como el de deuda. «Cantabria no ha sido ajena a las enormes vicisitudes generadas por la crisis ni tampoco a las cada vez más fuertes exigencias en materia de control presupuestario», recuerdan.

Esta reforma fiscal, que el Gobierno de Cantabria guarda con recelo hasta remitirla al Parlamento, se convirtió en la protagonista política de la pasada semana. El PP, principal partido de la oposición, la usó de arma arrojadiza para denunciar que PRC-PSOE pretenden asestar un «sablazo» a los contribuyentes con el apoyo de un «tránsfuga». La presidenta de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, ya alertó de la subida de impuestos y de que Sota esconde una reforma fiscal de más alcance «con el único objetivo de recaudar más dinero de todos los cántabros». A su juicio, sólo aumentando los ingresos se pueden cuadrar las cuentas después del pacto de aumento de gasto que firmaron los dos socios del bipartito para cerrar la crisis de Gobierno.

Sus acusaciones molestaron en el bipartito y fue el propio titular de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, quien respondió que se realizarán «pequeñas modificaciones» que no afectarán a «las personas normales y corrientes; en todo caso, muchos se sentirán aliviados». Así, consideró que el PP no puede dar al Gobierno «lecciones» en materia de impuestos. «Todos sabemos que el señor Montoro ha hecho subidas de impuestos de manera indiscriminada», advirtió, antes de atribuir al ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy la mayor subida de presión fiscal en democracia.