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DANIEL MARTÍNEZ
SANTANDER.
Lunes, 4 de diciembre 2017, 07:24
A pesar de que son, con cerca de 350 miembros, una de las asociaciones de la Guardia Civil más activas de la región, muchos cántabros ... conocieron a la UniónGC hace poco más de un mes gracias a la 'expedición de los sobaos' que realizaron para 'abastecer' a los compañeros desplazados a Cataluña y, sobre todo, mostrarles su apoyo en unos momentos «muy difíciles». Javier Nodar (Lugo, 1967), su máximo responsable autonómico, considera que el «episodio de la sedición» ha servido para hacer visible una de sus principales reivindicaciones y demostrar que «la Guardia Civil siempre está al pie del cañón en los momentos más complicados».
-El conflicto catalán ha puesto de manifiesto una de sus principales luchas, la equiparación salarial.
-Hasta ahora no habíamos sido capaces de hacer visible este problema. Después de este gran esfuerzo, uno más de tantos, entendemos que ahora el Estado tiene que dar un paso adelante. No sólo porque es de justicia mejorar nuestras condiciones, sino porque eso repercutirá en la mejora de la seguridad. No puede ser que seamos a los que más se nos exige y a los que menos se nos reconoce. Si no se produce esa equiparación salarial habrá movilizaciones.
-¿Cuál es la diferencia entre el salario de un guardia civil en Cantabria y un mozo de escuadra?
-Aquí cobramos entre 600 y 700 euros menos. A medida que subimos en la escala de mando las diferencias se hacen más pequeñas.
-¿Aún quedan agentes cántabros desplazados en Cataluña?
-Ya están todos de vuelta. En cuanto se ha normalizado la situación nuestra presencia se ha hecho innecesaria. Hay que ser conscientes de que las plantillas ya están muy ajustadas, así que al desplazar gente se privó a Cantabria de unos agentes que son muy necesarios. Hay que agradecer a los compañeros que fueron a Barcelona de forma voluntaria sin saber lo que se iban a encontrar, pero también hay que reconocer que los que se quedaron hicieron el mismo trabajo con menos recursos.
-¿Sienten que han ganado o perdido prestigio por su actuación en Cataluña?
-Algunos compañeros me han dicho que después de muchos años, ciudadanos han vuelto a pararles para darles las gracias. La gente sabe que los agentes que fueron a Cataluña no tenían ni los mejores medios, ni el mejor contexto. No toda la población allí era hostil con nosotros, pero sí una parte.
-¿Ve afán de venganza o revanchismo en gritos como el 'a por ellos' que se escuchó en la despedida a la Guardia Civil en Campogiro?
-No fueron las palabras más afortunadas, pero no creo que hubiera un fondo de revancha. Es más, creo que se han manipulado. La Guardia Civil tiene la misma simpatía hacia Cataluña que hacia cualquier otro territorio de España. Hay que entender que para mucha gente eran momentos de mucha tensión. Hay que verlo en ese contexto.
-¿Tienen contabilizado el déficit de agentes en Cantabria?
-Unos 200 efectivos. Además, se están cubriendo puestos administrativos y se están retirando guardias civiles que estaban sobre el terreno. Entendemos que hace falta gente en los despachos, pero no a costa de quitarles de la calle.
-Para paliar esta situación, algunas comandancias están poniendo en marcha patrullas unipersonales. ¿También ha ocurrido en la región?
-Este tipo de cosas se han detectado. Lo que está claro es que la falta de personal va en contra de la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes. Cuando una patrulla pide apoyo y tarda 25 minutos porque sólo hay tres coches en la calle y están repartidos, se pueden correr riesgos. Este verano estuvimos a punto de tener un disgusto por una situación de este tipo.
-Los guardias que participaron recientemente en un tiroteo en Cangas de Onís se quejaban de que iban sin chalecos antibalas. ¿Podría darse esta situación en Cantabria?
-Igual que no hay inversión en salarios, tampoco en material. Y chalecos no hay para todos y hay que repartirlos. Si el coche en el que vas tiene que atender un suceso de este tipo y por lo que sea no cuenta con un chaleco... Podría pasar. Lo mismo pasa con las armas largas. Parece mentira, pero a veces los delincuentes tienen más capacidad armamentística que nosotros.
-¿Esa falta de personal es lo que está obligando a reducir el horario de atención de algunos cuarteles? ¿Se está perdiendo el vínculo entre el cuerpo y el mundo rural?
-Algunos acuartelamientos están abriendo sólo un día a la semana y por su actividad deberían tener otro tipo de servicio más amplio. Está pasando en Polanco o en Los Corrales. Abren las mismas horas que el de Vega de Pas, cuando la población a la que dan servicio es muy distinta. Es cierto que ese contacto con el mundo rural ha sido muy característico y el ciudadano de estas zonas tiene que tener la misma calidad de servicio que el de la ciudad. Igual que no puede haber un hospital en cada pueblo, tampoco un cuartel, pero hay que reestructurar el servicio para que nadie quede desatendido.
-En los últimos tiempos se ha detectado un alto índice de suicidios en el cuerpo y habitualmente se responsabiliza a la relación con el mando y a la fuerte jerarquización. ¿Está de acuerdo?
-Cantabria no es una comandancia especialmente conflictiva, pero hay problemas. En la asociación intentamos encauzarlos dialogando con los superiores, pero el marco jurídico no ayuda. En el caso de los suicidios, hay mucho oscurantismo. Hace falta que la Guardia Civil sea más clara, pero es temerario hablar de una sola causa. Nuestro trabajo tiene muchos riesgos psicosociales y estamos expuestos a mucha violencia. Si a eso sumas la presión de los mandos, la falta de recursos... Ahora, el psicólogo con el que podemos hablar es a la vez un capitán, nuestro superior. En Cantabria no hay uno específico. Sería necesario alguien de fuera que dé tranquilidad, porque es muy difícil separar el rol de jefe y de psicólogo.
-La UniónGC ha pedido un protocolo para casos de violencia de género dentro del cuerpo.
-Llevamos años luchando contra la violencia de género, pero lo que se pregona y funciona fuera no se aplica dentro. Tenemos una estructura muy jerarquizada en la que muchas veces la vida pública y la privada no se diferencian. El que recoge una denuncia puede ser un compañero, o el denunciado puede tener acceso a las bases de datos sobre su víctima. A eso hay que sumar que existe un grave problema para la conciliación, sobre todo en el caso de las mujeres.
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