La incógnita sobre el futuro de la Residencia se prolonga al añadirse otro año más a su letargo

La Residencia Cantabria va camino de convertirse en una patata caliente que no se sabe a qué manos acabará quemando. El plan parecía de carril: después de casi medio siglo de actividad, llegaba el momento de clausurar el viejo hospital cedido por el Estado a Cantabria. Se reubicaban todos sus servicios y consultas en el nuevo Valdecilla y se hacía la devolución a su propietario, la Tesorería de la Seguridad Social. Después quedaría por decidir el futuro del edificio, tras analizar a fondo las condiciones de esta gigantesca estructura y sus posibilidades para una segunda vida. Pero en la planificación de ese desmantelamiento quedó un fleco por resolver: el bloque anexo, el que acoge las oficinas de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y de Atención Primaria. Y ese «olvido» es la razón de que se haya demorado el retorno de la Residencia a manos estatales, y de que aún no pueda hacerse efectivo como mínimo hasta octubre de 2018. Un plazo que se amplía seis meses sobre la última previsión de Sanidad, que admite que «urge devolverlo cuando antes, pero no podemos».

Para hacerlo, había dos alternativas posibles. Una era dividir las instalaciones que comparte la Gerencia del SCS con la Residencia (calefacción, agua, luz...) y seguir funcionando sin 'inquilinos' al lado, aunque «esa sectorización tendría un coste de casi 700.000 euros». La otra, recolocarse en otro emplazamiento y hacer la devolución a la Seguridad Social del conjunto íntegro. Desde su llegada a la Gerencia del SCS, con el macrotraslado a las puertas (2015), Julián Pérez Gil se inclinó por la segunda opción. Criticó que durante la legislatura del PP no se contemplara la reubicación del edificio anexo a la Residencia, «porque nos hubiéramos evitado estos problemas ahora».

En mayo, confirmó a este periódico que la devolución del edificio se iba a demorar «hasta marzo de 2018» porque antes había que desalojar las oficinas del bloque contiguo y buscar acomodo en un nuevo destino. La mejor solución era la sede actual del Instituto de Investigación Valdecilla (Idival), justo enfrente y en buenas condiciones, pero esa operación implica una recolocación en cadena «que no se puede hacer de la noche a la mañana». Requiere que el Idival se mude a Valdecilla, al espacio que dejará el Servicio de Microbiología cuando éste quede acoplado en los laboratorios centrales del hospital, cuya obra se está acometiendo ya.

Se sabía que ese proceso iba a estar marcado por los plazos administrativos, pero va a ser «aún más lento de lo esperado». Y mientras tanto, la achacosa Residencia acusa el paso del tiempo. En julio dio un pequeño susto que encendió las alarmas. El desprendimiento de parte de una fachada, en el interior del túnel por el que discurre el vial que circunda al hospital, recordó que la razón principal de que se decidiera poner fin a la antigua maternidad de Cantabria, inaugurada en 1969, era que presentaba un evidente estado de deterioro por la falta de inversión en mantenimiento, a sabiendas de que su final estaba escrito. Nadie cuestionó que, pese a la nostalgia y los recuerdos vividos entre sus paredes blancas, era una decisión acertada. Se puso el candado definitivo y se amuralló de ladrillo para evitar los saqueos, a la espera de poder hacer la entrega al Estado.

Tras aquella caída de la cornisa se determinó el cierre del paso de vehículos por ese lateral del hospital y se procedió a acordonar todo el perímetro con una valla metálica. Pero el incidente, además, obligó al Servicio Cántabro de Salud a replantearse la situación y buscar un plan 'c' para acelerar su salida de la parcela, el único obstáculo que impide la devolución de 'la Cantabria' a la Tesorería de la Seguridad Social.

La solución pasaría por trasladar la Gerencia a un destino provisional hasta que pueda instalarse de forma definitiva en el Idival, toda vez que las oficinas de Atención Primaria (unos 80 trabajadores) se llevarán a las plantas disponibles en el edificio del centro de salud de la calle Vargas, en plena reforma -los cálculos de Sanidad hablan de que ese traslado será posible en enero-. Desde el pasado agosto, la Dirección del SCS está buscando un espacio de alquiler por un periodo de un año en el que tenga cabida toda su plantilla -120 personas- y que no requiera una gran inversión para acondicionarlo. Pero el problema es que no lo encuentra.

La opción que mejor encajaba, a priori, era el edificio de oficinas de Caja Cantabria (Liberbank) de Cazoña, por ubicación y capacidad. Sin embargo, la reforma que habría que realizar ha hecho que se descarte esta opción. «Tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos es una cosa provisional, no podemos permitirnos hacer una inversión fuerte para irnos a la vuelta de un año», reconoce Javier González, subdirector de Gestión Económica del SCS.

Otra alternativa fallida era el Parque Científico y Tecnológico (Pctcan), donde «nos ofrecieron un espacio de 600 metros cuadrados, pero son insuficientes. Necesitamos en torno a 1.200 metros». Así las cosas, «no hay una sede que se adapte a las necesidades que tiene el Servicio Cántabro de Salud, así que hay que ponerse a la cola». No obstante, reconoce que están a la espera del informe encargado a la empresa Recursos de Obras, Montajes y Asistencias S.L. (ROMA) -la misma que realizó la auditoría de obra del nuevo Valdecilla-, que determinará el estado de la Residencia. «Si el resultado es que tenemos que salir ya, pues lo haremos», añade González. Ese estudio será el que marque también las reparaciones que tendrá que asumir la Consejería de Sanidad para entregar el hospital al Estado. Cuando el Gobierno cántabro comunique oficialmente el traspaso, «la Tesorería de la Seguridad Social, en concreto la sección de Patrimonio, fijará los criterios que debe cumplir esa devolución», informa el secretario provincial, Cecilio González, que asegura que «hoy en día no hay ningún plan» de futuro para la Residencia. Puesto que «no hay precedentes de este tipo en Cantabria», no se atreve a aventurar qué puede pasar a partir del día en que el edificio llegue a manos de su propietario ni tampoco si éste pondrá algún 'pero' para aceptar la recepción. Como ejemplo de un potencial escenario sirva el caso reciente del antiguo hospital Puerta del Hierro. La Comunidad de Madrid pretendía hacer la reversión de la cesión a la Seguridad Social de un edificio ruinoso, y puesto que la ley exige que esa entrega sea en buen estado, le suponía una indemnización de unos 75 millones de euros. Así que en lugar de devolverlo, ha preferido poner en marcha los trámites para su rehabilitación con el fin de darle un nuevo uso como centro sanitario de media estancia, que le cuesta la mitad del montante que le reclamaba el Estado.

Esta hipótesis está abierta para la Residencia, después de trascender que el Gobierno de Cantabria se había llegado a plantear la posibilidad de reconvertirlo en sede administrativa e incluso había encargado un estudio del coste de la reforma, que resulta más cara que derribarlo y construirlo nuevo, y eso contando que todas las plantas, además de algunas cubiertas, contienen derivados de amianto, por lo que resultaría preciso realizar un derribo selectivo y el tratamiento posterior de estos residuos contaminantes.

Sin embargo, recuerda González, «para plantear un nuevo uso, primero el edificio ha de ser devuelto a la Tesorería de la Seguridad Social, ya que la cesión inicialmente fue para fines asistenciales, por lo que no se puede dedicar a otra cosa». Mientras la incógnita sobre el futuro de la Residencia se prolonga, el tiempo juega en su contra. Deshabitada desde hace más de un año, su letargo se ampliará como mínimo otros doce meses, salvo que el informe técnico en ciernes obligue a Sanidad tomar medidas preventivas de urgencia, o los desperfectos de las fachadas vuelven a dar otro susto.