El informe encargado por Sanidad confirma «un indebido fraccionamiento» de contratos del SCS

La orden inicial del departamento de Sanidad era preservarlo a buen recaudo hasta la próxima semana, hasta que llegó una contraorden procedente de Presidencia, según fuentes parlamentarias. Todo ello después de que el Partido Popular, el primer interesado en conocer si sus denuncias se habían confirmado, lamentara la «maniobra de ocultación» y exigiera a la consejera «la inmediata remisión del informe al Parlamento». Y así fue como a las 18.30 horas se abrió el melón.

La investigación desarrollada en el último mes, que se resume en 18 folios, analiza cada una de las sospechas apuntadas por el PP, cuya trascendencia final deberá decidir la Fiscalía. No obstante, el informe habla de «un indebido fraccionamiento de contratos» del SCS, un supuesto que aprecia en el caso de las obras de ampliación de las instalaciones del Hospital Virtual -encargadas «con carácter urgente»-, adjudicadas a las empresas Gardenor (por valor de 57.894 euros), Iralia (59.988 euros) y Serincopsa (en este caso tres contratos diferentes por importes similares a los anteriores). El inspector concluye que «nos encontramos ante una unidad operativa o funcional en el aprovechamiento final de la obra realizada, existiendo indicios de vinculación entre las diferentes empresas», como había apuntado el PP (las tres están vinculadas al hijo de un alcalde socialista). No obstante, en favor de los gestores acusados, constata también «la ejecución de las obras» -de julio a septiembre de 2017- y «la adecuación a las necesidades planteadas en su momento».

Otro contrato bajo sospecha en el que aprecia «un supuesto de fraccionamiento» es el destapado por el Sindicato Médico: la compra de los 22 ecógrafos de Atención Primaria. Alburquerque señala que, debido al importe total de la inversión (cerca de 300.000 euros), «quizá debió realizarse mediante un procedimiento abierto con concurrencia pública de licitadores», en lugar de comprarlos de forma individualizada.

En este caso, el subdirector de Gestión Económica, Javier González, principal aludido en las conclusiones (en las que no hay ninguna referencia a la consejera), procedió a hacer el reparto, a partes iguales, entre dos empresas, Sakura y Esaote. El informe recoge «la incorrecta tramitación administrativa, dado que no se ha justificado debidamente en el expediente el posible fraccionamiento del objeto del contrato», así como «las deficiencias en la contabilización del gasto al emitirse el documento contable de reconocimiento de obligación, con fecha de 29 de diciembre, cuando en esa fecha no estaban recepcionados la totalidad de los equipos adquiridos». También en este caso el inspector «ha constatado la existencia de los ecógrafos en los centros de salud y el plan de formación en marcha, en el que se han apuntado más de cien profesionales».

Llama la atención que de la entrevista mantenida con la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, autora del correo electrónico remitido el 8 de febrero al gerente del SCS y a la consejera, en el que denunciaba adjudicaciones a la carta, con la participación de asesores externos, entre otras irregularidades, el informe sólo incluya un párrafo de cinco líneas con una «reflexión relevante», a juicio del inspector: «El muy buen funcionamiento de las mesas de contratación, con un análisis y estudio detallado de la documentación contractual y los informes técnicos». Precisamente, sobre el papel que jugaban los asesores externos (Álvaro y Amaia Sáenz de Viteri), el inspector ha revisado los contratos menores de asistencia técnica, también explicados en el Parlamento por el propio González, sobre los informes técnicos y pliegos de los concursos de laboratorios del SCS y de gestión y mantenimiento del ciclotrón de Medicina Nuclear de Valdecilla. Y concluye que los expedientes «no permiten deducir» que la contratación de una asistencia técnica «no se encuentre amparada por la legislación de contratos del sector público».

Sobre la recepción de obras sin haber sido concluidas -otra de las denuncias que pesan sobre los gestores cesados-, el informe admite que ocurrió así con los trabajos de ampliación de la Unidad de Atención Temprana del centro de salud El Alisal, recepcionados el 22 de diciembre, «cuando las obras no se habían iniciado o estaban en una fase temprana de ejecución», si bien precisa que dichas obras «se encuentran ejecutadas atendiendo a los pliegos existentes y conforme a las previsiones facultativas y de seguimiento técnico efectuadas, así como ajustadas al uso y finalidad previstos».

Esa recepción anticipada, con la firma de actas de comprobación de la inversión a finales de diciembre, se aplicó también en el equipamiento adquirido con la donación realizada en mayo de 2017 por la Fundación Amancio Ortega, aunque el inspector justifica esta actuación: «La finalidad de este documento, ante el inminente cierre del ejercicio presupuestario, consistiría en evitar la pérdida del importe de la inversión adjudicada», el mismo argumento que han defendido desde el principio el gerente y el subdirector del SCS, escudándose en que «es una práctica habitual» en el ámbito de la gestión sanitaria. En este sentido, el informe señala que se trata de un procedimiento que «no se adecua a la normativa de contratación, siendo necesario realizar un acto formal de recepción del suministro», aunque aclara también que se ha comprobado «el efectivo suministro del equipamiento médico relacionado con el tratamiento del cáncer de mama».

La misma explicación aplica el inspector sobre el material médico, incluido en el Plan de Inversiones de Valdecilla, comprado por la Subdirección de Gestión Económica con fecha de 20 de diciembre de 2017, sin que para entonces hubiese sido posible su adquisición. «Desde el hospital se pone de manifiesto que las actas de comprobación de la inversión resulta práctica habitual desde que se iniciaron las obras y suministros posteriores a la caída de la fachada del antiguo edificio de Traumatología, en 1999».