Investigan la muerte de un octogenario en Carasa por un supuesto homicidio

Según confirmó ayer el Instituto Armado a este periódico, agentes de la Policía Judicial tienen abierto un caso por supuesto homicidio a raíz del fallecimiento el pasado mes de un varón de 86 años de edad. La Benemérita recibió el aviso el 11 de julio para trasladarse a Carasa a certificar el deceso del vecino, trámite que siguió los cauces ordinarios. Sin embargo, el informe forense ha obligado a la Guardia Civil a escrutar los hechos que rodearon el suceso, pues la autopsia recogía como causa de la muerte diversas lesiones que contravendrían la teoría de una muerte natural. Según fuentes conocedoras del caso, los daños se centrarían en la zona de la columna y las cervicales. Tal es así que los agentes incluso interrogaron la semana pasada a las dos personas con las que el finado convivía. Al menos una de ellas mantendría una relación de parentesco con la víctima. Tras las declaraciones no se han producido detenciones.

El juzgado será ahora el que vaya determinando los pasos a seguir, aunque la cautela es la nota predominante en torno al caso, principalmente porque hasta el momento no se han obtenido indicios sólidos para aquilatar la tesis del homicidio que sostiene el informe forense. Según la propia Benemérita, las personas que convivían con la víctima fueron las que dieron el aviso de la muerte.

Las inspecciones sobre el terreno no han permitido identificar signos de violencia ni tampoco ha aflorado algún móvil potencial que pudiera explicar que el fatal desenlace entroncara con otro razonamiento que no fuera la muerte natural, más si cabe teniendo en cuenta la edad del fallecido, nacido en 1930.

Las indagaciones policiales no habían trascendido hasta el momento, ni siquiera en la propia localidad de Carasa. «Sorpresa» fue la primera reacción de la pedánea del pueblo, Sheila Pérez, mientras que el propio alcalde de Voto, José Luis Trueba, admitió no tener conocimiento del potencial homicidio y las posteriores pesquisas efectuadas por la Guardia Civil, aunque abogó por la «prudencia» hasta que las autoridades aclaren lo acontecido.

No es la primera vez que un informe forense señala homicidio como causa de un deceso contra el criterio de los agentes policiales. Sin ir más lejos, el 27 de junio de 2014 Wendy Gissel Lorenzo Moreira, uruguaya de 37 años, aparecía muerta en la bañera de su vivienda en Santoña por heridas de arma blanca.

La autopsia fue concluyente y veía sobradamente demostrado que la mujer fue asesinada. Sin embargo, la escena del crimen no señalaba a nadie ni se encontraron huellas o pistas que permitieran seguir un rastro. De hecho, en el auto judicial que archivó el procedimiento al no hallar un posible culpable se reconocía que «las diligencias policiales practicadas concluyen que nos hallamos ante un suicidio». Una hipótesis que el examen forense desmontaba por diferentes motivos, como la presencia de heridas defensivas en la víctima o que las puñaladas fueran asestadas en dos posiciones diferentes.