IU presenta la primera denuncia ante la Fiscalía por los contratos de Sanidad

En la denuncia, presentada el lunes 30 de abril, se apunta a que «de confirmarse los hechos denunciados por la funcionaria y posteriormente por la presidenta del PP cántabro, María José Sáez de Buruaga, nos encontraríamos ante irregularidades que por su gravedad podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados en los artículos 404, 428 y 432 del Código Penal, así como usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal».

Dadas las «graves acusaciones», IU las ha puesto en conocimiento del órgano competente y pide, apelando a la «alarma social» generada al trascender las mismas, la designación de un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y que ejercite las acciones penales en caso de que correspondan.

Además, se solicita que se tome declaración a la funcionaria que reveló los hechos, y que se pida a la secretaria general del PP cántabro, María José González Revuelta, que remita una copia del dossier documental completo entregado al Gobierno de Cantabria en respaldo de las acusaciones formuladas por la presidenta del PP al respecto.

La denuncia ante la Fiscalía trata cuestiones como la paralización de expedientes administrativos «sin ninguna motivación», la recepción formal de obras, servicios y suministros «que no se encuentran listos para su entrega», a los que se tramita la facturación a pesar de las «previas advertencia de ilegalidad» y la realización de propuestas de contratación con base «en acuerdos previos de terceros ajenos a la Administración con empresas concretas, con intervención de estos tanto en la propuesta de contratación como en la evaluación final».

En la petición se hace hincapié en que se denegó el acceso del Servicio de Contratación a cuyo frente estaba la denunciante a expedientes de obras y servicios relacionados con obras, impidiendo así su supervisión, o en el uso por parte de una de estas empresas de un despacho en Sanidad.

«Hacemos lo que haría cualquier ciudadano: pedir a la Justicia que investigue unas presuntas irregularidades que han causado alarma social», explicaba Leticia Martínez al registrar la petición ante la Fiscalía, el organismo que, subrayaba, «tiene los medios y recursos para impulsar investigaciones de este calibre».

Finalmente, Izquierda Unida espera que partidos e instituciones que sean requeridos «colaboren para dar luz a este caso» y «trabajen también por unas instituciones transparentes y comprometidas con el servicio público».