El juicio por el concurso de acreedores de Ecomasa se retrasa hasta septiembre

En él se tratará de averiguar hasta qué punto la gestión de sus propietarios desencadenó la quiebra de la empresa de estufas de Maliaño, que recibió 18 millones de euros de dinero público y en la que se recolocaron 88 trabajadores procedentes del expediente de regulación de empleo de Teka, previo pago de otros 3,2 millones procedentes de la indemnización por sus despidos.

Tanto la Fiscalía como la administración concursal piden la calificación de culpable del concurso y la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León por cinco años y ocho años, respectivamente, para llevar a cabo actividades de comercio, formar parte de un órgano societario y administrar bienes ajenos. Asimismo, les reclaman 2,3 millones de euros de indemnizaciones por daños y perjuicios y solicitan que se declare «cómplices» a las empresas Ecomasa de Inversiones II y Comercial e Industrial NM Chile. Aunque sólo Fiscalía y administración concursal pueden hacer dictamen de calificación de concurso, en el procedimiento también están personados la empresa pública Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), así como Lavín, De León y Antonio Hernández Molina.

Durante el juicio tendrán un peso importante los tres informes que se han propuesto como pruebas periciales: el del perito designado por el juzgado, la auditoría realizada por encargo de Sodercán y la propuesta por los propietarios de Ecomasa. Además, están previstas las declaraciones de Lavín y León.

El dictamen de la Fiscalía se basa en el informe de la administración concursal, en el que se desgranan las actuaciones de los dos empresarios y cómo, desde la creación de Ecomasa en 2012, y hasta junio de 2015, esta recibió 21,2 millones de euros entre dinero público y el de los extrabajadores de Teka. A su vez –a tenor de ese mismo informe–, Ecomasa concedió «importantes» préstamos financieros a otras empresas del grupo de Lavín y De León con fábricas de Bélgica, Chile y Barcelona por un importe total de 5.729.470 euros, de los cuales sólo se han recobrado 873.122 euros.

La administración concursal, que se puso a andar a finales de 2015 ante la crítica situación del proyecto, habla de 15,4 millones de euros de pérdidas «no recuperables». El balance total de acreedores que se hace en ese documento eleva la deuda total a pagar a más de 16 millones de euros entre entidades financieras, entidades públicas, Hacienda...

El cierre de Ecomasa-Nestor Martin tiene otros frentes abiertos además del mercantil. En la vía penal espera el procedimiento derivado de la querella de los trabajadores contra De León y Lavín, que están imputados por un presunto delito societario. El camino está siendo lento. El verano pasado, la jueza del caso acordó, a petición del Ministerio Público –no quiere dar nuevos pasos hasta que no se resuelva la mercantil–, una prórroga de 18 meses en la instrucción por su «complejidad».

El otro frente es el político, donde la comisión de investigación del 'caso Ecomasa', creada a iniciativa de Podemos, está a punto de concluir tras casi dos años de trabajos. En las conclusiones, que se debatirán este miércoles y después irán al Pleno, tanto PSOE y PRC como la formación morada defienden que el dictamen se eleve a la Fiscalía y se investigue el destino de los 21 millones.