El PP llevará a la Fiscalía las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud

Entonces exigió al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, «una respuesta inmediata», que pasaba por una «explicación y una reacción política», porque «ya casi nadie alberga ninguna duda de que la consejera de Sanidad, el gerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS están inhabilitados desde el minuto uno para seguir gestionando la sanidad pública de Cantabria». Pero también, ha continuado Buruaga, «pedíamos una investigación en profundidad de la Intervención General de la comunidad, a través de una auditoría, no solo de los contratos denunciados por el PP, sino de todos los realizados en el SCS en esta legislatura», porque, a su juicio, «viendo estos antecedentes, todos están bajo sospecha».

Sin embargo, la reacción del presidente del Gobierno, «experto en predicar una cosa y hacer justo la contraria» –ha opinado la líder del PP– «nos ha defraudado». Y dos semanas después de que saliera a la luz el correo interno escrito por la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, «la consejera, que no solo tapó la denuncia de presunta corrupción, sino que urdió un plan para enterrarla, cesando a los dos máximos responsables de la auditoría en la Intervención General, sigue al mando de la sanidad cántabra sin haber dado la cara ni una sola explicación», ha subrayado Buruaga, que ha vuelto a pedir el cese de la cúpula sanitaria, tanto de María Luisa Real, como del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, «ambos directamente implicados en la trama» y que «han sido incapaces de rebatir una sola de las denuncias» que ponen en entredicho su gestión. La presidenta del PP considera que «todos ellos siguen en sus puestos y, además, teledirigiendo una información interna que es cualqier cosa menos una investigación independiente, cualificada y en profundidad».

Aunque el propio Revilla apuntó que en el marco del expediente informativo encargado por la Consejería de Sanidad para aclarar el asunto se contaría con el testimonio tanto de la funcionaria denunciante como de Sáenz de Buruaga, la líder popular ha aclarado que «nadie me ha llamado ni ha contactado conmigo para nada». Para ella, dicha investigación carece de credibilidad, «no es más que un montaje, un insulto ala inteligencia de todos nosotros, porque todos conocemos de antemano cuál va a ser el resultado». Un resultado que debería conocerse en las próximas horas, según el plazo anunciado por Revilla, a quien la presidenta del PP critica su tibia respuesta. «No puede ser que en política las cosas sean delito o nada. Con una sola irregularidad de las que hemos demostrado, merecía la pérdida de confianza política por una cuestión de ética e integridad pública», ha insistido.

En consecuencia, el PP ha anunciado que formalizará la denuncia ante la Fiscalía, al igual que hiciera la semana pasada Izquierda Unida, «para que se investiguen todas las actuaciones de los responsables del SCS que pudieran ser constitutivas de presuntos delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas». Para Buruaga, «hay indicios de que se pudieron cometer delitos de malversación cuando se adjudicaron contratos de asesoramiento externo que no estaban justificados (contratos por asistencias técnicas ficticias, porque no había nada sobre lo que asesorar)»; y también, ha añadido, «existen indicios de delito del uso fraudulento de la contratación menor, de la que se han beneficiado principalmente tres empresas, que son la misma y tienen como administrador al hijo deun alcalde socialista».

Tras conocerse la decisión del PP de acudir a la Fiscalía, Izquierda Unida de Cantabria -primera en anunciar un paso así- manifestó su «alegría» ante el hecho de que los 'populares' sigan «el camino marcado» por su formación

La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, no se explica la «tardanza» del PP «si tan claro lo tenían, pues todo ciudadano tiene el deber de poner en conocimiento de la Justicia o la Policía cualquier indicio de irregularidad o delito nada más conocerse, más si cabe una organización política con la implantación y los recursos que tiene el Partido Popular».

Martínez ha explicado que la Fiscalía «tiene atribuida legalmente la obligación de investigación de hechos presuntamente delictivos y las herramientas para hacerlo», por lo que «es allí donde debe desarrollarse y donde primero debía haberse acudido, en lugar de convertir este grave asunto en parte del juego político al que el tripartito PP-PRC-PSOE acostumbran a la ciudadanía de Cantabria»«.

Para IU, «resulta poco creíble la lealtad manifestada por Buruaga hacia el Gobierno».

En oposición al enfoque mostrado por el Partido Popular, Martínez ha defendido que la intención de su formación política es «esclarecer los hechos denunciados porque está en juego la credibilidad de la gestión pública y de la sanidad» que pagan todos los ciudadanos.