«La mayoría de las fugas con hijos las protagonizan las mujeres»

Los datos de la última memoria de la Fiscalía Superior de Cantabria referentes al ejercicio de 2015 revelan que se trata de un delito más común de lo que se piensa. Ese año los juzgados de la región investigaron siete casos por sustracción de menores, dos más que en el año anterior, lo que supone un incremento del 40%. Pero desde 2011, tramitaron un total de 78 asuntos de este tipo, lo que arroja una media de casi 16 denuncias por año, o lo que es mismo, más de un caso al mes.

Sin embargo, la propia fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, matiza las cifras alarmantes de la estadística, a la que concede escasa veracidad. Sostiene que se trata de un «registro poco riguroso» y «muy poco exhaustivo», de manera que, a pesar de que el dato se incorpora a un documento oficial de la Fiscalía, «no hay incoados en los juzgados ningún procedimiento abreviado ni sumario» por este tipo de delito. Jiménez explica que son los funcionarios de los juzgados quienes registran el tipo delictivo y no tienen por qué saber el encaje legal del hecho denunciado, de ahí «la falta de rigor» en los registros.

Los procesos por sustracción de menores, un delito recogido en el artículo 225 del Código Penal, se abren cuando un progenitor denuncia al otro por llevarse a los niños que tienen en común sin disfrutar de la guardia y custodia o por la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

Jiménez explica que la «retención» debe ser sostenida en el tiempo para que sea delito, por lo que la estadística no tendría que incluir los incumplimientos en el régimen de visitas, que suelen resolverse en el ámbito civil. A juicio de la fiscal superior, los casos anotados en la memoria como diligencias previas por sustracción de menores no llegan a tramitarse judicialmente y, mucho menos, a juicio porque no tienen la entidad suficiente como convertirse en infracción penal.

La Asociación de Padres de Familia Separados de Cantabria (APFS), que lucha por la custodia compartida, no ha recibido ninguna denuncia por sustracción internacional de menores pero recibe muchas consultas por incumplimientos de la hora o fecha de entrega del menor, o por traslado de la residencia del menor y de la exmujer a otro lugar de España.

La relación entre parejas en proceso de divorcio suele ser complicada y en la mayoría de los casos acaba por resolverse ante un juez. En la asociación se encargan, entre otras cosas, de mediar en conflictos entre padres y madres separados, priorizando siempre el interés del menor.

El portavoz del colectivo, Jesús Fernández, recuerda que este verano llegó a la asociación el caso de un hombre de Maliaño, cuya esposa, de origen peruano, se llevó al hijo de ambos a Madrid. «Sospechaba que era la escala para irse a Perú. En estos casos se puede hacer muy poco porque no hay margen de maniobra. No es lo mismo llevarse los hijos dentro de España o Europa, que cruzar el charco con ellos. En este último caso, ya te puedes ir olvidando, porque no hay colaboración entre policías y el camino para recuperar a los niños es muy difícil», asegura. Aunque lo parezca, Fernández aclara -y así se lo explicó también al vecino de Maliaño- que «este caso no es un secuestro, hay un convenio regulador y el afectado tiene que pedir al juez su ejecución». El hombre no llegó a denunciar ante el temor de que su exmujer desapareciera definitivamente y perder su rastro.

Tampoco fue un secuestro interparental de menores el caso de «un hombre residente en Teruel que vino a Santander a ver a su hijo y se encontró con que la madre se lo había llevado a vivir a Unquera. ¿Qué hizo?, pues adaptarse. No denunció y ahora va a Unquera», cuenta Fernández.

Y es que «las mujeres son una mayoría a la hora de fugarse con los niños (entre el 70% y el 90% , según los informes)», ilustra Carolina Marín, abogada especializada en Derecho Internacional de Familia y vicepresidenta de la Asociación contra el Secuestro Internacional de Menores. «Es normalmente la mujer la que lo deja todo por amor y se va al país de origen de su pareja. Pero, cuando surgen las diferencias, la relación se rompe y la mujer necesita tener un apoyo emocional a su alrededor que no existe. Entonces quiere volver a su país de origen con sus hijos, es lo que ocurre en la mayoría de los casos y es lo que le pasó a Juana Rivas».

En Cantabria, la última detención por sustracción de menores, hecha pública, se produjo en mayo de 2011, cuando la Policía arrestó a una madre que se llevó a sus dos hijos, de 8 y 9 años, de Santander a Tarragona pese a que la custodia legal era del padre. La mujer había denunciado a su exesposo en noviembre de 2010 por un presunto delito de exhibicionismo y abusos sexuales a los menores y solicitó al juez que, de manera cautelar, le concediera la custodia de los niños, que le fue denegada. Entonces, como Juana Rivas, se llevó a los niños a una masía de Tarragona hasta que cinco meses después fue detenida.

Jesús Fernández dice que cada caso es diferente pero sostiene que «cuando alguna madre no quiere entregar a los niños amenaza con denunciar a su exmarido y aplicar de manera fraudulenta la ley de violencia de género». Y explica así el ruido mediático del caso de Juana Rivas: «Más de 40.000 millones invertidos en 'políticas de igualdad' generan una opinión en la sociedad».