Dos millares de cántabros están a la espera de recibir las ayudas a la dependencia

La demora rozó en algunos momentos del pasado año los seis meses, aunque Miguel Ángel Cavia, subdirector de Dependencia del Icass, asegura que «ya se ha reducido», aunque no se atreve a plasmar una media porque «depende del tipo de recurso». Así, admite que donde más tiempo de espera se acumula es en el acceso a las residencias, que están repletas «a pesar de que en Cantabria estamos por encima de la media nacional en medios y de que hemos incorporado 383 plazas nuevas a lo largo de la legislatura, incluida la apertura de tres residencias, la última recientemente en Valdáliga, en la que concertaremos 50 plazas». Son alrededor de 400 las personas pendientes de acceder a una residencia de mayores, que están a expensas de las vacantes que se generen por fallecimiento -cualquier otra causa es más improbable-. En cualquier caso, explica Cavia que los casos «más extremos» de espera corresponden a personas que «quieren una residencia concreta y renuncian a la que le hemos asignado».

Las 15.089 personas atendidas en la actualidad suponen 16 menos que hace justo un año -debido a que el número de defunciones ha sido superior al de los nuevos dependientes-, aunque el número de prestaciones en vigor ha crecido en 345 durante 2017 hasta alcanzar las 16.818 -el dato es superior al de beneficiarios porque algunos casos disfrutan de más de una-.

Destaca el crecimiento de las personas que utilizan la teleasistencia, que ha crecido un 21%. La razón de este fuerte impulso es que el servicio ha vuelto a ser gratuito para el usuario desde el pasado mes de junio. El dispositivo que permite activar la demanda de cuidados sociales o sanitarios sólo pulsando un botón le costaba a la persona dependiente entre 10 y 20 euros al mes. E igual que cuando se introdujo por primera vez el copago, en julio de 2013, se dieron de baja la mitad de los usuarios, en cuanto ha vuelto a ser gratuito han crecido de forma exponencial. El 1 de junio de 2017, antes de entrar en vigor la gratuidad, había 904 beneficiarios; a final de año, 1.139.

El informe de situación de la aplicación de la Ley de Dependencia al inicio de 2018 refleja igualmente el aumento que experimentó durante el pasado año la asistencia a domicilio (de 922 a 978 casos), y el uso de los centros de día (de 1.587 a 1.650) y de las residencias (de 4.429 a 4.541). «Seguimos trabajando en hacer crecer la cantidad y, sobre todo, la calidad de las prestaciones», señala Cavia.

En este contexto de crecimiento generalizado, las únicas que descienden son las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (las denominadas Pecef), 200 menos durante 2017, aunque Cavia matiza que a lo largo de la legislatura han crecido de forma global en 751. Sea como fuere, este tipo de ayudas directas que se conceden a los familiares por cuidar a las personas de su entorno en situación de dependencia, representan casi la mitad de las que se otorgan en la actualidad en Cantabria. «Las Pecef son unas prestaciones extraordinarias, no eran el objetivo de la Ley de Dependencia. Lo que sucede es que cuando se puso en marcha, la realidad demostraba que había muchísimas personas en casa atendidas por sus familias y se quiso dar cobertura legal y funcional a esta situación», relata el subdirector del Icass, que cifra en 274 millones de euros la inversión de los distintos gobierno cántabros en estas ayudas desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia. «La cuantía de estas ayudas económicas -continúa- se han ido reduciendo muy sensiblemente con el tiempo. Por un lado, por los recortes introducidos en 2012, y, por otra parte, fruto de la evolución vital, porque las personas que estaban desde el inicio en el sistema, que recibían prestaciones más altas -300 ó 400 euros-, se van muriendo y las que se incorporan con posterioridad las reciben de menor cuantía en favor de otras prestaciones que consideramos más convenientes». En 2018 se han presupuestado 20,2 millones para tal fin.

Miguel Ángel Cavia destaca que, desde que el bipartito PRC-PSOE regresó al poder, en 2015, el crecimiento neto de las personas beneficiadas y del conjunto de las prestaciones se sitúa ya en el 10,1% y el 12,4%, respectivamente. «Es muy complicado lograr estos incrementos en términos generales, porque hay que tener en cuenta que cada año alrededor de 4.000 personas se incorporan al sistema y otras 4.000 salen», explica. Reconoce que en el aumento de las prestaciones ha tenido «mucho» que ver la entrada al sistema de los dependientes leves (grado 1), en julio de 2015. Por tipos de ayudas, concreta que en esta legislatura la teleasistencia ha crecido un 32% y las ayudas a domicilio un 16%.

La misma orden que trajo consigo la teleasistencia gratuita el pasado mes de junio, dio luz verde también a los nuevos copagos, que han reducido la parte de la tarifa que abonan los usuarios para acceder a las prestaciones que se les asigna y que se ha situado en porcentajes similares a los que existían antes del decreto de 2012 que aprobó el Gobierno de Rajoy para garantizar la sostenibilidad del sistema y que supuso severos recortes para la dependencia. Así, por ejemplo, los beneficiarios de los servicios de ayuda a domicilio y centros de día pueden ver reducidos sus pagos hasta en un 40% en función de su capacidad económica.

Sin embargo, la adaptación está siendo por el momento lenta: sólo 2.000 personas de las 6.000 que estima Servicios Sociales pueden beneficiarse de las nuevas condiciones han revisado su situación. Al contrario que en el servicio de teleasistencia, en este caso la adaptación no es automática ni se aplica igual a todos los beneficiarios. Son los propios dependientes (o sus familias) quienes deben tramitar la solicitud de revisión para saber si cumplen con los requisitos que conllevarán una rebaja del precio. «Nos hubiera gustado poder hacerlo de oficio, pero era inviable», expresa Cavia. «Ha pasado relativamente poco tiempo teniendo en cuenta que entró en vigor en junio», valora respecto a los muchos casos pendientes de solicitud. La información se ha difundido por los centros, también a través de los trabajadores sociales, pero «no está de más que se recuerde. Aún están a tiempo de incorporarse a las nuevas tasas del copago, todas las solicitudes que sigan entrando las iremos revisando», señala.

Están exentos de revisar sus condiciones los beneficiarios anteriores a 2012, a quienes no les varía su situación porque entonces no sufrieron las correcciones introducidas a raíz de los recortes, y aquellos que pagan el máximo por contar con un mayor patrimonio o pensiones altas.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales contará en 2018 con 132 millones de euros para atender a la dependencia. Así aparece consignado en el Presupuesto de Cantabria del año recién iniciado. Pero, además, de gestionar las prestaciones para la autonomía y la atención a las personas dependientes, el centro perteneciente a la Consejería de Política Social que gestiona Eva Díaz Tezanos se ha marcado como objetivos la aprobación de una serie de medidas para mejorar el sistema.

Una de ellas es la orden de acreditación para mejorar la calidad de la atención y aumentar los ratios de personal de los centros de dependencia, y, en paralelo, otra orden de precios públicos, que subirán para compensar el incremento de profesionales que se va a proponer a los centros, para que todas las plazas públicas que existen en Cantabria, ya sean gestionadas por el Gobierno de forma directa, o sean concertadas, «se desempeñen de acuerdo con una mayor calidad, una mayor profesionalización y unos mayores ratios de personal». Cavia espera sacar adelante ambas órdenes durante el primer trimestre del año.

Además, el Icass trabaja en la reforma de la orden de procedimiento con el objetivo de agilizar, mejorar y facilitar todos los procesos que se deben realizar para solicitar y recibir las prestaciones. «Lo engorroso que es genera en ocasiones una demora indeseable», admite Cavia. En este caso, el objetivo es que esté en marcha en el entorno del primer semestre del año.