Montoro congela 80 millones destinados a la financiación de Cantabria

La falta de acuerdo para aprobar los presupuestos de este año ha obligado al Gobierno a prorrogar las cuentas de 2017 de forma que no se puede llevar a cabo la mejora prevista en la financiación de las comunidades, según fuentes del Gobierno.

Según ha informado a Efe el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, el Gobierno regional ha recibido una comunicación de la Secretaría General de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda en la que «se rebajan las entregas a cuenta que comunicaron en julio» que son «con las que se han elaborado los presupuestos de Cantabria para 2018». Revilla ya había criticado a finales del verano el retraso en la aprobación de las cuentas del Estado, entre otras cuestiones, porque no permite a las comundiades saber con qué dinero pueden contar a cuenta de los impuestos.

En opinión de Sota, este anuncio del Ministerio se produce como «consecuencia» de que el Gobierno de España, que preside Mariano Rajoy, ha sido «incapaz» de aprobar el PGE para 2018, lo que «va a condicionar los ingresos que percibirá Cantabria en tanto no se produzca esa aprobación».

Sota ha insistido en que la congelación de las entregas a cuenta «condiciona el desarrollo de Cantabria y el de su presupuesto»; y, ha lamentado que, «una vez más», sean las comunidades autónomas las que paguen la «inacción» del Gobierno de España que, en su opinión: «nos traslada un problema que deberían haber sido ellos capaces de haberlo resuelto».

Para el consejero cántabro, «aquí subyace la necesidad» de que este asunto sea tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «En comunicación con algunos otros consejeros creemos que es lo más lógico que ocurra», ha apuntado Sota.

Y ha reclamado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, convoque de forma urgente al Consejo para «analizar las consecuencias que va a tener este problema».

Da la casualidad de que esta cifra congelada ahora, coincide con la cantidad que PSOE y PRC acordaron de incremento del presupuesto regional -80 millones de euros- cuando el bipartito reformó el pacto de Gobierno tras la salidad de Ramón Ruiz de la Consejería de Educación. Ese dinero se repartió como inversión adicional que se incluiría en las consejerías en los presupuestos para este año.

Las comunidades socialistas se han mostrado hoy indignadas ante los nuevos cálculos de Hacienda, que congela las entregas a cuenta de la financiación autonómica para 2018, por entender que se ponen en peligro sus presupuestos regionales, elaborados con pronósticos de ingresos más optimistas.

Así, las autonomías gobernadas por el PSOE critican que el Ministerio de Hacienda haya esperado a primeros de enero para enviarles una carta en la que se les comunica que las entregas a cuenta de 2018 son inferiores (hasta en 1.700 millones de euros) a las previstas en el mes de julio, calculadas entonces pensando en tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Pero no sólo las comunidades socialistas se quejan de los cálculos de Hacienda, también el departamento de Economía de la Generalitat catalana ve un «sinsentido» que el Ministerio de Hacienda pretenda recortar en 780 millones la financiación prevista para Cataluña en 2018.

Desde la Comunidad Valenciana, su presidente, Ximo Puig, ha señalado que el Gobierno de España «está jugando con fuego» al recortar 353 millones en la financiación autonómica.

Además ha criticado que el Gobierno vincule a los presupuestos la mejora de la financiación regional, algo que a su juicio es «una anomalía en el funcionamiento de las instituciones».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calculado que la congelación de las entregas a cuenta supondrá que la región -que ya ha aprobado su presupuesto para 2018 en base a las estimaciones de julio- una merma de 200 millones de euros.

A la Junta de Extremadura, la medida le parece «poco correcta» ya que la financiación es «una medida extrapresupuestaria», es decir, que el hecho de que reciban menos dinero de las entregas a cuenta no debe estar sujeto a la aprobación de los presupuestos.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha arremetido contra «el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos».