Por un mundo accesible para todos

Para que Benita pueda ir «a comer al restaurante que quiera» y no limitarse «al que esté adaptado»; para que Bárbara pueda sacarse el billete de tren «sin depender de un pasajero amable» que la ayude porque no llega a visualizar la pantalla desde su silla de ruedas; para que Carmen pueda subirse al autobús y bajarse en su parada sin riesgo de que «la rampa de acceso deje de funcionar o directamente no tenga y acabe cogiendo un taxi»; o para que Lola pueda entrar al edificio de Correos de Santander a recoger un paquete sin que los ocho escalones de acceso se lo impidan (no hay entrada alternativa, aunque en su día se llegó a contemplar en la licencia para la reforma). La solución para estas y tantas otras circunstancias del día a día de las personas con discapacidad se llama accesibilidad. Y su extensión a todos los ámbitos de la vida fue lo que se reclamó ayer en el llamamiento que se escuchó de forma simultánea en 35 ciudades de España «para cambiar esta situación y seguir transformando la sociedad, avanzando hacia la integración y la normalización».

Fue la reivindicación que expresó Mar Arruti, presidenta de Cocemfe en Cantabria, en el manifiesto que leyó durante la concentración celebrada a los pies de las escaleras de Correos, en la plaza Alfonso XIII, enmarcada dentro de la campaña nacional impulsada por la plataforma. «Porque cuando se habla de accesibilidad, se tiende a pensar solo en los edificios públicos que dependen de las administraciones, pero se incluyen también hoteles, restaurantes, comercios, medios de transporte...».

En esos ámbitos «persisten muchas barreras con las que hay que lidiar a diario», como afirmó Lola Rodríguez, una de las cerca de 150 personas que respondieron a la convocatoria. Apoyada en sus muletas, demandó «la colaboración de la Administración para que se cumpla la ley. De nada sirve que se apruebe, si luego no se aplica, si se queda en papel mojado». Por eso, consideran que hace falta una ley de infracciones y sanciones. «Pasó con la reserva de plazas de aparcamientos para personas con discapacidad, hasta que no se empezó a multar, no se cumplió», señaló Lola. Y es que, como recordó Arruti, aunque «el 4 de diciembre acaba el plazo legal para cambiar todos los productos, bienes, entornos y servicios que todavía no son accesibles, no se han adoptado las medidas suficientes», lo que implica que «se mantendrá la discriminación y la vulneración de nuestros derechos y libertades».

Desde Cocemfe insisten en que «la normativa en vigor tiene que cumplirse a rajatabla». Para que se den pasos hacia adelante, no hacia atrás, como le ocurrió a Katia Barrio, una joven con movilidad reducida que «hasta hace tres años viajaba con entera libertad en el tren de Feve hasta Santander, para acudir al centro de día Soliteza (Amica).Hasta que fueron reduciendo el número de interventores, que eran los que la ponían la rampa, y se encontró con que si el maquinista no se prestaba a ponérsela, se quedaba en tierra», explica su madre María Dolores Díez, que destaca «la valentía» de su hija. «Aunque lo ha pasado muy mal, no ha renunciado a viajar sola. Su padre le ha construido una rampa y se la ponemos nosotros cuando la llevamos a la estación (ahora hace el trayecto Polanco-Santander). A veces para viajar necesita la ayuda de pasajeros». Su queja se ha remitido ya al Ministerio de Fomento, a Renfe, al Defensor del Pueblo, a Servicios Sociales, «pero nadie nos da respuesta», denuncia María Dolores, miembro de la Mesa de Movilidad Besaya.

Otra asignatura pendiente, «en la que estamos trabajando desde hace mucho tiempo», subrayó Arruti, es «buscar soluciones para gente que vive en edificios del centro de Santander en los que es inviable la colocación de ascensor, por falta de espacio.Ocurre por ejemplo en inmuebles de la calle San Luis, de San Celedonio, de Francisco de Quevedo... Hay personas que viven encerradas en su casa, que tiene limitada a su participación en la sociedad porque no pueden salir a la calle». Los participantes en la protesta «por un país libre de barreras» admitían que «Santander ha avanzado bastante» en materia de accesibilidad en los últimos años. Del 1 al 10, la propia Arruti no dudó en ponerle un notable («7 u 8»), aunque la nota desciende cuando se valora el resto de la región. «Hay ayuntamientos en los que ni siquiera es posible subir al primer piso para hacer trámites», denuncia.

«¿Por qué en otros ámbitos se tiene especial cuidado en hacer cumplir la legislación y en cambio nuestro colectivo siempre está a la cola?», lamentó Benita Hernández, presidenta de la Asociación Somos Astillero Guarnizo (ASAG), harta de esta «violencia social» que «nos quita de participar en actividades culturales y de ocio, de realizar gestiones como cualquier persona, de ir a comer a los sitios que podemos, y no que queremos». Y lo peor de todo, añadió, es que «el futuro lo vemos con poca voluntad de hacerlo bien. No es un problema solo de la Administración, sino de concienciación social, porque la accesibilidad no nos compete a nosotros solo, sino a todo el mundo.No hay que olvidar que la discapacidad nos puede llegar a todos en cualquier momento».