Un pacto de papel mojado

Los presupuestos de Cantabria se sostienen sobre una cifra redonda: 80. Esos son los puntos que hace casi un año sellaron PSOE y PRC con Ciudadanos para poder sacar adelante las cuentas regionales en el Parlamento. Un documento aprobado en febrero, con un mes de retraso sobre el plazo previsto y con el gabinete de Miguel Ángel Revilla acorralado ante la falta de socios para sacarlo adelante. Con el PP descartado por razones obvias, Podemos dejó de ser una opción cuando exigió cobrarse a cambio la cabeza de Salvador Blanco, todavía consejero delegado de Sodercan. Un requisito que el ala socialista del bipartito, con la vicepresidenta en primera línea, se negó a aceptar. Así las cosas, Ciudadanos se convirtió por eliminación en la tabla de salvación del Ejecutivo. Una alianza que, a la postre, le salió muy barata. El 75% de aquellos acuerdos no se han cumplido, según el partido de Albert Rivera, entre ellos uno de los subrayados en rojo como prioritario: la gratuidad de los libros de texto en Primaria.

Ciudadanos presentó una lista de medidas económicas, sociales, ambientales e industriales que socialistas y regionalistas debían cumplir a lo largo del ejercicio a cambio de su voto a favor del Presupuesto. Lo definieron entonces como «una serie de prioridades que traerán beneficio para Cantabria». En diciembre de 2016, Rubén Gómez, portavoz de Cs en el Parlamento, reconocía que «económicamente» no se fiaba del Ejecutivo, pero esperaba que «al menos cumplan con los 80 puntos del acuerdo que hemos alcanzado». Pero no ha sido así.

Casi un año después, el partido naranja ha quedado reducido a la mínima expresión en el Parlamento, tras la salida de Juan Ramón Carrancio, y prepara ya una ofensiva política en los próximos meses debido al incumplimiento de la mayor parte de los puntos firmados. «Habrán puesto en marcha veinte puntos de los ochenta, como mucho. Están saltándose a la torera el pacto y no nos están dando explicaciones ni soluciones», sentenció Gómez.

En busca de respuestas, el portavoz de Ciudadanos solicitó una reunión del comité de seguimiento del pacto. Ese encuentro no se produjo y difícilmente se dará a corto plazo, pues Silvia Abascal y Ramón Ruiz, que formaban parte de la representación socialista en la mesa negociadora, han sido cesados de sus cargos sin que se conozca aún a sus sustitutos en ese órgano.

Desde la bancada socialista, su nuevo portavoz, Víctor Casal, confirmó a este periódico que no hay fecha prevista ni sucesores designados para tratar con Ciudadanos el balance del pacto. Pero el diputado del PSOE sí cree que «se han cumplido bastante más puntos del acuerdo» y consideró que estas declaraciones de Gómez responden a una maniobra política de «posicionamiento» ante la firma del próximo documento presupuestario. «No entiendo por qué se cierra puertas si el PSOE está dispuesto a hablar con todos», señaló.

El portavoz naranja teme que la crisis interna que sufren los socialistas se utilice ahora para justificar los incumplimientos. Sobre todo, en lo que se refiere a la gratuidad de los libros de texto en los colegios. «Espero que no tengan la desvergüenza de decir que una de las razones de no ponerlo en marcha ha sido el cese de Ramón Ruiz», avisó.

Este punto fue, precisamente, uno de los más conflictivos durante las negociaciones del pacto. El exconsejero se resistió a aceptarlo por la falta de dinero. Una negativa que, solo una hora antes de la firma del acuerdo, estuvo a punto de dar al traste con todo. El PSOE acabó aceptándolo, pero no se ha cumplido. Los padres han tenido que pagar los libros del bolsillo.

Desde la Consejería de Educación aseguraron haber enviado los fondos a los centros, pero los colegios «han tenido miedo y los han utilizado para hacer una bolsa económica para el año que viene». Gómez se reunió con las asociaciones de padres antes de que comenzara el curso y fue entonces cuando tuvo constancia de que en la mayoría de centros, los libros se habían cobrado. «Algo que me sorprendió y no para bien», señaló.

Tampoco la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) está satisfecha con el resultado. En declaraciones a este periódico, Leticia Cardenal, presidenta del colectivo, criticó «el incumplimiento» de la medida. Más aún, desde la organización señalan que ha habido grandes diferencias entre la aplicación del criterio de gratuidad entre unos y otros centros: «En algunos colegios han tenido que pagar 20 euros y en otros nada».

El nuevo consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, recordó que los centros educativos de la región tienen autonomía para gestionar el dinero que les entrega la Administración y los bancos de recursos, así como que están auditados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

¿Por qué Ciudadanos no ha denunciado antes esta situación? Rubén Gómez aludió a su respeto por el Gobierno: «Para tener su explicación antes de hacerlo público». Pero las respuestas no terminan de llegar.

El portavoz naranja, resignado, sabe que no tendrá un papel protagonista en la aprobación de las cuentas de 2018: «Viendo todo esto, creo que tienen poco interés en respetar el pacto existente, quizá porque ya han visto opciones de cerrar uno nuevo con la votación de un tránsfuga», afirmó en referencia a Carrancio, señalado últimamente como la opción más barata del Gobierno para lograr ese único voto que necesita en el Parlamento.

Al margen de los libros de texto, algunas de las medidas del pacto sí se han puesto en marcha, como la congelación de impuestos y tasas, las ayudas a los autónomos o las becas universitarias. Aunque la mayor parte de las propuestas planteadas por Ciudadanos se han quedado en el tintero, según Gómez: «No hay habido reducción de empresas públicas, no se nos ha dado entrada en consejos de supervisión, en el conservatorio de Torrelavega tampoco se ha hecho nada...».