El Parlamento apoya una auditoría de Intervención de los contratos del Servicio Cántabro de Salud

El diputado Íñigo Fernández ha recordado que desde «hace un mes» la gestión de la sanidad cántabra «está bajo sospecha», a raíz de conocerse la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, en «la que se decían cosas espeluznantes» que en su momento –el correo electrónico está fechado el 8 de febrero– la consejera de Sanidad, María Luisa Real, «en lugar de investigarlo, optó por ocultarlo, por echar tierra encima».

Y para ello, continuó Fernández, se orquestó «una maniobra para impedir que quien estaba en disposición de investigarlo, lo hiciera», que se tradujo en el cese fulminante del interventor general (apenas una semana después de la denuncia de la funcionaria) y del subdirector general de control financiero, diez días después. «La consejera solo reacciona cuando se hace público el escándalo, el 25 de abril, pero ya es tarde, ya se le ha ido de las manos», ha declarado el diputado popular. Por ello, el PP ha pedido el respaldo de la Cámara para que se pueda conocer «el alcance de las irregularidades», porque «puede que lo que conocemos solo sea la punta del iceberg». Los grupos han secundado la propuesta –salvo Podemos que se ha abstenido, ya que supeditó su apoyo a la admisión de su enmienda para extender la investigación desde 2011 a la actualidad–.

Desde el Grupo Socialista, Víctor Casal ha calificado la denuncia del PP de «parcial, sectaria e interesada» y aunque ha estado de acuerdo en que se auditen los contratos del SCS, ha anunciado que ya ha presentado una proposición no de ley para pedir que se amplíe el examen también a la etapa en la que gobernaba el PP y María José Sáenz de Buruaga estaba al frente de la sanidad cántabra. En este sentido, la diputada del PRC, Rosa Valdés, que no solo ha mostrado su «respeto» por el expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad –puesto en duda por la oposición–, ha preguntado al PP «de qué tiene miedo para no querer que se examine su gestión». Acusó a los populares de «orquestar este escándalo y desprestigiar al SCS», pero «con tanta ventilación el aire de la sospecha se le ha vuelto como un bumerán», advirtió Valdés.

Sí se admitió la segunda enmienda planteada por Podemos para que todos los expedientes de contratación que guardan alguna relación con el Servicio Cántabro de Salud se pongan en conocimiento de la Fiscalía. Alberto Bolado ha declarado que «el caso más grave de irregularidad es el contrato de colaboración público-privado de Valdecilla», suscrito por César Pascual, «que está imputado en Madrid» y que tiene «predilección» por Ferrovial –dijo, empresa con la que «hizo bandera de la privatización de nuestro hospital».

Desde el Grupo Mixto el apoyo a la proposición ha sido contundente. Rubén Gómez ha reiterado que la «gravedad» de los hechos denunciados, «un presunto caso de corrupción», y ha censurado de nuevo la actitud de la consejera, que «durante dos meses tuvo escondida en un cajón la denuncia de la funcionaria». Para el portavoz de Ciudadanos, esa forma de actuar es «suficiente aval para hacer dudar de lo que pasa aquí. La justicia tendrá que decidir si hay irregularidades o no», pero a su juicio de lo que no hay duda es de que «han querido pasar de tapadillo por este asunto». Ha considerado «absolutamente delirante» que la respuesta de los altos cargos de la sanidad cántabra sea demandar a la denunciante y justificarse en «el absurdo 'y tu más'». «Si el PP también lo hacía, todos a la cárcel», ha subrayado Gómez.

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, que ha dicho que «a todos nos debería interesar que se aclare un asunto que, se confirmarse es de suma gravedad», ha añadido que «el cese del interventor sin dar una explicación convincente», lastra la credibilidad del consejero, Juan José Sota.