El PRC aprecia una estafa de 21,2 millones en Ecomasa «con la connivencia del Gobierno de Ignacio Diego»

Una petición que los regionalistas hacen extensiva a la exconsejera de Economía y Hacienda y responsable por entonces del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Cristina Mazas, y a los demás miembros que formaron parte de la toma de decisiones y que tuvieron vinculación directa con el proyecto.

Además, solicita que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el destino del dinero inyectado en esta empresa, y depurar responsabilidades penales si se apreciase algún delito.

Para el diputado de Ciudadanos (Cs), Rubén Gómez, lo que evidencia la comisión parlamentaria que ha investigado la quiebra de la empresa es la «falta de competencia» del Gobierno del PP para controlar qué es lo que estaba pasando con Ecomasa, a lo que se suma la «mala gestión» del Instituto de Finanzas (Icaf). Gómez ha llamado la atención acerca del «negligente control« de este organismo público en la evaluación del proyecto, ya que, «cuando se dieron cuenta ya era muy tarde y, desgraciadamente, no había posibilidad de solución para la empresa».

Podemos, por su parte, quiere que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa por un «funcionamiento anormal» de la administración y que se les abone el dinero que aún no ha obtenido a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Según Podemos, se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que fueron entregados por Teka provenían de las indemnizaciones de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa.

El diputado José Ramón Blanco considera que los trabajadores «no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones».

La Comisión de Investigación de Ecomasa ha supuesto casi dos años de análisis -se abrió el 1 de julio de 2016- y llevado hasta el Parlamento a 43 comparecientes .

La compañía, abierta en 2012, ha sido investigada en el Parlamento con el objetivo de conocer el destino de los 18 millones de euros de fondos públicos aportados por el Instituto Cántabro de Finanzas (doce millones) y Sodercán (seis millones). Todas ayudas que fueron decididas por el Gobierno del Partido Popular, que presidía Ignacio Diego.

Con esta premisa el PRC entiende que el proyecto de Ecomasa fue una «estafa de 21,2 millones de euros» -18 aportados por el Gobierno y 3,2 procedentes de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka-, perpetrada por los dueños de Ecomasa, Andrés De León y Jesús Lavín, con la «connivencia» del Gobierno del Partido Popular.

Los regionalistas consideran «acreditada» la «participación y vinculación directa» del Gobierno de Cantabria, a través de la figura del gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, «en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín». Dos empresarios que, «como salidos de una chistera», llegaban a Cantabria en un momento de convulsión social por el anunciado despido de la mitad de la plantilla de una de las empresas más arraigadas en la capital cántabra, Teka (enero de 2012).

Además, los regionalistas concluyen que hubo «coacción y engaño» a los trabajadores para que sus indemnizaciones pasaran a Ecomasa sin que ellos lo supieran.

Para ciudadanos, uno de los principales problemas en todo el proceso ha sido «la incomunicación total y absoluta entre las empresas publicas que han gestionado la operación», en referencia a Sodercan y al propio Icaf. En sus conclusiones, considera que la implicación del Ejecutivo de Ignacio Diego es «clara y manifiesta» y resulta «decisiva» para que 88 trabajadores de Teka sean finalmente recolocados en Ecomasa.

También determina que la evaluación realizada por el ICAF sobre el proyecto fue «claramente insuficiente, al no evaluar el proyecto desde el punto de vista industrial o comercia», recayendo la responsabilidad sobre el director gerente Jorge Gómez de Cos. En opinión de Ciudadanos, el proyecto estuvo sobredimensionado en cuanto a la previsión de ventas, injustificada desde el punto de vista del mercado, una sobredimensión de la plantilla, que solo se justifica en base a un intento de llegar a un acuerdo con TEKA para favorecer la financiación del proyecto, y con unas inversiones fallidas que acabaron lastrando la economía de la compañía.

«Gobernar es decidir. Se acierta, se equivoca pero gobernar es decidir», afirmó como justificación el expresidente Ignacio Diego, último compareciente de la comisión de investigación que se ha desarrollado en el Parlamento.

Pero en contra de esto la primera de las conclusiones del PRC es que el Gobierno de Ignacio Diego dio 18 millones de euros a un proyecto inexistente porque Ecomasa carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental, tal como suscribieron los interventores del Gobierno regional en su comparecencia.+

Los regionalistas consideran que la gestión compartida de seis años del entonces director del Icaf, Jorge Gómez de Cos, con Jesús Lavín en la empresa Gestión y Urbanismo, de 2005 a 2011, además de las relaciones entre Andrés de León e Ignacio Diego, determinaron el impulso del proyecto y su financiación por parte del Gobierno de Cantabria, ya que «no se aportan ningún tipo de elementos ni informes determinantes que justifiquen la conveniencia económica de la misma».

Así, Ortiz destaca que se ha producido una «gestión fraudulenta, que ha conllevado una clara malversación de fondos públicos, urdida entre León y Lavín con el Gobierno del PP, tal como acreditan los correos intercambiados entre los promotores con Gómez de Cos, y cuyo objetivo final fue beneficiar a León y Lavín y, por consiguiente, perjudicar los intereses de los cántabros y de los trabajadores».

Además, señala que el dinero público no fue a la empresa con sede en Maliaño, sino a otras empresas del Grupo.

También aprecia el PRC que la inviabilidad de la empresa se produce a mediados de 2014 y aunque los promotores y el Gobierno del PP son conscientes de que la firma se encuentra en quiebra en junio de 2014 y que debían solicitar el concurso de acreedores en dos meses, la empresa se mantuvo hasta las elecciones de mayo de 2015, con «exclusivos fines electoralistas».

El PRC considera que estos hechos deberían ser investigados por la Fiscalía, para conocer el destino de las cantidades aportadas tanto por el Gobierno de Cantabria como las derivadas de las indemnizaciones de los trabajadores con el objeto de que sean devueltas, y para que, si se apreciase la comisión de algún delito, se depuren las responsabilidades penales oportunas.