El PP pide a Revilla que actúe inmediatamente por las supuestas irregularidades en el SCS

Sáenz de Buruaga ha desvelado el resultado de «meses de trabajo» para obtener documentación que confirma lo que, según ha señalado, era un «secreto a voces» en el ámbito sanitario, con unas conclusiones «alarmantes» sobre la contratación en el SCS. De esta manera, refrendaba la versión de la jefa del Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Inmaculada Rodríguez. El gerente del SCS, Julián Pérez, convocaba a la prensa a las 10.00 de la mañana para defenderse de las acusaciones y anunciar una demanda por injurias contra Rodríguez. Media hora después, Sáenz de Buruaga celebraba su rueda de prensa para apoyar la tesis de las irregularidades.

Se trata, ha resumido la presidenta del PP y ex consejera de Sanidad, de un «uso fraudulento» de la contratación menor, que, según ha asegurado, se ha incrementado un 187% en esta legislatura en el SCS.

En este tipo de contratos «a dedo», ha destacado los adjudicados a tres empresas con los mismos administradores solidarios, uno de ellos, «al parecer» hijo del alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya, «que han cobrado en dos años y medio un millón de euros».

Además, ha denunciado que en el SCS se han pagado suministros de material de alta tecnología por valor de 2,5 millones de euros sin haberlos recibido y obras, antes de su conclusión, en un procedimiento que ha calificado de «irregular» y que va «en contra» de la ley de contratos de las administraciones públicas.

Por ello, Sáenz de Buruaga se ha dirigido hoy al presidente de Cantabria por carta para reclamarle «como máximo responsable político de las actuaciones de su Gobierno» que llegue hasta el «final de este asunto», exigiendo respuestas, y que «depure las responsabilidades» que se puedan derivar.

La presidenta regional del PP espera que esa respuesta llegue a más tardar mañana, jueves, porque en caso contrario ha asegurado que este viernes anunciará «medidas concretas».

María José Sáenz de Buruaga también ha pedido que la Intervención General de la Comunidad Autónoma abra de manera inmediata una investigación y audite todos los contratos del SCS desde el principio de la legislatura, al tiempo que ha asegurado que el PP no descarta acudir a la Fiscalía ni emprender cualquier otra acción en el Parlamento de Cantabria.

Sin llegar a reclamar la dimisión de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, sí que ha trasladado su desconfianza hacia ella y le ha reprochado que no haya salido a dar la cara tras la publicación, en la que se asegura que la jefa del Servicio de Contratación del SCS ya le había comunicado estas presuntas irregularidades y que no hizo nada. Según la presidenta del PP, eso «pone en cuestión la integridad y la ética de la consejera de Sanidad».

Acompañada por dosieres de contrataciones del SCS, María José Sáenz de Buruaga ha denunciado, en primer lugar, el «desembarco» en la sanidad pública de Cantabria, que maneja un tercio del presupuesto regional, de asesores externos que han cobrado en dos años 117.000 euros. De esa cantidad, más de la mitad la han recibido tres asesores que comparten apellido -Sáenz de Viteri-, lo que, a su juicio, tiene «pinta de chachullo».

También ha asegurado que el SCS recepcionó las obras que había adjudicado por un contrato menor de 57.581 euros para la ampliación de la Unidad de Atención Temprana del centro de salud del Alisal diecisiete días después de empezar y antes de que concluyesen, en un paso previo necesario para emitir la factura y pagar los trabajos.

Sáenz de Buruaga ha aseverado, además, que el SCS pagó facturas de equipamiento médico para distintos centros por más de 2,5 millones de euros sin que esos equipos se hubieran entregado y solo con una «argucia» sin validez administrativa de levantar «un acta de comprobación» de que los aparatos estaban en los almacenes del proveedor.

Como «increíble» ha descrito, en este sentido, el proceso de adquisición de un acelerador lineal de más de un millón de euros adjudicado a una empresa de Vincenza (Italia), cuyo contrato se firmó el 26 de diciembre y fue enviado «express» y «comprobado» en los almacenes de Valdecilla al día siguiente, a pesar de que había 45 días para la entrega. «Primero, se firma el contrato, después se entrega el equipamiento y se instala, se comprueba que funciona correctamente, se firma el acta de recepción y, por último, se paga. No al revés. Porque hacerlo al revés es irregular y yo creo que ilegal», ha sentenciado Sáenz de Buruaga.

Por último, la presidenta el PP cántabro ha llamado la atención sobre la adjudicación de obras a través de contratos menores a tres empresas -Iralia, Serincopsa y Gardenor- administradas por Diego Ruiz García, al que ha señalado como hijo del alcalde de Suances, y que ha aclarado que nunca antes habían trabajado con el SCS.

Entre estas obras, ha señalado la adjudicación de los trabajos para pintar cuatro centros de salud, a través de cuatro contratos menores, por un valor total de 200.000 euros, cuando existía un contrato de mantenimiento para esas instalaciones con Elecnor por más de 675.000 euros, que incluía su pintado.

Y ha denunciado la realización de trabajos en la primera planta del centro de salud de Los Castros, con la adjudicación de otros contratos menores a estas empresas por 135.000 euros, cuando de forma «paralela» se esta ejecutando la reforma de esas instalaciones adjudicada en concurso público a otra empresa por 600.000 euros.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (C's), Rubén Gómez, ha solicitado la comparecencia en comisión de la consejera de Sanidad, María Luisa real, después de las «graves acusaciones» denunciadas por Inmaculada Rodríguez. «Según esta funcionaria se están adjudicando contrataciones a la carta», ha subrayado Gómez, lo que «nos parece una denuncia lo suficientemente grave» como para que la consejera de Sanidad comparezca y explique en el Parlamento de Cantabria cómo se están tramitando los contratos en el SCS.

El portavoz parlamentario de C's se ha mostrado «sorprendido» del anuncio realizado por el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, de iniciar acciones legales contra la jefa de Contratación, ya que se trata, en su opinión, de una «reacción desproporcionada» antes de llegar «al final de este asunto» y ha considerado «insuficientes» las explicaciones aportadas por Pérez Gil en rueda de prensa.

A C's también «le genera dudas la posibilidad de que el anterior interventor general del Gobierno de Cantabria, que fue cesado hace dos meses, tuviera conocimiento de esta denuncia». «Si es cierto que incluyó la fiscalización de la contratación administrativa del SCS por parte de asesores externos, nos encontramos ante un hecho de extrema gravedad en el seno de la administración», señala Gómez en un comunicado de prensa.

También Izquierda Unida de Cantabria ha valorado este conflicto, enviando un comunicado en el que indica que espera que la Fiscalía «tome nota de las adjudicaciones a la carta en la Consejería de Sanidad». La coordinadora de la formación, Leticia Martínez, se refiere a las «injerencias del subdirector de Gestión Económica del SCS reveladas por esta alta funcionaria que habla de que su despacho está ocupado por asesores externos que se reúnen con empresas, entre otras irregularidades como la paralización de expedientes o la tramitación de facturas pese a sus indicaciones de que no podrían hacerse».

A juicio de IU, esto es lo que«se esconde detrás del discurso del PSOE cántabro en defensa de la sanidad pública: la constatación de que el Servicio Cántabro de Salud es un departamento fuertemente adjudicador y con mucha relación con empresas privadas», asevera Martínez, quien avanza que IU estudiará «los detalles del caso», por el que no descarta emprender sus propias acciones judiciales.

Todo esto sucede, recuerda, mientras «siguen las denuncias sobre el retroceso de lo público», con casos como el CAD de Sierrallana o el servicio de Informática del Servicio Cántabro de Salud.

Además, la líder de IU enfatiza que la denuncia la hace una alta funcionaria de la Administración autonómica, próxima a la jubilación, que espera «no corra el mismo destino que el Interventor General», otro destituido tras sus informes críticos y «sea tratada con más respeto que el dimitido director de la empresa pública del Año Lebaniego».

Si C's pide la comparecencia de la consejera, Podemos considera que los que deben dar explicaciones son los aludidos. El diputado Alberto Bolado ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Sanidad del Parlamento de los tres funcionarios: Inmaculada Rodríguez, Julián Pérez y Francisco Javier González, con el objetivo de informar sobre las irregularidades en expedientes y en la gestión de contrataciones en el SCS.

Además, el diputado preguntará en el Pleno del Parlamento a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, sobre las irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación y las medidas adoptadas por su departamento para esclarecer los hechos denunciados. Para Bolado, la denuncia de la jefa de Contratación supone «un hecho gravísimo» que debe aclararse de inmediato por parte del Ejecutivo, y que se suma a los «supuestos casos de corrupción» -dice- que se han registrado en la Consejería en los últimos meses.

Así, cita «el doble cobro de un sueldo y una pensión» durante varios años por parte del exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, o la dimisión de Estela Goicoechea, directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, tras mentir en su currículo.