Manuel Gómez es médico en el centro de salud de Tanos. Hasta hace siete años, no tenía ningún tipo de relación con el sector turístico. Ni sabía cómo buscar clientes, ni las tarifas... Ni ganas. Pero la situación cambió cuando por circunstancias familiares se vio ... con varios pisos vacíos. «No queríamos deshacernos de ellos, pero tampoco que estuvieran parados», recuerda. Por eso decidió que la mejor salida era convertirlos en viviendas turísticas, una de las cerca de 3.000 -es sólo una estimación, ya que en este momento no hay un registro oficial- que existen actualmente en Cantabria.
Los usuarios tienen argumentos de sobra para defender este sistema que ha proliferado a través de portales de internet: el trato más personalizado, la flexibilidad en los horarios o la comodidad de estar de vacaciones y sentirse como en casa son algunos de ellos. Pero por encima de todo está el aspecto económico.
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1.052
viviendas turísticas pueden encontrarse en Santander en la plataforma Airbnb. En toda la región, se estima que hay 3.000.
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2.770
euros de media ganan al año los propietarios que alquilan en Comillas, el municipio donde es más rentable este modelo.
Cada día que pasa, la oferta de este tipo de alojamientos alternativa a la tradicional aumenta. Y esta situación ha puesto en guardia a asociaciones de hostelería ante lo que consideran una «competencia desleal». Su demanda de una normativa que regule este modelo emergente ha llegado hasta el Gobierno regional, que trabaja en un nuevo decreto. De hecho ya existe un borrador que los hoteles, casas rurales y campings consideran «insuficiente». Especialmente en el terreno fiscal. Su argumento es sencillo: se quedan con una parte del pastel pagando menos impuestos. Pero esta tesis tiene respuesta. La opinión mayoritaria de los particulares que ponen a disposición sus propiedades como viviendas turísticas en Cantabria es radicalmente opuesta.
El precio medio diario ronda los 100 euros y va entre los 145 de Bezana y los 63 de Torrelavega
En las zonas más turísticas de la región la ocupación anual está cerca del 90%
Piélagos, Ribamontán al Mar, Castro, Noja y Suances superan el centenar de viviendas
«Que nadie asocie este tipo de economía colaborativa con la economía sumergida. Los ingresos que tengo los declaro y pago impuestos como los demás», rebate Cristina Navarro, propietaria de un chalet adosado en Tagle que cuenta con un 100% de opiniones positivas. Está convencida de que los alojamientos turísticos «han llegado para quedarse». Y señala que quizás tengan algunas facilidades respecto a un hotel, pero también otros riesgos: «te pueden dejar la casa destrozada, te pueden realquilar la vivienda... Nunca sabes».
Cada año, cuando hace la declaración de la renta, en su borrador aparecen reflejados todos los ingresos que ha obtenido por esta vía. Con eso, ya cumple de sobra con la normativa nacional vigente, tal y como confirma el Ministerio de Hacienda, que tira por tierra la petición de las asociaciones de hostelería de equiparar fiscalmente ambas actividades. El decreto cántabro actual, de 2010, exigía a los alojamientos turísticos de particulares el alta como empresa, pero ese documento, además de que quedó en papel mojado porque en la práctica nadie lo cumplía, ha sido enmendado por el Estado. De hecho, hasta el Defensor del Pueblo se ha manifestado en contra de esta obligación.
Lo que ocurre es que no todos los usuarios son tan buenos contribuyentes como Cristina. En eso es en lo que se apoya el Ejecutivo cántabro para meter mano en el asunto. «Es importante que esa economía, hoy sumergida, pase a ser legal y forme parte del juego limpio en el sector turístico de Cantabria y que aporte ingresos a las arcas nacionales y regionales como hacen los establecimientos legalmente registrados, contribuyendo así a la economía del país», explica Eva Bartolomé, directora general de Turismo.
Presencia de intrusos
El propio Manuel reconoce que en plataformas como Airbnb o Booking.com -las más potentes del mercado en este momento- «hay de todo». Desde particulares que sólo quieren rentabilizar una vivienda que tienen vacía hasta fondos buitres con cientos de alojamientos que utilizan estos soportes para hacer negocios y no pagar impuestos. «Esta es la única parte que se podría regular. Por lo demás, creo que la norma cántabra actual es suficiente», sostiene.
«Si el modelo funciona y la gente responde es porque algo se está haciendo bien»
Carlos Montes, Empresario de pisos turísticos
Su caso es algo distinto al de Cristina. Él no tiene una vivienda, sino cuatro. Por eso dio un paso más y constituyó una empresa con varios socios que ahora da empleo a dos trabajadores encargados del mantenimiento y la limpieza. Pagan IRPF, pero también IVA como lo hace una frutería, una tienda de ropa o los propios hoteles. «Seguramente sería más rentable y más cómodo un alquiler convencional. Buscas al inquilino y estás un año despreocupado, pero así se genera más movimiento y más riqueza. Es verdad que los ingresos son mayores, pero también los gastos». El perfil de Carlos Montes es muy similar. Él fue uno de los pioneros en introducir este modelo en Suances hace seis años. Tiene todas las autorizaciones necesarias para operar, pero sí está a favor de modificar algunos de los requisitos legales actuales para adaptarlos a las circunstancias del mercado. «¿Regulación? Sí. Hay que establecer unas reglas que ofrezcan garantías tanto al usuario como al resto de agentes turísticos», afirma seguro de que un apartamento turístico puede alcanzar las mismas cuotas de calidad que un hotel. Porque «si el modelo funciona es porque algo se está haciendo bien».
«Si no existiera esta opción para hacer turismo de forma más barata mucha gente se quedaría en casa»
Estíbaliz Hernández, Turista madrileña en Cóbreces
El que alquila
Estíbaliz Hernández, que el pasado agosto disfrutó de una semana de vacaciones en un apartamento de Cóbreces que encontró a través de Airbnb, suscribe sus palabras. «No creo que haya competencia desleal. Al revés, atrae a gente que si no tuvieran esa opción más barata se quedaría en casa. Son dos modelos distintos, pero compatibles.
Sólo en Santander, el portal californiano que utilizó Estíbaliz tiene 1.052 pisos turísticos, una tercera parte de los que se estima que existen en toda la región. Y van en aumento. Son los municipios costeros los que concentran la mayor cantidad de alojamientos de este tipo. También superan el centenar Piélagos, Ribamontán al Mar, Castro Urdiales, Noja y Suances; y se quedan a las puertas de esta cifra municipios como Laredo, Comillas y San Vicente de la Barquera.
«Que no asocien la economía colaborativa con la sumergida. Nosotros sí pagamos impuestos»
Cristina Navarro, Propietaria de un chalet en Tagle
Por su idiosincrasia, funciona mucho mejor en puntos turísticos. Por eso Torrelavega, la segunda ciudad de Cantabria, sólo tiene 42 viviendas en oferta y el precio medio más bajo por día: 63 euros. La cantidad está lejos de la de Santoña (77 euros), Santander (96), Suances (99) o Bezana (145), que encabeza la tabla -las viviendas que se ofrecen son de mayor tamaño-. La media regional ronda los 100 euros. Pero por la relación entre tarifa y ocupación, donde estas propiedades son más beneficiosas es en Comillas. Allí, están ocupadas el 90% de los días y sus dueños se ingresan de media 2.770 euros anuales sin descontar los impuestos. Por su parte, en Ribamontán al Mar y Castro Urdiales la ocupación se dispara hasta el 93%.
El Gobierno estudia las alegaciones presentadas por los hosteleros
La Dirección General de Turismo se encuentra en estos momentos estudiando las alegaciones al borrador del decreto que regulará las viviendas turísticas vacaciones en la comunidad autónoma. En concreto, han sido cinco las entidades (Asociación de Turismo Rural, Asociación de Hostelería, Asociación de Alquileres Vacacionales, Asociación Española de Economía Digital y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos) que han presentado en tiempo y forma un escrito para modificar el texto. A ellas hay que sumar las comunidades de vecinos y los particulares.
«Algunas se desestimarán, otras se aceptarán y otras muchas se negociarán para dar lugar a un consenso, que es en definitiva la mejor opción. No se trata de endurecer o relajar la normativa, sino de que acoja todos los alojamientos del mercado en igualdad de condiciones», señala la responsable del área, Eva Bartolomé. El objetivo de Turismo es crear el marco legal para compatibilizar la actividad de esos alojamientos «que se dirigen a un perfil de visitante muy concreto, que busca ese tipo de alojamiento y no otro», con los tradicionales. Y hacerlo –remarca Bartolomé– «salvaguardando el principio de igualdad, de lealtad en la competencia y de seguridad».
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