Podemos amenaza con ir a los tribunales si el Gobierno no da información del Año Jubilar

Como ya adelantó este periódico, las tensiones de tesorería que sufre la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, como consecuencia del retraso en el pago de los patrocinios suscritos, han obligado a la mercantil a acudir a su matriz, Cantur, para financiarse. La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística ha abierto una línea de crédito de 2,5 millones de euros en favor de la Sociedad Año Jubilar, a un 4% de interés, para que pueda seguir desarrollando su actividad al margen del desfase entre ingresos y gastos que registra en estos momentos.

El diputado del PP Santiago Recio ha lamentado «la nula transparencia» del Gobierno respecto a la empresa pública y ha subrayado que no se sabe cómo se gestiona el dinero de todos los cántabros. «El no saber cómo se gasta el dinero espanta a los patrocinadores», ha advertido.

Desde Podemos han criticado que el consejero de Turismo, Francisco Martín, no haya respondido en el pleno a las preguntas que se le plantearon sobre los contratos de la empresa pública, y han lamentado que a la actuación «improvisada, a golpe de ocurrencia y chapucera» del consejero, ahora se suma «la falta de transparencia».

Además, Blanco se ha preguntado por qué un consejero «puesto a dedo por el presidente tiene más derecho a tener información que un diputado, que es un representante elegido por el pueblo cántabro».

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha indicado que apoya esta iniciativa porque «no es de recibo» que el consejero no responda cuando se le pregunta por este tema. Con todo, ha considerado que es «prematuro» pedir el cese de Martín, si bien hay «afirmaciones y actitudes suyas que le preocupan».

Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha explicado que también respalda la iniciativa en aras de la transparencia. «En la gestión pública no puede haber cláusulas de confidencialidad, los ciudadanos exigen la máxima transparencia, y si una empresa se las exige se van a otra», ha dicho al Gobierno.

Pero los grupos del PRC y del PSOE han rechazado la moción y han lamentado que se utilice para pedir documentación, algo que debe hacerse por otros cauces.

La diputada regionalista Ana Obregón ha destacado que esta iniciativa del PP es «totalmente inadmisible» porque se salta el Reglamento de la Cámara, al aprovechar la interpelación y la moción subsiguiente para reclamar estos datos, algo que debe hacerse «por otros cauces». «Es un incumplimiento flagrante de los plazos», ha advertido.

Obregón ha dicho, además, que todas las peticiones de documentación se han respondido, y ha acusado a Podemos de reiterarlas para crear «sospechas» sobre la gestión del Ejecutivo. «Muerden en hueso, los datos son tozudos y demuestran que el Gobierno trabaja bien», ha concluido.

Además, el pleno ha rechazado una proposición no de ley de Podemos que pedía que se reconozca la percepción de la Renta Social Básica a los jóvenes a partir de 18 años que hayan estado sometidos a tutela o cualquier otra medida de protección.

Varios grupos han advertido a Podemos de que la solución «no es dar una paga» a estos jóvenes y «olvidarse del tema», y han abogado por una protección «singular e individualizada».