Puerto Gallego declara ocho años después por el fraccionamiento de contratos

La exalcaldesa ha declarado en calidad de investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, quien en junio archivó la causa al considerar que «no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito», pero dos semanas después la reabrió tras admitirse los recursos presentados por los querellantes.

El exconcejal del Movimiento Falangista, Leoncio Calle, junto al Partido Popular que se unió un año después, denunciaron en 2009 al equipo de gobierno del PSOE de Santoña, con Puerto Gallego a la cabeza, por fraccionar contratos del Ayuntamiento en cuantías menores para que no saliesen a concurso público y adjudicarlos a «empresas afines», a pesar de los reparos emitidos por los interventores desde 2003 hasta ese momento.

Al apreciar por estos motivos un delito de prevaricación administrativa continuado, el Juzgado de Instrucción de Santoña citó en 2013 a declarar como imputados a los entonces concejales socialistas José Ramón Badiola, Pedro María López Rasines, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet y Gloria Valmaseda. También citó a María Antonia Alonso y Jesús María Valle Rosete, quienes en la actualidad forman parte del grupo municipal del PSOE en Santoña.

Como en ese momento Puerto Gallego ocupaba su escaño en el Congreso y era aforada, el Juzgado de Santoña envió al Tribunal Supremo una exposición razonada que apuntaba la existencia de indicios incriminatorios contra la parlamentaria nacional.

En septiembre de 2016, el Alto tribunal consideró razonable continuar la investigación, porque existían pruebas periciales y también reparos emitidos en su día por la inspección municipal que apuntaban a la posible irregularidad en unas actuaciones que podrían constituir una prevaricación.

Un auto que, pocas horas después, hizo que la diputada del PSOE anunciara su dimisión como diputada para facilitar el procedimiento, al tiempo que aseguraba que «no tenía nada que ocultar». «En esta vida hay que tener dignidad y coherencia ante todo», apostilló en ese momento.

Por ello, al perder su condición de aforada, la causa fue devuelta al Juzgado de Santoña, cuya titular no citó a declarar a Puerto Gallego y acordó el archivo del procedimiento al entender que no había delito, pese a las advertencias de la Audiencia y del Supremo.

Ahora Puerto Gallego ha podido hablar por primera vez en sede judicial tras la revocación del archivo de una causa que le hizo abandonar la primera línea política en septiembre del año pasado cuando era diputada nacional desde 2012.

Desde el principio, la exalcaldesa de Santoña ha defendido que su equipo de gobierno pudo cometer errores administrativos, pero nunca un delito. Así lo consideró también el Ministerio Fiscal, que pidió desde el primer momento el archivo de la denuncia.