El reto viral de defecar en las piscinas deja un cuarto caso en una urbanización privada

Reabrieron en la tarde de este pasado jueves la de Tanos; también está operativo el último caso conocido, el de otra piscina contaminada en una urbanización particular; y ayer le llegó el turno a la Puente San Miguel. «Hemos constatado con los análisis del agua que no hay rastro de contaminación y entonces se ha decidido que vuelva a poder usarse desde las tres de la tarde», certificó Margarita Martínez, concejala de Reocín.

Tras la analítica que ha confirmado la desinfección de la pileta de Los Corrales de Buelna, que se ha sometiendo a un proceso de hipercloración, como exige la normativa, que define bien el protocolo de actuación ante un caso de contaminación de estas características en el Real Decreto 742/2013, que establece los criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del agua y del aire de las piscinas, la instalación ha abierto este sábado. «Lo primero que hay que hacer en cuanto se encuentra contaminación es cerrar el vaso», detalla Cisneros. «Luego se procede a una serie de tratamientos, entre los que se encuentra la hipercloración de choque, que consiste en incrementar mucho la concentración de cloro y en dejar actuar durante varias horas». Por último, lo obligado es que un laboratorio homologado realice un análisis de una muestra de agua para certificar que no hay contaminación de ningún tipo en el agua, especialmente de la temida Escherichia Coli, que es la responsable de peligrosas infecciones.

La sección de Sanidad Ambiental del Gobierno de Cantabria está obligada a registrar todos estos casos y a seguirlos 'in situ'. El equipo de especialistas se ha desplazado a cada piscina infectada y ha realizado una analítica propia para certificar la ausencia de infección. Es un paso previo antes de proceder a la reapertura.

Esta forma de vandalismo origina dos trastornos: primero el propio cierre de la piscina causa estragos en todos aquellos que buscan combatir el calor de estos días de verano y segundo es un gasto económico porque el propio tratamiento obliga a tirar buena parte del agua de la piscina. «Lo que se hace en estos tratamientos es subir mucho la concentración de cloro para después vaciar parte de la piscina y volverla a llenar de agua limpia para normalizar la concentración y que no sea peligrosa para los bañistas», explican fuentes de la Consejería de Sanidad.

El miedo de muchos consistorios y muchas urbanizaciones particulares es que este reto que prolifera por redes sociales continúe y afecte a más y más piscinas. En el caso de Reocín se localizó una bolsa de plástico con restos de heces que le pertenecían a varias personas. «Es algo que nadie entiende. No se sabe muy bien qué puede estar pensando alguien que hace eso, pero está claro que no tiene sentido», explica Martínez.

En Los Corrales de Buelna, unas niñas alertaban a media tarde de este jueves de la presencia de heces en el agua. Los socorristas que estaban allí retiraron rápido con una red los restos pero la instalación tuvo que cerrar por precaución. El tratamiento del agua ha comenzado y lo esperable es que la instalación reabra durante el fin de semana.

Las sanciones

Lo que mucha gente está reclamando ya es una sanción para los responsables de estos actos pero no resulta nada sencillo identificarlos. Las zonas de las piscinas no están vigiladas con cámaras de seguridad que capten al detalle a quienes están allí y salvo que sean sorprendidos in fraganti, es muy complicado poder atribuirles los hechos. En Los Corrales de Buelna la Policía Local ha confirmado que se han estudiado los hechos pero aún no se ha llegado a ninguna conclusión. De cualquier manera la infracción sería menor. «Se podría estar vulnerando la ordenanza de convivencia ciudadana y salubridad y eso conllevaría sanciones de hasta 300 euros», confirman fuentes policiales. Las mismas que afirman que nunca se había visto algo semejante. «Había actos vandálicos como lanzamiento de mobiliario urbano a la piscina, o rotura de elementos que la rodean, sobre todo en las noches de San Juan;pero nunca se había visto algo así».

En Torralavega la multa sería algo mayor. Allí se aplicaría la ordenanza de protección de los bienes públicos y mantenimiento de la convivencia ciudadana con una sanción grave de 601 a 1.500 euros, y la intención, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, sería la aplicación de la máxima cuantía para dar un escarmiento.