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El PP de Cantabria vive las vísperas de someterse a la afrenta pública de que un tribunal dirima su pasado reciente, su presente y su futuro. Suena muy fuerte para tratarse del primer partido de Cantabria, que tiene 14.000 afiliados, que ha ganado todas las elecciones celebradas desde 1996, que aun en sus horas bajas supera los 100.000 votos en las autonómicas y llega hasta los 140.000 en las generales, que gobierna en Santander y en un tercio largo de los municipios de la región. Pero eso es lo que va suceder a partir del martes en la sede judicial de Las Salesas, Ni la disciplina interna ni la negociación han evitado un juicio de gran repercusión mediática. Un hito desolador para el PP que inició su viacrucis con el descalabro electoral de 2015 como prólogo de la batalla fratricida por el liderazgo que le consume desde la primavera del año pasado.
Todo el PP está pendiente de la vista oral en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, del que es titular la jueza Eva Aja, Agotada la vía penal, queda por resolver la demanda civil sobre las presuntas irregularidades en el pago de medio millar de cuotas de afiliados en Laredo en vísperas del congreso del PP que ganó María José Sáenz de Buruaga a Ignacio Diego por solo cuatro votos.
La dirección del partido cree que el juicio desestimará las acusaciones del grupo derrotado y bendecirá el liderazgo de Buruaga. Los afines a Diego esperan que el congreso sea anulado, o bien, que aun en el caso de que la sentencia no revoque el resultado del cónclave al menos sí reproche al bando ganador los oscuros procedimientos utilizados. Y no es descartable, naturalmente, que alguna de las partes recurra la resolución y el conflicto siga vivo. También en la sede nacional de Génova están pendientes del juicio. Hace casi un año que sobre nueve de los trece diputados regionales del PP pesa un expediente disciplinario por su rebeldía a aceptar que la nueva presidenta del partido dirija también el grupo parlamentario, pero no se ha producido ninguna resolución al respecto. No hasta que haya una sentencia que avale a Buruaga o la desacredite para seguir al frente del partido.
Así que en la bancada del PP en el Parlamento, que es o debiera ser el órgano más potente y cohesionado en la oposición al Gobierno PRC/PSOE, la situación es justamente la contraria. Dos facciones incomunicadas, enfrentadas en el plano político, mediático y hasta en los tribunales, que sólo se juntan cuando les llaman a votar para intentar cubrir las apariencias. El mayoritario sector disidente, con algunas excepciones, apenas participa en la discusión parlamentaria y la sobrecarga de actividad recae en los pocos diputados fieles a Buruaga, entre las ironías punzantes que los grupos que sustentan al Ejecutivo dedican a los populares divididos. Bien, este es el paisaje que rodea al PP cántabro cuando está a punto de sentarse en el banquillo a un año vista de las elecciones autonómicas y municipales, un desafío ya de por sí complicado por el deterioro del partido en toda España. La mejor noticia para la ejecutiva de Sáenz de Buruaga es que la gran mayoría de los 36 alcaldes del PP, muchos de los cuales apoyaron a Ignacio Diego en el congreso, están dispuestos a ser de nuevo candidatos en 2019 bajo el estandarte del PP y por tanto apuestan por poner freno a las hostilidades internas que nada ayudan a sus intereses electorales. Los dimes y diretes sobre una eventual desbandada de regidores populares hacia Ciudadanos, de uno en uno o en grupos, no se han verificado hasta la fecha. Al PP le preocupa especialmente el desgaste al que está sometida Gema Igual en Santander, donde siempre ha tenido un gran caladero de votos. La alcaldesa es la candidata natural porque nunca se ha manejado otra opción desde que fue designada para suceder a Íñigo de la Serna al frente de la Corporación, en esta legislatura y en el largo plazo.
La renovación de cabezas de lista será más amplia en los municipios que no gobierna. Por ejemplo, en El Astillero, donde se ha reproducido el conflicto entre los partidarios de Buruaga y de Diego. No deja de ser curioso que cuando se desata una guerra en el seno de la coalición PRC/PSOE gobernante en ese ayuntamiento, las únicas bajas registradas hasta el momento son las de dos concejales del PP, Javier Fernández Soberón y Bella Gañán, que abandonan el partido tras el rifirrafe armado en torno a una improbable moción de censura contra el alcalde regionalista, Francisco Ortiz. A los alcaldes y dirigentes municipales del PP les preocupa el inminente juicio, por su influencia decisiva en el rumbo y en la estabilidad del partido. Pero todavía les inquieta más la incertidumbre sobre quién estará al frente del cartel autonómico. Ojalá lo tuvieran tan claro como el presidente de Cantabria y líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, que ya no tiene dudas. Está seguro de que su gran rival en las urnas será Íñigo de la Serna, o por lo menos eso ha dicho justo después de que el ministro haya bajado al barro para desafiarle a revelar cuánto gana con sus libros.
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