La Fiscalía pide para cada acusado una pena de multa de 4.200 euros, y por la falta contra el orden público, otra multa de 200 euros. Uno de los jóvenes tiene además una petición de pena de un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por un supuesto delito de daños.
Finalmente, el Ministerio Fiscal no acusó a dos personas más a las que el Juzgado y la Audiencia cántabra sí habían imputado durante la instrucción. Además, de no incluir la calificación más grave de atentado agravado con la que se había imputado a tres de los jóvenes investigados durante la instrucción.
Uno de los jóvenes tiene además una petición de pena de un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por un supuesto delito de daños
La protesta tuve lugar en febrero de 2014, con motivo de la presencia del entonces presidente regional, Ignacio Diego (PP), en un encuentro con estudiantes en la Universidad de Cantabria. El juez instructor consideró que los jóvenes habían sido previamente concertados «con la finalidad de alterar el orden público» y que se colocaron en el exterior del edificio «con el fin de impedir la salida del presidente del recinto». Según el juez, Diego tuvo problemas para abandonar el lugar.
Inicialmente, el Juzgado de Instrucción y la Audiencia entendieron que había indicios suficientes de conductas delictivas en nueve jóvenes que estuvieron en esta protesta contra Diego. Sin embargo, la Fiscalía acusó a siete de esos nueve jóvenes y dejó fuera del procedimiento a otros dos. Por su parte, los acusados del escrache denunciaron ser víctimas de un «montaje político y judicial».
El Ministerio Fiscal considera que los hechos ocurridos en esa protesta contra Diego son constitutivos de supuestos delitos de coacciones y de daños, y de faltas contra el orden público.
El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, según han informado a la agencia Efe fuentes judiciales.
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