«Esto sólo tiene un nombre: expolio»

A Antonio le ha costado, pero a regañadientes ha solicitado la prórroga de ese permiso antes de que caduque el plazo el próximo 28 de enero. «Lo he pedido porque ahora mismo no tenemos nada en la mano, no sabemos a qué atenernos ni los años que nos van a dar. Estamos sin defensa y esperando que nos vengan a echar un día. Esto solo tiene un nombre: expolio. No hay otra manera de verlo», denuncia.

Desde las oficinas de este afectado se ve la fábrica Bosch. La concesión inicial de aquel bilbaíno que desecó el terreno se dividió después en diez fincas. Una es la de Antonio. Otra de la fábrica. La misma situación pero con un desenlace muy distinto. Mientras él todavía no sabe qué ocurrirá con su parcela, la compañía lo solucionó hace tiempo.

«Cada caso es muy distinto, algunos han propuesto soluciones y otros no han hecho nada. Lo que sí está claro es que el pasado, presente y futuro de muchos pequeños propietarios está en riesgo. Hay muchas empresas y puestos de trabajo en juego. Esto no es Benidorm, no estamos protegiendo la costa de urbanizaciones y hoteles. Son empresas que generan puestos de trabajo. Esta ley es una barbaridad», explica el presidente de la CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña.

A Antonio no sólo le preocupa la Ley de Costas. Aunque el Estado decida prorrogarle 75 años la concesión, hay otras normativas que le «asustan». Como él mismo explica, la del 89 sobre parques naturales también afecta a su terreno. En concreto, prohibe hacer prácticamente de todo en esa reserva natural. «Tengo 56 años cotizados a la Seguridad Social, compré este terreno y empecé a trabajar en él muchos años antes de esas leyes y ahora me tratan como un okupa. Mañana me dan la prórroga y al día siguiente pueden echarme con otra ley distinta en la mano», advierte. «Si nos ponemos hacer las cosas mal, no las hacemos peor», sentencia.

El caso de José Luis Thomas, presidente de la asociación de afectados, ilustra perfectamente la situación de los pequeños empresarios en la región. Lo que él tenía por su propiedad -una finca, explotación ganadera, vivienda y, desde 1999, también la pequeña industria que fabrica los lácteos de la marca Bien Aparecida, todo en el municipio de Carasa- se levanta sobre unos terrenos ganados a la ría de Treto en el año 1909 por el conde de Aresti, que a cambio de hacer el relleno consiguió una concesión a perpetuidad de los mismos. Desde entonces, los terrenos cambiaron varias veces de manos, hasta que en 1962 los adquirió, por 2,8 millones de pesetas de las de la época, el padre del propio Thomas. El deslinde se hizo en esta zona en 1992, relativamente rápido tras la promulgación de la Ley de Costas, pero los recursos que ese mismo año presentaron los propietarios a los que afectó, no fueron resueltos hasta el año 2004.

«Todos alegamos que nuestras fincas eran propiedades, porque como tal figuraban en el registro. Al cabo de 14 años, cuando ya teníamos el tema olvidado, nos contestan que no, que son concesiones y que en 2018 revertirán al Estado», explica el presidente de la asociación.

Cuenta Thomas que la Demarcación de Costas en Cantabria ya había previsto cómo actuar cuando él abandonase la finca. Sus propósitos aparecen recogidos en el plan 'Santoña 2018', que contempla abrir diques, inundar terrenos y devolver algunas zonas de marisma a la situación previa a la construcción de la carretera Santoña-Cicero, que en su día dio origen a los cierres de Cicero, Gama y Escalante. Pero ahora Thomas espera que le renueven la prórroga varias décadas y, así, mantener su casa y sus negocios en pie.

A pesar de todo, Thomas ha insistido mucho a todos los damnificados para que soliciten la prórroga y no se queden sin nada. Pero no ha conseguido convencer a todos. «La gente está muy enfadada, sus propiedades han pasado a ser concesiones, pero ahora mismo no tenemos otra salida que aceptar las prórrogas. No pueden enrocarse en una posición que no tiene sentido. Nadie les va a reconocer que eso es una propiedad privada ya», defiende.

La próxima semana, sin ir más lejos, tiene prevista una reunión con un grupo de propietarios de terrenos en las marismas de Santoña que, viendo perdido su caso, abandonaron todo hace tiempo. Ahora tienen la oportunidad de renovar sus derechos sobre las parcelas y darles un valor.

El abogado Martín Silván es uno de los que más ha trabajado en los últimos años por los derechos de estos propietarios. En su día participó en el estudio de la Cámara de Comercio sobre el impacto de la Ley de Costas en Cantabria y hoy en día sigue asesorando a la CEOE en este asunto. Para él, las prórrogas «no solucionan definitivamente el problema». «La culpa es de todos. Hay propietarios y empresarios que han hecho sus deberes, pero otros no. Cuando se acaben los plazos, se va a generar un conflicto que desembocará en pleitos y procesos judiciales que no se resolverán hasta dentro de diez o doce años», vaticina.

Silván tiene claro que no existen soluciones generales para todos los afectados. Hay que ir uno por uno debido a sus características especiales, aunque sí critica lo que él llama 'efecto pendular' a la hora de legislar en España: «Pasamos del todo a la nada en el asunto del conservacionismo. De un extremo a otro sin tener en cuenta los costes sociales y económicos». Para él, «las soluciones excelentes a veces no son las mejores y habría que replantearse la filosofía de la Ley de Costas para hacer una con más sentido común». «Si de verdad piensan que esa gente no puede tener sus propiedades ahí por el valor ambiental del terreno, lo que deberían hacer es expropiarles, pero de verdad, no de mentirijillas», aconseja.