Sólo once de las 84 concesiones que caducan en julio han obtenido la prórroga de Costas

Pero el tiempo apremia y la Dirección General de Costas, el organismo que aprueba los expedientes, únicamente ha prorrogado once de las 84 concesiones que prescriben este año. Si para esa fecha no hay resolución de Costas, los titulares perderán sus derechos sobre los terrenos, y con ello sus negocios, en la mayor parte pequeñas empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Tres de esas once prórrogas fueron concedidas la semana pasada y publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de la concesión del campo de golf situado en el Abra del Pas, en Miengo, una parcela de 227.000 metros cuadrados, que obtiene una prórroga de 10 años, ampliable hasta un máximo de 30, sujeta al pago de un canon de 116.000 euros al año. Además, se recoge la ampliación a 75 años de la concesión de 36.000 metros cuadrados de terreno de uso agrícola-ganadero, sin instalaciones ni construcciones asociadas y exento de canon en Bárcena de Cicero, y de otra parcela de 55.000 m2 de uso agropecuario, con regularización de construcciones vinculadas a dicho uso, en Escalante. En este caso, la prórroga es la máxima permitida también y se aplica un canon anual de 1.409 euros.

El jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, José Antonio Osorio, es optimista y confía en que, a pesar de que apenas quedan cuatro meses para que expire el plazo de regularización, «los trámites lleguen a buen puerto y la prorroga de las concesiones solicitadas se apruebe a tiempo».

Hasta finales de enero, Costas ha recibido 55 solicitudes de prórroga de concesiones, al amparo de la nueva Ley que entró en vigor en 2013, que introducía importantes cambios. Así, ampliaba a 75 años el plazo máximo de las concesiones; establecía concesiones de cuatro años para los chiringuitos y permitía la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. Los expedientes de solicitud se tramitan en la Demarcación de Costas, pero es la Dirección General quien da luz verde a la prórroga. Desde el organismo cántabro «se ha enviado cartas» a los afectados «localizados» para informarles de la caducidad de las concesiones el 29 de julio y «para que conozcan su derecho de prórroga si así lo piden».

Más pesimista es José Luis Thomas, presidente de la asociación de afectados por la Ley de Costas, que ilustra perfectamente la situación de los pequeños empresarios en la región. «Estamos con el agua al cuello», se lamenta. Thomas es titular de una finca situada en Carasa, en unos terrenos ganados a la ría de Treto en el año 1909 por el conde de Aresti, que a cambio de hacer el relleno consiguió una concesión a perpetuidad de los mismos. En 1962, el padre de Thomas adquirió los terrenos por 2,8 millones de pesetas. Pero, tras la promulgación de la Ley de Costas de 1988, que eliminó la propiedad privada en los terrenos ganados al mar para garantizar la recuperación ambiental, de manera que las concesiones revertían al Estado, Thomas perdió la propiedad. Para entonces en la que creía su finca había levando una explotación ganadera, vivienda y la pequeña industria que fabrica los lácteos de la marca 'Bien Aparecida'.

Los afectados, tanto en Cantabria como en el resto del litoral español, presionaron y en 2013 el Gobierno central dio luz verde a una modificación legislativa que insufló aire al colectivo, porque habría la posibilidad de ampliar las concesiones y además permitía su transmisión.

El empresario, cabeza visible de los perjudicados, solicitó la prórroga de su concesión hace dos años, pero «todavía no me han contestado», señala. El pasado mes de diciembre mantuvo una reunión con Osorio y «se comprometió a presionar en Madrid para que resuelva los expedientes, dado el poco tiempo que queda. Nos dijo que se iba a actuar con celeridad para desbloquear las peticiones. Hay prórrogas pedidas hace tres años y más sin decidir». Por eso quiere pensar que tras estas tres recientes prórrogas «las resoluciones lleguen ahora en cascada, porque el tiempo se agota y nadie sabe qué puede pasar».

Costas publicó ayer también la regularización de varias actuaciones en seis municipios de la región, y dos concesiones nuevas. Así, se legaliza el cargadero de mineral de Dícido y la escalera de acceso a la ensenada de la Cotonera, ambas en Castro Urdiales, el parque El Riego, en Colindres, el embarcadero de Limpias, el paseo marítimo y aparcamiento de La Maruca, en Santander, y las obras de refuerzo del dique y pantalán del Puerto de Requejada, en Polanco, a petición de Julio Cabrero y Cía, SL.